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Vecinos de Touro denuncian que la balsa de residuos mineros sigue contaminando y amenaza una aldea

Beatriz Muñoz

Santiago de Compostela —
4 de julio de 2026 22:10 h

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La Plataforma Mina Touro - O Pino Non, una de las asociaciones vecinales que se opone a la reapertura de la explotación para extraer cobre, denuncia que la balsa de residuos mineros que existe en el lugar —en la que se acumulan los desechos de la actividad anterior— sigue provocando filtraciones contaminantes peligrosas y que amenaza la aldea de Fonte Díaz, en donde hay, además de viviendas, instalaciones deportivas, la Casa da Cultura y una residencia de mayores. Acumulan desde hace años imágenes en las que se aprecia, en una zanja de drenaje junto a una carretera, líquido del color anaranjado típico de las aguas ácidas de las minas.

Esta asociación indica que esas aguas se filtran desde el muro de la balsa minera, cargadas de metales pesados, y que van a parar al arroyo Ameneiro Lamas, después al Lañas y, de este, al río Ulla. Esto ocurre desde hace “décadas, todos los días del año, las 24 horas del día, lo que produce mayor gravedad por la bioacumulación de metales en el lecho de los ríos”, sostiene. El depósito contiene los residuos generados por la actividad minera que hubo hasta mediados de los 80. Y es una de las instalaciones clausuradas consideradas peligrosas por el inventario que el Gobierno central realizó para cumplir con las normas europeas.

La elaboración de ese listado se encargó al Instituto Geológico y Minero de España (IGME), dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Julio César Arranz es uno de los científicos que se ocuparon de esta tarea. Explica, en conversación telefónica, que no hay dudas sobre los riesgos de la balsa de Touro: “Está en el inventario por la capacidad de contaminar aguas superficiales y porque es enorme y, en caso de rotura, se vería afectada la aldea de Fonte Díaz”. Arranz rememora cómo fue el proceso y cómo hubo un desencuentro con la Xunta porque sostenía que la balsa de Touro no debía incluirse, con el argumento de que no estaba abandonada porque tenía dueño. Con propietario o sin él, dice el experto, llevaba décadas, desde mediados de los 80, parada.

Finalmente, la balsa de Touro se incluyó en la ampliación del inventario de 2015. Hubo una revisión en 2019, que incluyó el desplazamiento al lugar de los científicos del IGME. Arranz cuenta que no pudieron tomar muestras en el interior porque no pudieron acceder, pero sí fueron al arroyo Pucheiras y a otro que se encuentra al este de la presa. La conclusión fue que seguía siendo una instalación contaminante de las aguas superficiales, con efectos sobre todos los usos y sobre la fauna piscícola. “Al hacer la revisión nos dimos cuenta de que habíamos cometido un error: teníamos que subirle la categoría de riesgo”, expone.

La plataforma vecinal, una de las que lucha contra la reactivación de la mina, critica que, pese a la evidente contaminación, que ha supuesto incluso alguna multa de la propia Xunta, no ha logrado información del Gobierno gallego sobre si existe algún plan de restauración del entorno, si se está haciendo alguna tarea de control y vigilancia o si la presa debe tener un plan de emergencia exterior por la peligrosidad de los desechos que contiene.

Fuentes de la Consellería de Economía e Industria aseguran que la restauración de la balsa está incluida en el proyecto de la empresa Cobre San Rafael para reactivar la explotación, que ha sido declarado estratégico por la Xunta y está en tramitación, a la espera de la evaluación ambiental. Este es el segundo intento por retomar la actividad en la mina para producir cobre, después de que el proyecto presentado en 2017 fuese rechazado por el Gobierno gallego precisamente por no superar el trámite ambiental y en medio de una fuerte contestación social.

La mina se encuentra en una situación inusual: con el primer proyecto de reactivación denegado, la empresa recompuso su plan y volvió a presentarlo en 2024. Fue entonces cuando la Xunta lo declaró proyecto industrial estratégico —una figura que implica que la tramitación se acelera—. Pero, en los tribunales, había seguido avanzando el recurso contra el archivo del primer plan. La Justicia tomó una decisión en mayo de 2026 y consideró que el informe ambiental que lo había echado abajo era nulo porque no se había dado audiencia a la compañía promotora antes de dictar la declaración de impacto ambiental. Es decir, detectó un defecto de forma. A pesar de esa victoria, la empresa no tiene intención de retomar ese proyecto, sino de continuar con el que ahora mismo está declarado estratégico. También este tiene en contra a plataformas vecinales, ecologistas y al Icomos, un organismo que asesora a la Unesco en materia de patrimonio cultural y que teme efectos negativos sobre el Camino de Santiago.

Protestas continuadas

A la espera de conocerse si esta vez supera la evaluación de la Xunta, los vecinos de la zona que se oponen a la reactivación de la mina han seguido movilizándose: una multitudinaria manifestación mostró el rechazo social al proyecto en junio, durante la exposición pública se presentaron miles de alegaciones —que han derivado en una carrera de obstáculos para que la administración gallega reconozca a muchos vecinos como parte interesada— y han seguido documentando la contaminación procedente de la balsa.

En marzo de este año, la Plataforma Mina Touro - O Pino Non trasladó al Ministerio para la Transición Ecológica y a la Delegación del Gobierno en Galicia sus preocupaciones por las filtraciones y por el riesgo que la balsa representa para el núcleo de Fonte Díaz, a menos de 300 metros del depósito de residuos. Aseguran que, tras esa comunicación, se acometieron unas obras, que consistieron en una canalización para recoger las filtraciones intentando separarlas de la zanja que recoge el agua de la lluvia. Pero, denuncian, el color anaranjado se sigue extendiendo hacia la zona pensada para pluviales, como se aprecia en la imagen que se ve a continuación.

La Consellería de Economía asegura que, si el proyecto de Cobre San Rafael logra su visto bueno, la empresa “asumiría su restauración [la de la balsa de residuos], vigilancia y control dentro del denominado plan de vigilancia ambiental”. No hace referencia al plan de emergencia exterior, que reclama el real decreto 975/2009 sobre gestión de residuos mineros, el mismo que fijaba la obligación de elaborar el inventario de presas o escombreras clausuradas y consideradas peligrosas. Esa norma indica que el plan de emergencia exterior debe hacerlo la autoridad competente cuando las instalaciones sean de categoría A -las que tienen riesgo de un accidente grave en caso de fallo y las que tienen residuos peligrosos por encima de un determinado umbral-.

El experto del IGME, indica que, cuando se hizo la evaluación de las instalaciones de residuos mineros llegaron a la conclusión de que esta norma no se aplicaba a las explotaciones anteriores a la misma. Es decir, la balsa de Touro no cuenta con un plan de emergencia exterior. Arranz aclara que, si se le aplicase esta normativa, el depósito de Touro sería categoría A “de libro” y debería contar, por tanto, con esa estrategia de emergencia exterior.

La Plataforma Mina Touro - O Pino Non recuerda que ha habido accidentes en otras balsas mineras en Galicia, algunos de ellos recientes, como el de Monte Neme el pasado invierno, y se pregunta si los vecinos de la zona tendrán que estar “pendientes de dos alarmas, la de la balsa antigua y la nueva que instalen, ambas con población a 300 metros y el río Ulla como destino”.