Pokémon: Contratos públicos a cambio de regalos y 'enchufes'
“Me cago en la puta, me cago en la puta, Ángel, ¿pero qué cojones pasó? ¿Quién coño le lleva las cuentas a este tío, joder?”. Cuatro de abril de 2012. Hacía veinticuatro horas que el diario El País había revelado que el alcalde de Santiago, Gerardo Conde Roa, acababa de ser denunciado por la Fiscalía por no pagar el IVA de 61 viviendas de su empresa constructora. Henry Laíño, ex gerente de la compañía Aquagest en Galicia, se expresa en estos términos al recibir una llamada de Ángel Espadas, jefe de gabinete del alcalde compostelano. Laíño veía al conservador con un pie fuera de la Alcaldía y veía peligrar, por extensión, la prórroga de su contrato del servicio de aguas en la capital de Galicia. “Qué desastre, joder, con lo que costó ganar las putas elecciones”, remachaba Laíño.
Esta es una de las conversaciones recogidas en la parte del sumario del caso Pokémon sobre la que la jueza Pilar de Lara acaba de levantar el secreto y a cuyo contenido ha tenido acceso este diario. Los lamentos de Laíño se dirigen hacia quien, atendiendo a los documentos judiciales, era el principal enlace de la trama en el consistorio compostelano, que el PP gobernaba con mayoría absoluta desde el verano anterior. Antes de hablar con Espadas, Laíño había comentado la noticia con José Luis Míguez, el otro máximo directivo de la compañía en Compostela. Laíño sólo tenía una “preocupación relativa” por el futuro de Conde Roa, porque “el tema lo vamos a resolver igual”, tanto “si se queda Paula [Prado]” en el puesto como si lo hacía “el otro”, Ángel Currás. No obstante, se mostraban partidarios de “dejar a Paula, que es quien nos cierra los acuerdos”.
La seguridad que Laíño y Míguez manifestaban respecto a que su tentativa llegara a buen puerto se basaba en meses de contactos con el Gobierno municipal. El propio Espadas daba por hecha la operación, pero ya en diciembre de 2012 le había explicado a Laíño que la prórroga se estaba dilatando a causa de la “burocracia administrativa”. “Nos lo están torpedeando todo”, explicaba. Esos torpedos llegaban desde el interventor y el secretario del Ayuntamiento, que ponían reparos y que finalmente fueron relevados. Para el puesto de la secretaría el PP tenía como “primera opción” a Francisco Cacharro, hijo del ex presidente de la Diputación de Lugo, que “no quiso venir por una cuestión personal”. “Pero traemos a otro que no es peor, ¿eh?”, le advertía a Laíño.
En las fechas en que la marcha de Conde Roa parecía inminente, la preocupación última de los directivos de Aquagest era si “sonaría mal” que el aún alcalde “nos firmara la renovacion”, más aun sin que la operación pasara por el pleno municipal. “Sonar, suena fatal”, decía al otro lado del teléfono Casimiro González, otro responsable de la empresa. A pesar de todo, “últimamente a nivel empresarial ya no hay personas ni no personas”, así que “a lo mejor tenemos que hacerlo”, sentenciaba Míguez.
Intercambio de favores
El presunto trato de favor a Aquagest por parte del Gobierno municipal llegaba después de que la empresa que supuestamente estaba en el centro de la trama, Vendex, no hubiera logrado la concesión del servicio compostelano de la ORA, que ya controlaba en Lugo, Ourense y A Coruña. El máximo dirigente de la compañía, Gervasio Rolando, había autorizado a su delegado en Galicia, José María Tutor para, siempre según el sumario, “utilizar” a personas del Ayuntamiento de Santiago que le facilitaran la concesión. El “mecanismo” empleado sería “el mismo que en A Coruña”, según se recoge en las conversaciones intervenidas por Vigilancia Aduanera. Para los investigadores, ese “mecanismo” consistía en “posibles pagos de dinero” y otro tipo de favores. Vendex contactaba con el gobierno municipal a través de una persona que hacía de “enlace”: José Luis Míguez, de Aquagest.
En este contexto, la investigación que dirige De Lara observa como Tutor, “en nombre del Grupo Vendex, envió a casa de Ángel Espadas un paquete que contiene un importante número de botellas”. “El propio Ángel Espadas”, apodado Puñales por la trama, “le confirmó a su señora que se trata de la misma persona y grupo que, cuando menos en otra ocasión, le había enviado regalos”. “Se presume que el envío está relacionado con el cargo que ostenta (...) y con los importantes intereses contractuales de Vendex en Santiago”. Según la esposa de Espadas, la cantidad de botellas era tal que daba “para montar un bar”. En la misma línea, dice la investigación, “la empresa Aquagest le regaló un viaje a Barcelona” a Conde Roa, que “incluye, además del viaje, un alojamiento en el hotel Constanza, entradas para el Liceo y almorzar en restaurantes de lujo” en compaña “de su esposa” y de “dos sobrinas”.
Además de los regalos personales, las “contraprestaciones” por los “favores recibidos” implicarían también, presuntamente, dinero para acciones y fichajes “del equipo de baloncesto Obradoiro”, pagados en este caso por Aquagest, o pagos de “facturas de Endesa” que el Ayuntamiento tendría pendientes. Al mismo tiempo, la empresa beneficiaria de una concesión a dedo asumiría el compromiso de contratar a “personas afines” a los dirigentes municipales.
Indignados con Leo Bassi
La aparente flexibilidad ética de algunos de los personajes presuntamente implicados en este caso contrasta con su capacidad para indignarse por otros asuntos. Así, mientras el escándalo de Conde Roa ocupaba los titulares, Míguez lamentaba en su conversación con Casimiro González que “esto se desarrolle cada vez peor”, por el hecho de que el cómico Leo Bassi, a quien el Ayuntamiento “no le había dejado montar un espectáculo” en la ciudad “porque quema cruces”, organizara un show en pleno Obradoiro para criticar, precisamente, la presunta corrupción del Ayuntamiento. “No veas tú la repercusión mediática que tuvo este tío”, a quien “los del Bloque quisieron meter en el Ayuntamiento”.
Esa presencia mediática llegó a reprochársela el propio Míguez al responsable de un medio de comunicación local: “el próximo día que te pida que me cubras una noticia y me llegues tarde, rompemos la baraja”, asegura que le dijo, después de comprobar que había mandado a “cuatro redactores” para “este payaso”. “Cuando os convoquemos queremos la misma repercusión”, aseguraba que le había dicho al periodista mientras, al mismo tiempo, seguía preguntándose si “sería bueno que nos firme Conde Roa”. Finalmente, al alcalde no le dio tiempo a realizar operación ninguna y, tras su dimisión, le explicaba a Míguez que su sustituto, Ángel Currás, “es una persona estupenda con la que podéis contar para lo que queráis, porque es un tío fenomenal”. “Hará las cosas muy bien y... ya, ya hablaré yo con él”, afirmó.
Conde Roa (centro), en un paseo electoral con Rajoy
“Gerardo no dejó que se le echara una mano”
Las conversaciones grabadas por el Servicio de Vigilancia Aduanera, cuerpo empleado por la jueza De Lara como policía judicial, revelan también el modo en que el PP compostelano digirió el estallido del caso Conde Roa y en que afrontaba el más que posible relevo del regidor. Apenas dos días después de que el escándalo saliera a la luz, los investigadores recogen cómo Ángel Espadas, a quien le habían intervenido el teléfono, comenta lo que está aconteciendo con Paula Prado, actual portavoz de los conservadores gallegos y en aquel momento diputada, concejal y portavoz del gobierno local compostelano.
El propio Espadas había abordado el problema con la dirección gallega del partido a través del entorno más próximo a Alberto Núñez Feijóo y a Alfonso Rueda. “Están enfadadísimos con Gerardo, porque Gerardo no les contó la verdad”. “Ellos –relataba– intentaban echarle una mano” pero “no dejó que se le echara una mano”. El propio Conde Roa, decía Espadas, le había confesado que “le mintió a una estrecha colaboradora del presidente de la Xunta respecto a su situación legal”.
En el núcleo duro del PP gallego se creía que la “única posibilidad” pasaba por que “Gerardo contara absolutamente todos los problemas que tiene, se sentaran en una mesa” y trazaran “una estrategia de comunicación”. La conclusión era que “Gerardo no puede ir hablando con la prensa, porque no tiene argumentos para defenderse”. El “tema pinta mal”, resumían desde la dirección del partido. “No lo va a contar, Ángel, no lo va a contar porque nunca lo hizo”, ratificaba Paula Prado.
Desde la convicción de que quien estaba por detrás de las filtraciones sobre el alcalde era el PSOE, la propia Prado admitía que “esto es muy heavy” y, asumiendo que su condición de diputada le impedía acceder a la Alcaldía –la lista del PP en la provincia de A Coruña estaba agotada–, aseguraba que “ya veo de alcaldesa” a Reyes Leis, actual primera teniente de alcalde. “No lo quiero ni pensar, solo te digo que veo a Reyes de alcaldesa”, reiteraba Prado, quien instaba a Espadas a no “reírse” de esa posibilidad. “¿Quién va a ser?”, se preguntaba retóricamente. “Si es Currás, nos suicidamos, eh”, ironizaba mientras, por otra parte, valoraba la posibilidad de sumergirse en los “expedientes” en el Ayuntamiento para que “aquí no quede títere con cabeza”, perjudicando también al PSOE local con posibles escándalos.
