Lo que Feijóo decía sobre el aborto antes de verse arrastrado por el discurso de Vox en Castilla y León

El silencio del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha durado cinco días. Ante la incómoda polémica generada por el plan antiabortista propuesto por Vox, socio de gobierno del PP en Castilla y León, Feijóo prefirió ganar tiempo. Ha habido que esperar hasta este martes para escuchar las primeras reflexiones sobre el asunto en boca del líder del PP.

Durante una entrevista en Telemadrid Feijóo ha dicho que la formación de ultraderecha “no tiene competencias” dentro del Ejecutivo de Castilla y León para sacar adelante modificaciones que afecten a la sanidad. Agregó que su desacuerdo con la ley del aborto afecta solo a que las mujeres de 16 y 17 años puedan interrumpir su embarazo sin el consentimiento de sus padres. Poco más.

Sin embargo, durante su trayectoria política en Galicia la prudencia del político conservador no ha sido la de los últimos días, en los que su formación intenta un segundo viaje consecutivo a la moderación, aupado por el fichaje de Borja Semper como portavoz. En sus años de presidente de la Xunta, Feijóo ha pasado de abrazar la causa del Foro Español de la Familia a tener que pedir disculpas públicas y pagar 270.000 euros a una mujer que perdió el útero tras dilaciones injustificadas en la sanidad gallega, que debía practicarle un aborto terapéutico que llegó demasiado tarde y a 500 kilómetros de distancia de su domicilio.

Respaldo a una iniciativa del Foro de la Familia

En 2006 el Foro Español de la Familia impulsó iniciativas legislativas populares (ILP) en todas las comunidades autónomas para pedir la creación de “una red de apoyo a la mujer embarazada”, a la que llamaban “RedMadre”. En el caso gallego, entró en el Parlamento cuando PSdeG y BNG sumaban más de la mitad de los diputados y gobernaban en la Xunta. En la legislatura siguiente, con la primera mayoría absoluta de Feijóo, el PP agilizó la propuesta y fue la primera iniciativa legislativa que se abordó. La defendió Paula Prado, actual secretaria general del PP gallego. En el verano de 2010 la Cámara gallega aprobó solo con los votos de los populares el nuevo texto legal. En su redacción señala que el objeto es “establecer actuaciones encaminadas a garantizar y preservar el derecho de la mujer gestante a culminar su embarazo” y a ser informada de “los programas y mecanismos de apoyo dispuestos a su favor, así como del derecho a la vida en formación desde la concepción”.

Los centros de Red Madre, que se ha constituido como una fundación, están presentes en las provincias de A Coruña, Pontevedra y Ourense. La Xunta los financia mediante subvenciones, a través de líneas para mujeres vulnerables y programas de inclusión social. El Ministerio de Hacienda recoge que el Gobierno ha concedido desde 2019 ayudas de 69.000 euros a la delegación de Ourense; de 108.000 a la de Pontevedra; y de 118.000 a la de A Coruña. En total, casi 300.000 euros para el funcionamiento de centros de una red antiabortista que encontró cobijo en la Xunta de Feijóo.

Que un juez decida en el caso de las menores

En su desacuerdo sobre que las menores de entre 16 y 18 años puedan abortar sin que tengan que contar con “el permiso de sus padres”, Feijóo propuso incluso que intervenga la Justicia. En septiembre del año pasado manifestó que, si la menor quiere abortar y los padres están en contra, “hay sistemas arbitrales” como una “sentencia rápida en un juzgado de familia para concretar cuáles son las circunstancias del caso”.

El líder del PP ha recurrido en varias ocasiones a comparar el aborto con el consumo de alcohol: “Si la legislación prohíbe consumir alcohol a una menor de 18 años, parece razonable que esa legislación solicite el permiso de los padres para la interrupción voluntaria del embarazo”. A los 16 años la legislación española establece, con carácter general, que un paciente puede tomar decisiones médicas por sí mismo.

Defensa de los médicos objetores

Feijóo ha salido también en defensa de los médicos objetores de conciencia que se niegan a practicar abortos. Todavía como presidente de la Xunta, pidió, en septiembre de 2021, respeto para ellos: “Nadie les puede obligar”.

El caso de una mujer que perdió el útero por las demoras

Galicia es la comunidad con la tasa de aborto por 1.000 mujeres más baja de España, según los datos del Ministerio de Sanidad. En 2021 el dato era de 5,37, prácticamente la mitad que la media estatal, que es de 10,7. En línea con lo que ocurre en el resto de comunidades, lo más frecuente en Galicia es abortar en un centro privado. Es el caso del 78% de las mujeres que interrumpen voluntariamente su embarazo, de acuerdo con la misma estadística, que sitúa el porcentaje para toda España en el 84%.

A pesar de que está reconocido como un derecho y de las afirmaciones habituales de Feijóo durante su etapa en la Xunta sobre que la ley se cumplía “absolutamente” y que los abortos se practican “con normalidad” en los hospitales gallegos, el sistema ha mostrado fallos graves. En 2016 un juzgado condenó al Servizo Galego de Saúde (Sergas) por haber puesto en riesgo la vida de una embarazada por las demoras para practicarle un aborto terapéutico, que finalmente no se produjo hasta la semana 32 y en un centro de Madrid, a más de 500 kilómetros de su residencia, en la provincia de Lugo. El feto era inviable y las anomalías se habían detectado en la semana 20 y confirmado como suficientemente graves para que el aborto estuviese amparado en cualquier plazo en la semana 25. En el hospital de Burela, el que les correspondía, todo el personal del servicio de ginecología es objetor de conciencia.

Feijóo terminó pidiendo disculpas a la mujer tras la condena a la sanidad pública gallega. Entonces se comprometió a buscar una fórmula para que los abortos se realizasen en su mayoría en Galicia y evitar casos como este, en el que la paciente se tuvo que trasladar a Madrid por sus propios medios.