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GALICIA

El juez cita como imputados a los cargos de la Xunta acusados por la Fiscalía de acoso inmobiliario a una anciana

La mujer, a punto de cumplir 93 años, tuvo que trasladarse a un hotel tras romperse la cadera y no poder acceder al piso, situado en la antigua sede de la Cámara de la Propiedad de Ourense por no funcionar el ascensor

Feijóo ha salido en defensa de los dos cargos ahora investigados por estar "trabajando para recuperar un bien patrimonio de la comunidad autónoma"

Presentación sobre el edificio entregada por la Xunta a los contratistas de las obras de rehabilitación

Presentación sobre el edificio entregada por la Xunta a los contratistas de las obras de rehabilitación

La secretaria general de la Consellería de Facenda y el subdirector de Patrimonio del mismo departamento de la Xunta de Galicia tendrán que declarar el próximo noviembre ante el titular del juzgado de instrucción número 2 de Ourense, Luis Doval, como investigados -antigua imputación- por un presunto delito de coacciones inmobiliarias a una anciana. Así lo acaba de constatar el juez en un auto firmado este 22 de noviembre tras admitir la querella contra la Xunta formulada por el fiscal jefe ourensano, Florentino Delgado, en la persona de estos dos cargos.

La Fiscalía asumió como propia la denuncia formulada por el abogado de Lucila, una mujer a punto de cumplir 93 años que desde 1963 reside en el edificio de la antigua Cámara de la Propiedad Urbana de Ourense, un organismo extinguido a finales de los años 90 por el Gobierno de Manuel Fraga en cuya sede el actual Ejecutivo gallego quiere instalar departamentos administrativos. Para hacerlo adjudicó el pasado enero obras de rehabilitación por algo más de 30.000 euros mediante un contrato en el que advirtió a la empresa adjudicataria de que en el inmueble seguían viviendo dos vecinos, ambos ancianos en pisos de renta antigua.

La querella del fiscal atribuye a estos cargos "medidas de presión no legítimas" e "irregulares, no amparadas en derecho" para echar a Lucila del piso. Cita entre ellas el servicio de limpieza o el mantenimiento del ascensor, suprimidos para "presionar a los inquilinos para el desalojo" incluso después de intentar desahuciarlos por la vía judicial y perder dos veces, tal y como constató la Audiencia Provincial ourensana en 2014. Lo hizo tras tomarles declaración a ambos y al conselleiro de Hacienda, Valeriano Martínez, en su caso en calidad de testigo. Ahora, según fuentes jurídicas consultadas por Praza.gal, ambos tendrán que declarar como imputados. También tendrá que prestar declaración como testigo la anciana afectada, que tras romperse la cadera en junio tuvo que trasladarse a vivir a un hotel ante la imposiblidade de subir las escaleras del edificio hasta el cuarto piso mientras el ascensor no funcionaba.

Delante de este procedimiento judicial, para el cual las mismas fuentes confirman que el instructor no ha reclamado por el momento fianza económica alguna, tanto el conselleiro Martínez como el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, han saludo claramente en defensa de los dos cargos acusados. Así, Feijóo negaba la pasada semana que fueran ciertas algunas de las acusaciones del fiscal, como no mantener el edificio hasta convertir en "insalubres" las zonas comunes, y advertía de que se trata de "empleados públicos que "están trabajando para recuperar un bien de patrimonio de la comunidad autónoma y merecen un respeto". "Conozco a los funcionarios, he trabajado en la dirección general de Patrimonio y sé perfectamente que tienen absoluto rigor en sus decisiones", defendió el presidente. En la misma línea se ha pronunciado el conselleiro.

Las mismas fuentes consultadas prevén que la línea de defensa de los dos cargos vaya en el sentido de la argumentación del presidente sobre la necesidad de "recuperar" para el uso público la vieja sede de la Cámara de la Propiedad. En el caso de la secretaria general de la Consellería, además, creen que destacará ante el juez, como ya hizo ante el fiscal, que las cartas a la anciana en las que el fiscal observa medidas de presión no ajustadas a la ley eran redactadas por el subdirector, en este cargo desde 1998, y que ella se limitaba a firmarlas.

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