Santiago y Ourense: dos doctrinas sobre imputaciones en 100 kilómetros
“Ya se están agotando los calificativos para definir la situación que está viviendo el Ayuntamiento por culpa de este gobierno municipal. Si ya era sobradamente inoperante e incapaz de gestionar adecuadamente los intereses de los ciudadanos, ahora pasamos a palabras mayores: las imputaciones judiciales”. “Ya estamos ante una situación totalmente insostenible”, un verdadero “estado de emergencia”. Estas palabras bien podrían ser de un edil de la oposición municipal del Ayuntamiento de Santiago, donde el PP pasa por sus horas más bajas a causa de sus problemas judiciales. Pero quien las pronuncia es Rosendo Fernández, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Ourense y vicepresidente de la Diputación de esa provincia.
Después de que el juzgado de instrucción número 2 decidiera imputar por presunta prevaricación en la adjudicación de las obras de una calle a todos los miembros de la junta de gobierno local ourensana en 2008, de los que solo tres siguen en la corporación, los conservadores salieron en tromba a exigir dimisiones. Lo hacían apenas veinticuatro horas antes de que su jefe de filas y presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se atrincherara por enésima vez en la defensa del maltrecho gobierno compostelano, al que también le llueven las peticiones de ceses. Pero, ¿cuáles son las diferencias entre uno y otro caso? Son notables, al menos a nivel cuantitativo, aunque ambos ayuntamientos parecen sufrir la misma parálisis en su gestión diaria.
Tres de once frente a diez de trece
La principal diferencia entre ambos consistorios es la cantidad de personas imputadas en uno y en otro gobierno. Tras el inicio de este último proceso, el gabinete ourensano acumula tres miembros imputados: el alcalde, por la referida presunta adjudicación irregular de las obras –en 2008 era edil de Hacienda–; la concejal de Bienestar, Marga Martín, por el mismo caso y por el presunto uso de facturas falsas en el servicio de ayuda a domicilio; y la edil de Urbanismo, Áurea Soto, que suma a la mencionada imputación masiva otras tres por sendas denuncias de un constructor respecto a la explotación de un aparcamiento, por la licencia de una residencia universitaria y por vetar el acceso al PGOM. En total, 7 imputaciones para casi el 30% del gobierno local.
Las cifras se disparan al llegar al Ayuntamiento de Santiago. Allí 10 de los 13 miembros del equipo de gobierno, casi el 80%, tienen pendiente responder ante la Justicia por 3 casos diferentes. El último en el tiempo es que tiene a 7 ediles con un pie y medio en el banquillo de los acusados por decidir pagar con fondos públicos al abogado de Adrián Varela, el concejal de Deportes, encausado en la Operación Pokémon. Varela comparte imputación en la presunta trama corrupta con la responsable de Educación, Rebeca Domínguez, y con el alcalde, Ángel Currás, también presuntamente implicado en un caso de presunto acoso laboral a un policía. La nómina se completa con Juan de la Fuente, responsable de Obras, acusado en un caso de subvenciones vecinales presuntamente justificadas con facturas falsas.
Profunda división interna
En lo que sí coinciden ambos consistorios es en la honda división interna de sus respectivos equipos de gobierno, agudizada en los dos casos tras la dimisión de sus cabezas de cartel electorales. En Ourense, la marcha de Francisco Rodríguez tras su detención en la operación Pokémon, en la que sigue imputado, desató la guerra civil entre los conocidos cómo paquistas –grupo al que pertenece el actual alcalde– y los denominados pachistas, por su afinidad con el anterior secretario general del PSdeG, Manuel 'Pachi' Vázquez. Esta situación deriva en que, en la práctica, el alcalde esté en una evidente minoría interna. En Compostela, la dimisión de Gerardo Conde Roa por fraude fiscal en la gestión de su empresa constructora evidenció también las grietas que después saldrían definitivamente a la luz en las grabaciones del sumario de la Operación Pokémon, incluyendo descalificativos cómo “descerebrados” o “subnormal”, entre otras lindezas.
En este contexto el PP capitalino admite problemas pero defiende seguir adelante, descartando por completo las dimisiones, lo mismo que los socialistas ourensanos paquistas. Mientras, el PSdeG opta por la prudencia en Santiago –donde tiene a un imputado en la Pokémon–, pero también ve “insostenible” la situación del equipo de Currás. Su jefe de filas, José Ramón Gómez Besteiro, reitera que en caso de que se determinen medidas cautelares o la apertura de juicio oral a cualquier miembro del partido, este tendrá que asumir responsabilidades políticas. Mientras, por parte del BNG se exigen dimisiones en ambas ciudades y se subraya que su organización “predica con el ejemplo”, ya que “cualquier imputado” de las filas nacionalistas “sin que eso presuma reconocimiento de culpabilidad, en cualquiera caso dimite para no manchar a la institución que representa”.
