El frente único de la atención primaria gallega se ha roto. Tras una jornada de casi diez horas de negociaciones entre la Xunta y los sindicatos representados en la mesa sectorial, sólo uno de ellos, la central nacionalista CIG, ha decidido seguir adelante con la convocatoria de tres días de huelga entre el 26 y el 28 de este mes de noviembre. CCOO, UGT y CSIG –que habían convocado un único día de paro, el miércoles– han alcanzado un acuerdo con la Consellería de Sanidade, ya entrada la noche, por el que levantan el paro.
Tal y como han explicado las tres centrales –y recoge Europa Press–, el Sergas presentó un documento en el que aceptaba “la totalidad de las demandas sindicales, lo que supone una clara mejora de las condiciones económicas, organizativas y laborales de todo el personal de Primaria”.
Entre estas mejoras, citan la retirada “íntegra” de las medidas incluidas en el documento de la mesa sectorial del 17 de octubre y la extinción de la polémica categoría de Facultativo Especialista de Atención Primaria (FEAP), un médico de familia obligado a realizar dos guardias de fin de semana al mes en un punto de atención continuada (PAC).
También se han comprometido a negociar un Plan de Ordenación de Recursos Humanos en un plazo máximo de seis meses y a retirar el aplicativo de la jornada de los PAC. Además, a esto suman la equiparación del valor hora de la enfermaría de PAC con el personal de las unidades y servicios.
Se les reconoce también los viernes como día pre-festivo para el personal médico de PAC y se avanzará en la implantación de nuevas categorías profesionales para reforzar la cartera de servicios de Atención Primaria.
También han conseguido el compromiso de una convocatoria de concurso específico de Enfermería Familiar y Comunitaria en el primer trimestre de 2026 y la retirada de cualquier medida relacionada con la homologación del título de Medicina Familiar y Comunitaria.
“Este acuerdo”, aseguran, “supone un avance histórico para la Atención Primaria gallega y pone fin a años de precarización, falta de recursos y ausencia de planificación real. Las mejoras permitirán reforzar los equipos, garantizar una mejor organización asistencial y ofrecer una atención de mayor calidad a la ciudadanía”.
“Insuficiente” para la CIG
La central nacionalista, sin embargo, no considera que “pese a las mejoras fruto de la presión ejercida” el acuerdo cumpla los objetivos que llevaron a la convocatoria de huelga. Aún más: consideran que “empeora” la situación de uno de los puntos claves de la movilización, la desaparición de los FEAP. La ley que los creó en 2022 contemplaba que la existencia de esta categoría sería sólo de cinco años. Sin embargo, en el acta firmada por la Xunta y las tres centrales se retrasa esa desaparición hasta finales de 2029 “en función de cómo evolucione la disponibilidad de personal médico de familia y su voluntariedad”. “Es decir, los nuevos facultativos que se incorporen al sistema tendrán que asumirla durante tres años, lo que hará aún menos atractivas las plazas”, explica el secretario nacional Manuel González Moreira.
Precisamente, con respecto a las condiciones en los PAC, critican que el Sergas retirase una propuesta planteada en los días previos para mejorar la retribución de la jornada complementaria incentivada de las 160 a las 140 horas. Una oferta que, ahora, según dicen, “desaparece del acta de acuerdo” al igual que otras mejoras “aportadas durante la negociación” sobre un cómputo de jornada que, de nuevo, queda sin cerrar, a expensas de la negociación en la mesa sectorial.
Esa misma inconcreción es la que la CIG detecta a la hora de hablar de un “verdadero” plan de ordenación de recursos humanos, que se fía a una negociación en la mesa durante el primer semestre de 2026. Por último, el sindicato considera que no se cierra la puerta a la contratación de personal médico sin la especialidad de medicina familiar y comunitaria.
La situación regresa así a un punto similar al que tumbó la huelga de 2019, cuando se creó el Consello Técnico de Atención Primaria de Galicia para dar respuesta a todas estas demandas y definir un nuevo modelo. Seis años después, los trabajos de los más de 200 expertos han finalizado y, según sus integrantes, sólo falta una última reunión del pleno para dar luz verde a las conclusiones, una cita que se ha venido dilatando en el tiempo después de una primera convocatoria fallida en septiembre. Tras la consulta realizada por elDiario.es, el Sergas anunció este lunes que el pleno se reunirá antes de final de año. Primero marcó el 9 de diciembre pero, poco después, pospuso el encuentro sin proponer una nueva fecha.
Turno para los sindicatos médicos
Este martes, víspera del arranque de las movilizaciones, el Gobierno gallego espera por separado a los sindicatos médicos. El más representativo en la comunidad, O'Mega –el primero en lanzar una convocatoria de paro de 72 horas y que ya ha criticado los servicios mínimos impuestos por Sanidade– está convocado a las 11 de la mañana. Los representantes de la consellería se reunirán también con Simega, después de que la pasada semana diese por rotas las negociaciones con Sanidade.
La postura de las centrales había recibido un respaldo unánime. Los colegios oficiales de facultativos de las cuatro provincias, las sociedades científicas, las asociaciones en defensa de la sanidad pública y el colectivo MIR coincidían en el deterioro que la propuesta de la Consellería de Sanidade —un plan que hace días que se ofreció a retirar— provocaría a un servicio ya muy dañado. El inevitable paro coincide con el repunte de la gripe, pero los mensajes del ejecutivo autonómico que alertaban de un posible “deterioro en la atención” no habían hecho mella hasta este lunes en un colectivo que criticó con dureza los servicios mínimos impuestos.
Compatibilizar las guardias en los PAC con atender a la consulta de medicina de familia era una de las propuestas estrella de la Xunta para, en palabras del presidente Alfonso Rueda, “atajar el problema” de la falta de médicos. Su conselleiro, Antonio Gómez Caamaño, pretendía generalizar la categoría de FEAP, un profesional que está obligado a realizar ambas funciones. Esa intención y la posibilidad de abrir la mano a profesionales que no hayan obtenido el título MIR para que ejerzan en primaria, facultándolos mediante un curso, fueron —junto a reivindicaciones históricas como mantener la voluntariedad de las guardias— lo que llevaron a los sindicatos a considerar el plan del Sergas como una “agresión” que merecía la respuesta de la huelga.
La fuga de los residentes
Durante la tarde, mientras seguían las negociaciones, los médicos residentes sí daban su respaldo a la huelga a través de un comunicado en el que explicaban el maltrato al que se ven sometidos quienes eligen la Atención Primaria rente a los que optan por otras opciones. Mientras en urgencias hospitalarias o en hospitalización a domicilio se les ofrece “inmediatamente” un contrato idéntico al de quienes ya trabajan allí, en primaria sólo pueden acceder a “contratos de duración muy limitada” en plazas que no se cubrían por sus “malas condiciones” —elevada carga de trabajo, ubicación lejos de los grandes núcleos...— “mucho peores” que en otras comunidades.
Los MIR terciaron en el debate sobre la falta de médicos tirando de los datos de los últimos años para “respaldar” sus afirmaciones. En 2023, de las once personas que terminaron su formación en el área sanitaria de Santiago, sólo una se quedó a trabajar en la atención primaria gallega; en 2024, siete de 24; este año, nueve de treinta. “El aumento de las plazas se debió, precisamente, a este problema: intentaron que se formase más gente par aumentar la probabilidade de que alguien se quedase a trabajar en lugar de mejorar las condiciones”. Ahora, con el “empeoramiento” que plantea el Sergas temen que no vaya a “quedar ningún residente a trabajar en este ámbito” y “si prescinden de nosotros, la falta de médicos se agravará alarmantemente”. Por tanto, anuncian que secundarán la huelga porque no están “dispuestos a trabajar en unas condiciones que empeoren aún más la precariedad actual”.