Un exalcalde del PP en un pueblo de Pontevedra, a punto de librarse por enfermedad de un juicio por contrabando

Hace más de 20 años que empezó el proceso judicial en el que José Ramón Nené Barral, exalcalde del PP en Ribadumia (Pontevedra), está acusado de encabezar una red de contrabando de tabaco que introdujo ilegalmente cajetillas en Galicia entre 1996 y 2001. En la dilatada tramitación se ha escrito este viernes un nuevo episodio: la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha archivado provisionalmente la causa debido a que está gravemente enfermo.

Barral fue el alcalde de Ribadumia durante 18 años al amparo del PP. Dejó el cargo en 2001, tras ser detenido. Pasó un par de noches en el calabozo, pero luego salió en libertad con cargos y tuvo que dimitir. En su lugar quedó el que era su número dos en el ayuntamiento, Rafael Louzán, por entonces concejal y vicepresidente de la Diputación de Pontevedra. La operación que hizo caer al hasta entonces regidor fue la introducción de 400.000 cajetillas de tabaco a través de Vigo. Aparece en las páginas de varios libros que repasan la historia del contrabando de tabaco y del narcotráfico en Galicia, como Fariña (2015), de Nacho Carretero, en donde aparece situado como “mano derecha” de Vicente Terito Otero.

Después de varios retrasos, a vista del juicio contra Barral se había fijado para este viernes, pero fue suspendida. Él no compareció y se excusó por motivos de salud, informa Europa Press. Su abogada presentó un informe médico forense que indica que una patología que ya padecía se ha agravado.

La presidenta del tribunal, la magistrada Nélida Cid, leyó ese informe, que por protección de datos no se facilitó a las partes, y preguntó si veían posible celebrar la vista oral sin la presencia de Nené Barral y que a él se le juzgue en otra ocasión por separado cuando se recupere. El fiscal respondió negativamente, pues considera que es necesario un “enjuiciamiento conjunto” por el papel que Barral tenía en la red. También se han posicionado del mismo modo el resto de letrados de las defensas.

La magistrada acordó la suspensión y el archivo provisional de la causa para evitar que corran los plazos procesales y se produzca una posible prescripción de los delitos por los que será juzgado: contrabando de tabaco, cohecho y asociación ilícita. Además, ha impuesto Barral la obligación de entregar en la Audiencia un informe cada diez días con su “evolución del estado de salud”.

Esta causa sigue acumulando retrasos después de una larga instrucción judicial, que se demoró durante 21 años, entre otras muchas cuestiones, por una serie de comisiones rogatorias enviadas a Suiza, Portugal y Holanda. En este tiempo tres de las 12 personas inicialmente acusadas han fallecido ya. La de este viernes ha sido la cuarta vez que se intenta juzgar a Barral en el último año.