Puede ser el último cartucho para evitar la “tormenta perfecta”. Este lunes, la consellería y los sindicatos de la sanidad volverán a reunirse para tratar de alcanzar un acuerdo que desconvoque la huelga en la atención primaria prevista para los días 26, 27 y 28 de noviembre, en pleno crecimiento de una oleada de gripe a la que la Xunta apela para tratar de doblar el brazo de los representantes laborales. El ejecutivo autonómico ha dado marcha atrás a la propuesta que encendió el conflicto pero las centrales de clase —los sindicatos médicos dan por roto el diálogo— no se muestran dispuestos a aceptar simples compromisos y declaraciones de intenciones. Las asociaciones en defensa de la sanidade pública avisan: esto fue lo que sucedió en 2019 cuando se levantaron los paros a cambio de la elaboración de un nuevo modelo que, más de un lustro después, continúa guardada en un cajón.
El detonante del enfrentamiento fue el documento Líneas de actuación de Recursos Humanos en Atención Primaria: Medidas, presentado por el Sergas a los representantes laborales en la mesa sectorial del pasado 17 de octubre. El descontento inmediato se plasmó en una convocatoria de huelga de 24 horas, para el 26 de noviembre, impulsada por las centrales CIG, CSIF, CCOO y UGT. El sindicato médico O'Mega, el de mayor representación en el sector, fue más allá y la amplió a 72 horas tras recibir el apoyo explícito a sus demandas de los cuatro colegios provinciales de facultativos. Mientras, comenzaron a celebrarse asambleas en áreas sanitarias como la de Santiago-Barbanza que secundaba los tres días de huelga y la central nacionalista CIG decidió también extender el paro a tres días.
Las sociedades científicas de atención primaria, la Plataforma SOS Sanidade Pública, la Asociación Galega en Defensa da Sanidade Pública (AGDSP) o el sindicato médico Simega también han mostrado su respaldo a la movilización. Sanidade se ofreció a retirar el documento —que, tras el revuelo, pasó a ser sólo “una propuesta”— y se mostró dispuesta a negociar “con la mente abierta, pero no tanto como para que se te caiga el cerebro”, como afirmó Gómez Caamaño. Sin embargo, la falta de compromisos concretos ha impedido hasta ahora alcanzar un acuerdo que desconvoque los paros.
La “propuesta” de la discordia pretendía convertir a todos los médicos de familia en Facultativos Especialistas en Atención Primaria (FEAP), una figura que, además de realizar su jornada ordinaria en el centro de salud, tiene obligación de cubrir dos guardias mensuales de fin de semana en los puntos de atención continuada (PAC), lo que deja sin atender la consulta al día siguiente y “sobrecarga al personal”. A esto se sumaba la posibilidad de contratar personal médico sin la especialidad de Medicina Familiar en el MIR —algo que se cambiaría por un curso de formación— y que “pondría en riesgo la calidad y la seguridad de las personas enfermas”. Eran sólo los puntos principales de “una agresión de una magnitud suficientemente grande como para necesitar una respuesta contundente por parte de las organizaciones sindicales”, según el secretario nacional de CIG-Saúde, Manuel González Moreira. El viernes, el encuentro “técnico” entre consellería y sindicatos de clase se cerró sin acuerdos y con todas las convocatorias “en pié”.
Mientras, a la Xunta no dejan de encendérsele nuevos fuegos. A la ruptura de las negociaciones por parte de los sindicatos O'Mega y Simega —tras plantear demandas “irrenunciables”—, se suma un nuevo frente: el de enfermería y fisioterapia. El sindicato Satse ha convocado su propia jornada de huelga una semana después, el 4 de diciembre, al considerar que las necesidades de sus colectivos quedaban “descolgadas” de una plataforma reivindicativa que afectaba sobre todo a los médicos pero dejaba fuera a estas profesionales.
De vuelta a 2019
“Todo esto es un déjà vu”. José Dios, secretario de la Asociación Galega en Defensa da Sanidade Pública (AGDSP) tiene la sensación de estar volviendo a vivir algo por lo que ya pasó en 2019. En abril de aquel año también se había convocado una huelga de tres días en la atención primaria, que se paró después de que la Xunta aceptase la creación de un consello técnico para desarrollar, entre otras mejoras, un nuevo modelo de atención. “Nosotros queríamos una mesa de negociación de catorce o quince personas”, recuerda Dios, pero la Xunta impulsó un órgano con más de 200 miembros y 15 comisiones. La número 9 era la que se encargaría del desarrollo de ese nuevo modelo.
Así lo hizo durante casi tres años de trabajo, hasta 2022, cuando se produjo un cambio en los cargos de la consellería que entonces dirigía Julio García Comesaña. De aquellas sesiones surgieron mejoras como la posibilidad de solicitar todas las pruebas desde la consulta de primaria o el rechazo a los nuevos medicamentos que no aporten nada nuevo. Pero el grueso de las conclusiones continúa guardado en un cajón, pendiente tan sólo —según Dios— de una última reunión del consejo técnico para ratificarlo. Estaba prevista para la vuelta del verano, cuando se aplazó, según le dijeron entonces, por motivos de salud del alto cargo del Servizo Galego de Saúde (Sergas) al frente de la representación institucional, mayoritaria en el órgano. Tras esa explicación, los dos siguientes correos electrónicos enviados por el secretario de la AGDSP —el último, ya con la convocatoria de huelga sobre la mesa— no tuvieron respuesta.
Por eso, dice, le indignan las declaraciones del conselleiro Gómez Caamaño quien propone a los sindicatos abrir un período de negociación si desconvocan la huelga. “¡Eso es lo que llevamos haciendo desde 2019!”. Dios no duda de que todo parte de una estrategia muy clara: “no les interesa que la atención primaria funcione, por muchos motivos”. El carpetazo de Feijóo, recién llegado a la Xunta, al plan de mejora pactado por el bipartito y una docena de entidades fue la primera muestra. Si se hubiese cumplido, Galicia contaría hoy con un millar de facultativos y 60 centros de salud más. Por eso, la AGDSP reivindica que la administración saque del cajón y “haga públicas las conclusiones del Consejo Técnico de Atención Primaria de Galicia” ya que “resolverían los problemas de la Sanidad en Galicia”.
Rueda respalda al conselleiro “escondido”
“Estamos haciendo muchísimo para llegar a un acuerdo esperamos que los sindicatos también hagan lo mismo”. La Xunta insiste en la negociación para tratar de frenar la “tormenta perfecta” que supondrían tres días de huelga en atención primaria en plena ola de gripe. El autor de la definición, el propio conselleiro de Sanidade, apelaba a la “generosidad” de todas las partes tras la oferta de retirada de la propuesta que provocó “toda esta controversia”, que ve como una prueba de su “voluntad” de llegar a un acuerdo.
“Somos conscientes de que hay que mejorar las condiciones laborales de los profesionales pero también somos conscientes de que, en un entorno de epidemia de gripe, hay que garantizar la asistencia sanitaria a toda la población”, aseveraba el viernes Gómez Caamaño, tratando de “meter miedo” a la ciudadanía, según SOS Sanidade Pública. Casi al mismo tiempo, el PSdeG advertía que la sanidad gallega “vive una de sus etapas más delicadas” mientras el ejecutivo de Rueda “continúa en una deriva sin control, incapaz de entender lo que sucede en los centros de saúde”. El socialista Julio Torrado veía a Caamaño “escondido y completamente desbordado”.
Días antes, el lunes —víspera de las concentraciones en los centros de salud previas a la huelga—, el conselleiro recibía un espaldarazo por parte del presidente gallego tras la reunión del Consello de la Xunta. “Si considerase que eso [retirar el plan] es fracasar, para no fracasar no retiraríamos nada y nunca llegaríamos a un acuerdo”, dijo Alfonso Rueda, que insistió en una “falta de médicos a nivel nacional” ante la que “no podemos estar de brazos cruzados”.
Rueda porfió en esa tesis dos días después, en la sesión de control donde la portavoz del BNG le preguntó por la situación de la primaria. “Lo felicito. Ha conseguido poner a todo el mundo de acuerdo en contra de su política sanitaria”, repasó Ana Pontón: “colegios profesionales, trabajadores, sociedades científicas. ¿También los va a acusar de alborotadores, agitadores y de estar a sueldo del BNG?”, una estrategia que el PP gallego utiliza para desacreditar movilizaciones contra sus políticas.
El presidente de la Xunta siguió fiel a su argumentario —“la pancarta, la algarada, alargar la tensión, eso es lo que a usted le importa”— antes de utilizar como argumento una respuesta del Gobierno del pasado día 12 de noviembre a la demanda de contratar más médicos para el Instituto Nacional de la Seguridad Social. El ejecutivo contestaba estar “muy interesado” en hacerlo pero “la falta de profesionales médicos afecta a todos los ámbitos”.
Pese a esa demanda generalizada, este domingo los nacionalistas tiraron de los datos del último informe del Consello Económico e Social (CES) para asegurar que la situación en la comunidad es mucho peor que la del conjunto del Estado. Según la portavoz sanitaria, Montse Prado, Galicia –“la segunda autonomía que menos invierte en primaria y una de las que peor paga a sus profesionales”– perdió 232 médicos de familia entre 2023 y 2024. La consecuencia: alcanzar el número de facultativos “más bajo de los últimos 15 años”, por eso pidió un giro de “180 grados” en la política de la Xunta. La reunión in extremis con los sindicatos será una piedra de toque –tal vez, la última– para saber si la consellería ha escuchado los mensajes unánimes del sector.