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El PP gallego se declara víctima del “acoso” de la izquierda tras vetar que Feijóo comparezca por el caso Gürtel

Rajoy observa a Feijóo en la toma de posesión del presidente de la Xunta en 2016

David Lombao

Un “acoso al PP” enmarcado en un “intento de derribo del sistema del año 78”. Es lo que el PP gallego dice estar sufriendo en los últimos días y, concretamente, ante la exigencia de explicaciones que En Marea, PSdeG y BNG han dirigido al presidente de la Xunta tras la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el caso Gürtel, que condena a los principales líderes de la trama -entre ellos, el que fuera número tres del PPdeG, Pablo Crespo- y constata un sistema de finanzas fraudulentas en el seno de la formación desde que fue fundada en 1989. Esta queja la han reiterado los conservadores gallegos por boca de su portavoz parlamentario, Pedro Puy, después de hacer valer su mayoría absoluta para evitar que Feijóo tenga que comparecer al respecto en el próximo pleno de la Cámara.

El grupo que sustenta al Gobierno de Feijóo realiza una especie de adaptación gallega de los argumentarios que el Gobierno de España y la dirección estatal del PP están divulgando a través de sus cargos desde que, el pasado viernes, el PSOE registró la moción de censura contra el Ejecutivo de Mariano Rajoy con Pedro Sánchez como candidato. “En Galicia -dice Puy- hay estabilidad” y no existe “relación con ningún asunto” que “pueda enturbiar el ambiente político” por mucho que “la oposición vuelva sobre un mismo objetivo que ya pretendieron anteriormente”.

Mientras los populares esgrimen las cifras del “crecimiento” económico y agitan los supuestos riesgos de un eventual cambio de Gobierno en España, los grupos de la izquierda reiteran la exigencia de explicaciones sobre las ramas gallegas de la trama corrupta, meras “difamaciones, insinuaciones y rumores”, según el PP. Feijóo no comparecerá, como era esperado, pero sí tendrá que abordar el espinoso asunto en la sesión de control de la próxima semana, toda vez que los tres grupos de la oposición le van a preguntar al respecto.

Que el PP evite esta rendición de cuentas en formato amplio es leído por la oposición como un rasgo “indicativo” de su “descomposición”, en palabras del viceportavoz de En Marea, Antón Sánchez. “El PP está podrido de corrupción desde hace años” pero “no podemos permitir que hunda con él a todo un país” y por eso, resalta Sánchez, la pregunta de Luís Villares en la sesión de control irá encaminada a destacar que “Núñez Feijóo lleva desde los años 90 ostentando responsabilidades en altos cargos del PP, por lo que está obligado a dar explicaciones”, si bien “está colocando al PP por encima de cualquier circunstancia, incluso de Galicia”.

Para el portavoz del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, es necesario preguntarse “qué tendría que pasar” para que Feijóo “se separe abiertamente de la cúpula de su partido y convenza a Rajoy para que asuma responsabilidades”. En cualquier caso, subraya el socialista, el presidente de la Xunta todavía no ha aclarado, entre otros aspectos, por que “mantuvo” en su etapa como conselleiro de Política Territorial (2003-2005) del Gobierno de Fraga a Pablo Crespo como representante institucional“ en Portos de Galicia. Crespo, primer diputado de la historia de la autonomía gallega encarcelado por corrupción, conservó el puesto hasta que fue destituido por el Ejecutivo de PSdeG y BNG en 2005.

También la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, censura que el PPdeG se empeñe en “esconder la basura pestilente de su corrupción”, la cual, recuerda, no es apuntada solo por las formaciones de la oposición, sino que es descrita por la propia sentencia. “Un presidente democrático pediría comparecer motu proprio, pero un cómplice de la corrupción como Feijóo, no”, dice la nacionalista, que recuerda que el Bloque seguirá “retando” al presidente gallego a demostrar que “no tiene nada que ocultar” enviando a la Cámara “los 2.500 contratos con empresas de la Gürtel” que, dice, ha llegado a suscribir la Xunta para que “sean auditados por el Consello de Contas”, órgano fiscalizador de las finanzas autonómicas.

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