La Xunta de Galicia va a tener un presupuesto de 14.240 millones de euros para 2026. Es un incremento del 2,1% en el proyecto para las cuentas del año que viene, en el que el Gobierno que dirige Alfonso Rueda insiste en introducir nuevas rebajas de impuestos -es decir, de ingresos-, mientras repite las quejas por los “problemas de financiación” de la comunidad, que atribuye al sistema estatal para distribuir fondos entre las autonomías. Se “blindan” las bajadas fiscales de años anteriores y se presentan cinco nuevas, entre las que hay medidas centradas en la compra de vivienda. Se va a aumentar en 40.000 euros -hasta 240.000- el patrimonio con el que se puede acceder al tipo reducido del impuesto de transmisiones patrimoniales -es decir, para que se aplique un 3% en lugar de un 8% y para dejarlo en el 0% en zonas deshabitadas-.
Además, las familias monoparentales se suman a los colectivos incluidos en estas medidas, que ya se estaban aplicando para menores de 36 años, familias numerosas y víctimas de violencia machista. El límite de 240.000 euros se incrementa en 30.000 euros por cada miembro de la unidad familiar a partir del primero, de forma que una pareja o una madre soltera con un hijo tributará a partir de 270.000 euros y una pareja con un hijo lo hará a partir de 300.000 euros.
Además, empieza a aplicarse la desgravación de los gastos para comprar material escolar que ya se había anunciado hace meses -se podrán incluir en la declaración del 2025 los gastos de este inicio de curso- y se incluyen nuevas exenciones. La Xunta actúa para bajar a cero el tramo autonómico en las ayudas a los enfermos de ELA y para evitar el pago de impuestos en las subvenciones al los afectados por los incendios del verano. También baja la tributación en una figura propia del derecho civil gallego: el contrato de vitalicio, que consiste en que una persona mayor ceda un inmueble a una persona que se comprometa a cuidarlo. El impuesto de transmisiones que lo grava pasa del 8% al 4%.
El presidente de la Xunta aseguró que el incremento de unos 300 millones de euros en el presupuesto de 2026 se va a destinar a las consellerías con gasto social: Política Social, Sanidade, Educación y Emprego. El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, profundizó en los grandes números del proyecto de presupuestos, que ahora debe remitirse al Parlamento de Galicia para su aprobación. No son solo las cuentas, sino también la ley de medidas administrativas y fiscales, conocida como ley de acompañamiento, que la Xunta acostumbra a utilizar para incluir en un solo texto modificaciones de varias leyes.
Fue Corgos el que se centró en explicar las nuevas rebajas fiscales al tiempo que trasladó que el “problema” de Galicia no se encuentra en la deuda, sino en la financiación. “Las necesidades de Galicia y del resto de las comunidades autónomas de régimen general son mayores que la financiación”, protestó. El sistema actual está “desfasado” y cada año que pasa sin reformarlo, dijo, “se ahonda en la insuficiencia de recursos para financiar servicios fundamentales”.
El conselleiro expuso que las cuentas para 2026 contienen unas perspectivas positivas para la economía gallega: prevén un crecimiento del producto interior bruto (PIB) del 1,9% y que la tasa de desempleo se sitúe en el 7,8%, rozando mínimos históricos. Corgos justificó que el presupuesto vaya a ser superior al techo de gasto anunciado en verano: sube en 63 millones debido a que se han incorporado partidas finalistas por la reprogramación de fondos de cohesión.