La jueza ve “refrendada” la facturación irregular en el PP de Ourense
El pasado diciembre la jueza instructora del caso Pokémon, Pilar de Lara, extendía a 24 miembros del PP ourensano su investigación sobre presunta financiación irregular del partido, iniciada a raíz de las declaraciones de su ex gerente, Emilio Pascual. Como informó este diario, la magistrada y los investigadores del caso sospechaban que, “para no superar el límite legal establecido”, los populares de Ourense habrían promovido la facturación de gastos electorales “a nombre de diversas personas jurídicas” y “de diferentes personas que ostentan cargos dentro del PP”. Parte del dinero, acrecentaba, procedían supuestamente de donaciones al partido realizadas al margen de los canales legales. Apenas dos meses después, De Lara ve “refrendadas” sus sospechas y amplía un poco más la investigación.
Segundo consta en un auto dictado el pasado martes y a cuyo contenido ha tenido acceso este diario, las “afirmaciones realizadas” por el ex gerente respecto a este “procedimiento de recaudación de dinero y de emisión de facturas falsas” se han visto “refrendadas por la documentación” aportada por las diferentes empresas investigadas, la cual ya ha sido “analizada” por el Servicio de Vigilancia Aduanera. De esos documentos, dice la jueza, “se desprendería que, tal y como señaló el señor Pascual [el ex gerente] los gastos electorales del PP (fundamentalmente aquellos relacionados con la publicidad), a fin de no superar el límite legal”, fueron facturados a nombres diferentes del propio partido.
Ese mecanismo, dice De Lara, tiene que ser “investigado”, porque “a través de este procedimiento se podría estar burlando la legislación electoral y de financiación de partidos políticos, además de implicar un presunto delito de falsedad documental”. “Según afirmó la testigo”, quien realmente pagaba era “el propio partido, generalmente en efectivo” y esos pagos “no se reflejaban en la contabilidad oficial, porque el dinero procedía de donaciones ilícitamente recibidas”.
“Facturación correlativa” a nombre de los candidatos
Las primeras facturas de las que De Lara sospecha están datadas en el año 2005, cuando “se efectúa una facturación correlativa” desde la empresa de publicidad Pla&Nos a nombre de varios dirigentes del PP, tales como Amparo González, actual directora general de Familia, “por 4.176 euros”, José Manuel Baltar, “por importe de 4.060 euros”, Miguel Santalices, ahora vicepresidente del Parlamento, “por importe de 4.292 euros”, el subdelegado del Gobierno central en Ourense, Roberto Castro, “por importe de 3.944 euros”, el ex diputado y actual secretario general de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, “por 4.408 euros” y María Luis Valladares, por 4.120,32 euros. “Esta facturación se realiza el mismo día”, el 28 de diciembre de 2005, y el pago “se produce igualmente el mismo día”, el 2 de febrero de 2006, “sin que conste la forma de pago”, lo que “parece indicar un pago en efectivo”.
En 2007, en el marco de las elecciones municipales, la investigación detecta una nueva “facturación correlativa”, en este caso a nombre de hasta catorce dirigentes y candidatos del PP, entre los que se encuentra Jose Luis Baltar, el ex alcalde de Ourense y diputado Enrique Novoa, la actual diputada Marta Rodríguez-Vispo o la ahora gerente del hospital ourensano, Eloína Núñez, y varios ediles, entre otros. Toda la facturación “está emitida en la misma fecha, 28 de mayo de 2007, y por idéntico importe”. Como en el anterior caso, “la facturación emitida a nombre de personas físicas, todos ellos candidatos del PP, fue abonada en efectivo en la misma fecha”. “Es significativo -añade- que el importe de las facturas (...) no supere los 3.000 euros, cantidad a partir de la cual se estaría obligado” a presentar documentación adicional en Hacienda.
“Idéntico sistema” a partir de 2011
Como en el auto de diciembre, la magistrada considera, a la luz de los datos aportados en el informe de Aduanas, que “a partir del año 2011 se há podido seguir con idéntico sistema”, aunque “utilizando a otras empresas para encubrir supuestos gastos del PP”. En este caso, “las informaciones recibidas señalan que en el año 2011” otra empresa, Nacher Publicidad, “emitió facturas presumiblemente por gastos de publicidad en campaña electoral” a nombre del diputado en el Congreso Guillermo Collarte “por importe de 12.443,10 euros” y del secretario general del partido en la provincia y actual portavoz municipal, Rosendo Fernández, “por 9.584,55 euros”. En este sentido, el gerente de la empresa “manifiesta que los trabajos realizados eran encargados por el propio candidato, a cuyo nombre se emitía la factura, de forma verbal, y los pagos eran realizados por los mismos”. Igual que en los demás casos, “las facturas fueron emitidas en la misma fecha”, el 31 de diciembre de 2011, “pero en ambos casos constan pagadas mediante entregas a cuenta desde el mes de febrero”, en el caso de Fernández, “o desde el mes de abril, en relación com Collarte”.
En este contexto, la documentación entregada por la agencia publicitaria a los investigadores incluye “facturación a nombre del PP”, si bien al contrastarla con la “información obtenida en la Agencia Tributaria”, consta “más facturación emitida al PP y, lo que es más importante, existen divergencias”, toda vez que “en 2010 el PP no declara la relación comercial con Nacher Publicidad” pero la empresa “sí la declara, por importe de 8.129,57 euros”. En 2011 “mientras Nacher Publicidad declara una facturación de 25.210,97 euros, el PP incrementa esta cantidad hasta los 41.115 euros”.
Mientras el propio partido mantiene que demandará a su ex gerente porque, asegura, su testimonio no se corresponde con la verdad, la jueza considera que la documentación que ya maneja apunta a la “autenticidad de las facturas y documentos facilitados por Emilio Pascual, que según afirma se obtuvieron de la propia sede del PP ourensano”. Así, y dadas las sospechas por las incoherencias detectadas en las contabilidades del partido y de las empresas investigadas, De Lara se dispone a “proseguir con las investigaciones de presuntos delitos de falseamiento de cuentas, apropiación indebida y, en su caso, soborno y tráfico de influencias”. Por este motivo reclama que dos medios de comunicación de la capital provincial y la referida Nacher informen de las facturas emitidas a nombre del PP, de empresas del grupo Véndex y de los miembros del PP Jackeline Elizabeth Fernández, Carmen Leyte, Francisco José Fernández y Ana Belén Vázquez, todos ellos miembros del PP ourensano.
