El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha salido en defensa del CEO de Altri, José Soares de Pina, y ha pedido que algún ministro del Gobierno central lo reciba para hablar de las ayudas a las que aspira el proyecto de macrocelulosa que promueve la empresa portuguesa en Palas de Rei (Lugo) y que está recibiendo una fuerte contestación social en Galicia. “Es difícil de entender”, dijo el jefe del Gobierno gallego tras las palabras de Soares de Pina el fin de semana en una entrevista en el diario El Mundo, en la que lamentó que ni el titular de Industria ni la de Transición Ecológica se han entrevistado con él.
Los planes de Altri de levantar -a través de Greenfiber, una empresa conjunta con el dueño de Greenalia, el empresario gallego Manuel García Pardo- una fábrica en la comarca de A Ulloa se los puso sobre la mesa Rueda a Pedro Sánchez, recordó el presidente gallego, que aseguró que le consta que ministros que ya no están en el Gobierno “hablaban de este tema y diseñaban estrategias para acceder a fondos europeos”. “Y, de repente, esa cerrazón que no le harían a otras comunidades que todos tenemos en mente”, protestó Rueda, que insistió en que la información era “la misma que se tiene ahora”.
El argumento lo utiliza también Soares de Pina, que ha dado varias entrevistas después de que la Xunta aprobase la declaración de impacto ambiental (DIA) favorable para el proyecto. En la de El Mundo, asegura que la inversión prevista supera los 1.000 millones de euros y que esperan recibir una cuarta parte, es decir, 250 millones, de fondos públicos. Expone que se han presentado al Perte de descarbonización y apremia al Gobierno porque el límite de ejecución de los fondos europeos que lo financian es marzo de 2026. Dinero no es lo único que espera del Ejecutivo que preside Pedro Sánchez: también reclama una subestación eléctrica para conectar una planta que anuncia que será autosuficiente energéticamente. “Necesita estar conectado a la red eléctrica por momentos de mantenimiento en que la fábrica no funciona o en fases de exceso de producción de energía para volcarla a la red”, dice.
La negativa de la Xunta a dar fondos específicos para un proyecto que el propio Rueda califica de “tractor” no es un contratiempo para Soares de Pina, que se remite a que es el Gobierno central el que asigna los Next Generation, que es en los que están centrados. El proyecto, que se presentó como una fábrica de fibras vegetales textiles sostenibles, prevé producir el doble de celulosa solubre (400.000 toneladas al año) que de lyocell (200.000), pero el CEO de Altri sostiene que sus productos no se destinarán a hacer papel. También asegura, como la Xunta, que la información sobre el proyecto ha sido siempre la misma.
Soares de Pina ha cargado contra las motivaciones de quienes se manifiestan contra la macrocelulosa: “Respetamos mucho a las personas que han participado en la manifestación, pero lamentamos que se produzca en base a desinformación interesada o bulos”. Critica lo que considera una politización del proyecto y asegura que hay argumentos “que no tienen nada que ver con lo que es realidad” y se usan “de forma interesada para crear una alarma social que al final no tiene justificación”.
El proyecto sigue a la espera de la autorización ambiental integrada y la aprobación final de la Xunta, que ya le ha dado el visto bueno ambiental a un complejo que ocuparía 112 hectáreas, con una chimenea de 75 metros de altura, un consumo previsto de 1,2 millones de toneladas de eucalipto anuales y hasta 46.000 metros cúbicos de agua, que captará del río Ulla.