La jueza del caso Cóndor pide investigar a Feijóo y el fiscal se opone

Argumentos de ida y vuelta entre la jueza Pilar de Lara y la Fiscalía Provincial de Lugo sobre la Operación Cóndor y, más concretamente, sobre los vinos de lujo Vega Sicilia remitidos durante años por la empresa Monbus a más de un centenar de políticos, técnicos y militares por un importe próximo a medio millón de euros.

En el marco de la causa secreta en la que el principal investigado es el propietario de la empresa de transportes, Raúl López, la titular del juzgado de instrucción número 1 de Lugo indaga desde hace un año en lo que considera indicios “de uno o varios delitos continuados de cohecho” por parte del empresario y de varias de las personas agasajadas.

En el caso de los políticos -algunos de ellos devolvieron los obsequios y en algunos casos los informes no ratifican su destino final- la magistrada reitera su intención de que sean investigados dirigentes como el presidente de la Xunta, el vicepresidente, Alfonso Rueda, o el exministro José Blanco. Y lo hace con la oposición del fiscal jefe de Lugo, que no ve en lo sucedido nada “susceptible de ser considerado cómo ilícito penal”.

El hecho de que varios de los políticos a los que De Lara quiere investigar -antigua imputación- sean aforados impide a la magistrada actuar contra ellos directamente, ya que los casos en los que se vean inmersos deben abordarse en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, para dirigentes autonómicos, o en el Supremo, si son electos de ámbito estatal.

El primer movimiento de De Lara para llevar ante el TSXG a Alberto Núñez Feijóo, Rueda y el exportavoz de infraestructuras del PP, Alejandro Gómez, y ante el TS a Blanco por ser destinatarios de los envíos de López se produjo a finales de 2015. Antes de hacerlo pidió la opinión a la Fiscalía, que en un informe del fiscal Jesús Álvarez observó “indicios consistentes” de presunto cohecho y apoyó que la causa siguiera adelante.

Según la documentación del caso a la que ha tenido acceso eldiario.es, De Lara se apoyó en ese informe del Ministerio Público para, en abril de este año, abrir sendas piezas separadas sobre los aforados con el objetivo de que fuesen investigados por presunto cohecho. Fue en este punto en el que el fiscal jefe de Lugo, Roberto Brezmes, ante la posibilidad que “una cuestión sustancialmente idéntica” acabara siendo tratada en diferentes territorios y dada la disparidad de criterios en casos como este, decidió dirigirse a la Fiscalía Superior de Galicia y a la Fiscalía General del Estado para obtener un criterio común al respeto. Tras recabar esa información concluyó que “no cabe otra posible solución que el archivo de los procedimientos” por tratarse de hechos sin “relevancia penal”.

Más de 400 euros, por encima de los “usos sociales”

Tras el pronunciamiento del fiscal, la jueza siguió adelante con el proceso “en base al sagrado principio de independencia judicial”, según un auto dictado el pasado octubre a cuyo contenido ha tenido acceso este diario. Archivar el caso sería “prematuro”, argumenta De Lara, ya que la instrucción no está “completa” y “al menos indiciariamente, los hechos sí podrían revestir caracteres de delito de soborno”, concretamente el tipificado en el artículo 422 del Código Penal, que se refiere a la recepción de regalos por parte de cargos públicos sin que impliquen una contrapartida directa para quien agasaja, en este caso el presidente de Monbus. Se trataría, según la jueza, de un “cohecho de facilitación”, la “admisión de ventajas en consideración al cargo o función”.

Ante los “informes contradictorios” de la Fiscalía y a los dispares criterios sobre lo que es o no un soborno citados en los informes del Ministerio Público -las vigentes leyes de transparencia o códigos éticos de partidos políticos e instituciones internacionales- la jueza ve necesario fijar un “criterio” en el caso.

Para De Lara, una referencia idónea puede ser el límite “que en los delitos patrimoniales marca la diferencia entre delitos leves y menos leves”, el importe de 400 euros. Así, argumenta, “todo regalo que exceda tal suma va más allá de los usos sociales” que “pueden ser considerados mera cortesía” y pasan a tener “capacidad para turbar la imparcialidad y probedad de los funcionarios y autoridades”. Según la investigación del caso, los vinos remitidos por López a Feijóo y Rueda sumaban más de sus respectivos 2.300 euros, y por eso decidió continuar.

Recurso de la Fiscalía rechazado por De Lara

El auto de la jueza fue replicado desde la Fiscalía con un recurso datado en el pasado 4 de noviembre. En él el fiscal jefe reitera que más allá del importe de cada regalo -“no puede constituirse un delito continuado ni sumarse los importes de los regalos recibidos en los sucesivos años”, advierte-, es necesario tener en cuenta otros criterios, como los “niveles de tolerancia social” sobre estas conductas en el momento en que se produjeron o que los preceptos de los códigos éticos ahora vigentes en instituciones como la Xunta “deben proyectarse al futuro y no al pasado”.

“En la fecha en que ocurrieron los hechos aún no había cristalizado una norma ética que estableciera límites máximos para la aceptación de regalos”, dice el fiscal, y “aunque la conducta de recibir lotes de botellas de vino en Navidad por autoridades y funcionarios no se ajusta actualmente” a esos códigos de “administración moderna, transparente y eficiente”, lo “cierto” es que “en los años en que se realizaron, una parte mayoritaria de la sociedad los consideraba como usos sociales arraigados, ajenos al ámbito jurisdiccional penal”. Adicionalmente, cree que en este caso concreto los regalos de Monbus “de ningún modo tienen la capacidad de influencia mínima y necesaria para interferir en el ejercicio de las funciones públicas” de los políticos a los que De Lara quiere investigar. “Independientemente de lo que pretendiera el remitente (...), no son susceptibles de ser consideradas como ilícito penal”, concluye.

El recurso de la Fiscalía fue desestimado por De Lara apenas una semana después. Entre los argumentos que invoca para hacerlo está el referido a la aceptación social de los regalos a políticos: “Su inadmisión social provocó no sólo una situación de alarma social y mediática, sino la aprobación de los sucesivos códigos éticos”, resalta. Ella, dice, no está en condiciones de “excluir” que “los regalos recibidos hayan podido ser recompensa por actos de favorecimiento realizados”, y por eso reitera su intención de trasladar el asunto al TSXG y al TS, elevación que ya ha realizado para que estos tribunales decidan si investigan a los políticos por estar en la lista de destinatarios de los regalos de Monbus.