A mediados de 2022 el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, confirmaba que suprimía la llamada Tarxeta Básica, un tarjeta monedero para que familias vulnerables pudiesen comprar productos de primera necesidad. A pesar de las críticas -las asociaciones que trabajan con personas vulnerables pidieron que se mantuviese-, no hubo dudas en la retirada de esta ayuda. El gobierno gallego vuelve ahora a gestionar una tarjeta similar, pero esta vez la idea le viene impuesta: deriva de un programa creado por el Ministerio de Derechos Sociales y que se financia con fondos europeos. Y ahora la Xunta, sin hacer referencia a la eliminación, presume de que la medida imita a la desaparecida tarjeta gallega.
El programa estatal funciona desde el año pasado. En 2024 el Gobierno central se ocupó transitoriamente del programa, con cargo al tramo estatal del Fondo Social Europeo Plus. Le hizo el encargo de la gestión a Cruz Roja. Este año lo asumen ya cargo las comunidades autónomas. Por ello, la Xunta anunció este lunes que ha dado el visto bueno al concierto social para la gestión de la ayuda, que supone que las familias vulnerables con menores a cargo tendrán acceso a una tarjeta monedero que, en función de los miembros de la unidad familiar, va de 130 a 220 euros al mes.
La conselleira de Política Social, Fabiola García, citó la Tarxeta Básica que la Xunta había puesto en marcha al principio de la pandemia como el ejemplo que siguió el Gobierno central para este programa. Aquel modelo, dijo, “no dejó indiferente a nadie”. “El Gobierno central la imitó”, añadió. A pesar de esta defensa actual del programa, fue la propia Xunta la que tomó la decisión de eliminarlo a mediados de 2022 con el argumento de que se había aplicado en el contexto de la crisis de la covid y el escenario había cambiado ya. García no solo elogió la tarjeta retirada, sino que criticó la establecida por el Gobierno central. Las dos “carencias” que le ve son que solo llega a familias vulnerables si tienen menores a cargo, pero no en otros casos, y que “penaliza claramente al rural” porque se puede utilizar solo en los supermercados adheridos y en las pequeñas poblaciones es menos frecuente encontrar comercios que se hayan sumado.
Con el concierto social, defendió la conselleira, se le dará al programa más flexibilidad. El presidente de la Xunta indicó que son 24 millones de euros para cuatro años y que las tarjetas monedero son una medida pensada para tratar de reducir las tasas de riesgo de exclusión social. La ayuda tendrá una duración de 12 meses prorrogables y el acceso se tramita a través de los servicios sociales de los ayuntamientos. La entidad social que resulte adjudicataria del concierto se ocupará de distribuir las tarjetas y asesorar a las familias receptoras. La previsión, según García, es que este año la ayuda llegue a unas 8.000 personas.
La protección de las trabajadoras del servicio de ayuda en el hogar
La Xunta ha presentado también su propuesta para el protocolo para proteger a las trabajadoras -muy mayoritariamente mujeres- del servicio de ayuda en el hogar. El documento se elaboró a raíz del asesinato en O Porriño (Pontevedra) de Teresa de Jesús González. La mató el marido de la mujer a la que iba a atender. Como reacción, las administraciones crearon una mesa de trabajo y el Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (Issga) -dependiente de la Consellería de Emprego- redactó el nuevo documento, que se remitirá ahora a esa mesa.
El Gobierno gallego asegura que se tiene en cuenta el “perfil feminizado” de la actividad y la realidad específica de este trabajo. Entre las medidas que se proponen están hacer una identificación de riesgos, mejorar la organización del trabajo y reforzar la formación de las profesionales. El protocolo recomienda que las trabajadoras tengan el teléfono móvil operativo toda la jornada, la posibilidad de un acompañamiento temporal si las circunstancias lo requieren o hacer un seguimiento en domicilios con antecedentes de conflicto. En cuanto a la formación, sugiere que las empleadas tengan conocimientos sobre cómo prevenir la violencia, comunicación efectiva, resolución de conflictos o control de la tensión.
Cuando se den situaciones de violencia, el protocolo señala que se deben registrar y hacer seguimiento de todos los incidentes para que los evalúe la empresa que presta el servicio y, si es necesario, haya coordinación con la administración local para tomar medidas correctoras.