La Xunta se enzarza en una batalla judicial contra las sentencias que tumban su política lingüística
La Xunta opta por la batalla judicial. El Gobierno gallego acaba de recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que anuló dos artículos fundamentales del decreto del plurilingüismo y que censuró los elementos fundamentales de su política alrededor de la lengua. La plataforma Queremos Galego ha recibido la notificación de que la Administración autonómica ha presentado ya ante el Tribunal Supremo un recurso de casación contra el dictamen, por lo que se espera que haga lo mismo con el resto de sentencias emitidas por el alto tribunal sobre la polémica norma.
A pesar de que el conselleiro de Educación, Jesús Vázquez, aseguró ya en varias declaraciones que “las sentencias del TSXG ratifican la validez total del decreto del plurilingüismo”, su Gobierno ha decidido recurrirlas porque -se supone- no está de acuerdo con ellas, que mayoritariamente anulan el artículo 5.2 del decreto, en el que se estipulaba la realización de una encuesta entre los padres y madres en Educación Infantil para determinar el idioma del aula, y el 12.3. en el que se establecía que el alumnado podría usar en el aula la lengua de su preferencia, con independencia del idioma en el que se impartiera cada materia.
Las numerosas sentencias han supuesto un duro palo a los pilares de la polémica política lingüística de la actual Xunta porque censuraron precisamente los argumentos esgrimidos durante la campaña electoral de 2009 para contentar a los sectores más radicales de la derecha, canalizados a través de altavoces como la asociación Galicia Bilingüe. En este contexto, el presidente de A Mesa por la Normalización Lingüística y portavoz de la plataforma Queremos Galego, Carlos Callón, considera probado que “las mentiras tienen las piernas cortas”, ya que “las acciones que realiza la Xunta contradicen de forma notoria su propaganda falaz sobre las muchas sentencias que está emitiendo el TSXG sobre el decretazo contra el gallego”.
Carlos Callón considera que “tanto Feijóo como su conselleiro de Educación le hacen mucho daño a Galicia sólo por el mero hecho de mentir de forma reiterada, pues el país precisa un Gobierno creible”. Por eso, el portavoz de Queremos Galego señala que “el Parlamento debería pensar seriamente en proponer la tipificación de las mentiras de una autoridad pública”.
Se impone la línea más dura
Con la decisión de recurrir al Supremo la Xunta muestra por la vía de los hechos la imposición de la línea más dura del Gobierno gallego en la defensa de la política lingüística de la que hizo bandera el PP desde 2009. No en vano, el recurso de casación sigue al pie de la letra el argumentario ya pergeñado por Jesús Vázquez nada más conocer la primera de las sentencias, en el que también avanzó que, con independencia de las decisiones judiciales, la Consellería de Educación seguiría realizando las encuestas entre las familias del alumnado para condicionar la lengua de la enseñanza. Fracasan así, por lo tanto, las tesis más moderadas existentes en el seno de la Administración educativa gallega, representadas por el secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, que incluso dejó la puerta abierta a introducir “ajustes” en el decreto para adaptarlo a los dictámenes judiciales.
En este contexto, además de batallar por la vía legal el Gobierno gallego vuelve a desoír las invitaciones al consenso lingüístico lanzados desde las fuerzas de la oposición parlamentaria. Así, lejos de atender el llamamiento de PSdeG, AGE y BNG, centrado en la necesidad de seguir los preceptos del Plan Xeral de Normalización del año 2004 -aprobado por unanimidad en el Parlamento- el Ejecutivo autonómico apuesta por continuar, hasta las últimas consecuencias, con la reforma lingüística iniciada en 2009. De este modo el gabinete conservador no sólo desdeña las ofertas del resto de formaciones políticas, sino también las advertencias del Consejo de Europa.
