Las imputaciones judiciales atenazan a los referentes del PSOE gallego
La inclusión del alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero, en la lista de personas imputadas en la Operación Patos, que investiga una supuesta red de adjudicaciones irregulares en la provincia de Pontevedra, ha generado todo un terremoto político en Galicia pero también a nivel estatal. La imputación llega después de que Caballero arrasase a sus rivales en las municipales de mayo mientras gran parte de los líderes locales del PSOE sufrían serios reveses y, sobre todo, se produce pocos días después de ser elegido presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Aunque los hechos que le atribuye la Fiscalía y la jueza -la recepción como regalos de navidad de una de las empresas investigadas de un reloj y una pluma, que él niega tener- son de pequeña entidad en comparación con otros investigados en la causa, como el amaño de contratos, el tráfico de influencias o supuestas comisiones irregulares, esta operación supone un nuevo golpe en el PSOE gallego, atenazado desde hace más de media década por varias imputaciones judiciales de las que solo una se ha resuelto hasta el momento.
El primer referente de los socialistas gallegos que vio gravemente afectada su carrera política a causa de una imputación fue el exsecretario de organización del PSOE y exministro José Blanco. A principios de 2012 el Tribunal Supremo inició los trámites para imputarlo en el caso Campeón, una trama de presunto fraude en ayudas públicas que instruía un juzgado de Lugo. La investigación contra el exministro se basaba en las acusaciones del propietario de las empresas investigadas y presunto cerebro de la trama, Jorge Dorribo, que aseguró haberle entregado a Blanco 200.000 euros en una gasolinera de la localidad lucense de Guitiriz a cambio de realizar gestiones a su favor en el Gobierno central.
En julio de 2013 la causa fue archivada, si bien la imputación impactó con dureza en la labor política del ahora eurodiputado, quien se vio obligado a apartarse en ese momento de la primera línea de su partido cuando muchos ya lo veían como más que posible aspirante del PSdeG a la presidencia de la Xunta.
Las acusaciones del empresario Dorribo, que sigue pendiente de juicio, afectaron también al que ha sido otro de los referentes del PSdeG durante casi dos décadas, el exalcalde de Lugo, José López Orozco, uno de los mentores políticos de Blanco. Como en el caso del exministro, Dorribo aseguró haberle entregado comisiones al regidor lucense, cuya imputación fue sobreseída en julio de 2012.
También fueron archivadas otras dos imputaciones contra Orozco pero una cuarta, en el caso Pokémon, que investiga una supuesta red de tráfico de influencias y adjudicaciones fraudulentas en varios puntos del Estado, fue la que hizo descarrilar su actividad pública. En el marco de la prolongadísima instrucción del caso la jueza Pilar de Lara indaga desde otoño de 2012 si Orozco se enriqueció gracias a ingresos irregulares. El socialista, que siempre ha defendido su inocencia -la propia investigación, señalaba en una entrevista en Praza.gal el pasado abril, admite que no se ha enriquecido ilícitamente-, se vio obligado a abandonar la alcaldía de Lugo tras el 24-M, ya que BNG y Lugonovo exigieron su marcha, precisamente por estar imputado, para apoyar al PSdeG en la sesión de investidura.
Besteiro, Caballero y el incierto horizonte electoral
Cuando Orozco llevaba menos de un mes fuera de la alcaldía y mientras esperaba librarse de su imputación en el caso Pokémon el exregidor volvió a tener noticias de la jueza De Lara, pero para comunicarle una nueva imputación, en este caso por un convenio urbanístico del año 2005. Este es el caso que, hasta ahora, ha hecho temblar con mayor intensidad los cimientos del PSdeG, porque la magistrada resolvía en la misma jornada imputar al secretario general del partido, José Ramón Gómez Besteiro, concejal de Urbanismo en Lugo en el momento de la aprobación de dicho convenio.
En el caso de Besteiro la jueza indica que desea investigar la legalidad de la propia operación urbanística pero también indagar en el origen de los fondos con los que el líder del PSOE gallego pagó su vivienda familiar. El político lucense estaba inicialmente llamado a declarar para el 30 de julio, si bien la magistrada pospuso indefinidamente la cita, lo que provocó que Besteiro decidiese mostrar a la prensa la documentación que, resalta, demuestra su “inocencia” y, a la vez, la “indefensión” de la que es víctima a causa de estas “disparatadas elucubraciones”.
Aunque el código ético del PSOE deja claro que la frontera para abandonar un cargo por causas judiciales está en la apertura de juicio oral tanto en el PSdeG como en la madrileña calle de Ferraz se da por supuesto que Besteiro no podrá optar a la candidatura a la presidencia de la Xunta si no se libra de la imputación de modo casi inmediato, algo que parece poco menos que imposible, dados los antecedentes de la jueza. En este escenario, la figura del alcalde de Vigo emergía como actor fundamental a la hora de determinar quién sería el cartel electoral del PSdeG en las próximas elecciones gallegas, previstas para 2016. No obstante, y pese a que en el partido se confía en que podrá librarse de la imputación en el caso Patos sin excesivas dificultades, este proceso y la presunta implicación en él de varios miembros de su equipo debilita su posición interna.
Así las cosas, está en las manos de la jueza De Lara que los socialistas gallegos no se enfrenten al próximo proceso electoral con un nivel de incertidumbre todavía mayor que el que tuvieron que gestionar en los anteriores comicios, en 2012. Entonces el candidato fue quien ostentaba la secretaría general, Pachi Vázquez, que el pasado mayo dejó su escaño en el Parlamento de Galicia tras ser imputado por un juzgado de O Carballiño por supuestos enchufes durante su etapa como alcalde de la localidad ourensana.
