Uno de los efectos de los incendios forestales más difíciles de cuantificar es el número de animales salvajes muertos o heridos. La enorme extensión afectada por los fuegos de este verano ha obligado a desplazarse a los supervivientes y, ante su previsible concentración en áreas alrededor de las quemadas, varios expertos han pedido en las últimas semanas que se prohíba la caza en estas zonas. Pese a ello, se van a poder abatir igual. La Xunta rechaza impedir las capturas de ejemplares para contribuir a la recuperación de las poblaciones. La Consellería de Medio Ambiente se remite a la ley de montes gallega, que suspende la actividad cinegética solo en el terreno calcinado, y a la de caza, que habla simplemente de revisar los planes aprobados por los terrenos cinegéticos ordenados (tecor).
El presidente de la Sociedade Galega de Historia Natural, Serafín González, que es también científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), es uno de los que reclama que se pare la caza en los terrenos en los que hayan podido distribuirse los animales afectados por los incendios. Recalca que la pirámide trófica está “cortada desde abajo” y habla de los supervivientes como “los refugiados del fuego”. No tiene dudas de que para la recuperación es necesario que se impida la caza no solo en el terreno ardido, sino en franjas de protección alrededor.
La Consellería de Medio Ambiente, que dirige Ángeles Vázquez, se alinea de nuevo con la caza y recuerda que la ley establece que “los aprovechamientos y la repoblación cinegética” en los terrenos quemados -y solo en los quemados- están prohibidos durante tres años -en concreto, durante “un periodo contado desde la fecha en que se produzca el incendio hasta el 31 de diciembre posterior a la fecha en la que se cumplan tres años de este”-. Existe, sin embargo, la posibilidad de retomar la caza antes, si hay una autorización expresa del órgano que tiene las competencias y un informe a favor de la consellería con competencias en materia forestal -en este caso, la de Medio Rural-. Además, la ley de caza permite que el responsable de conservación de la naturaleza -una competencia de la Consellería de Medio Ambiente- reclame una revisión de los planes de caza en los tecores. También puede suspender la caza mientras no se haga tal revisión, que debe presentarse en tres meses.
Medio Ambiente, sin embargo, expone, en respuesta a preguntas de este diario, que las medidas que puede adoptar son pedir que se “adapten” las cuotas de captura a la superficie que haya quedado sin arder dentro de los terrenos cinegéticos. Solo lo hará cuando la superficie ardida sea de, al menos, el 15% de ese espacio en el que se permite la caza. “Únicamente se permitirá realizar el aprovechamiento cinegético en superficies continuas con un mínimo de 500 hectáreas”, añade. Esa superficie es la que tienen que tener los terrenos para que se autorice la caza. Por debajo de esa extensión está prohibida en general, salvo autorización específica para alguna especie determinada.
El portavoz de prensa de la Federación Galega de Caza, Antón Arrojo, rechaza también la idea de prohibir la actividad en las zonas aledañas a las afectadas por los históricos incendios de agosto: “Creo que la actividad cinegética tiene que ser en proporción al daño del fuego”. Asegura que en el listado de los cotos afectados figuran muchos en los que la superficie ardida no llega al 5%. “Si afecta a un terreno tan pequeño, no afecta a las especies porque tienen mucho sitio para repartirse”, defiende. Admite que hay lugares en lo que las llamas sí han arrasado buena parte de un tecor. Dice que en una decena de cotos ha quedado calcinada entre el 30% y el 40% de la superficie. El peor caso entre los federados es el de Chandrexa de Queixa, dice. Ahí ardieron 9.000 de las 17.000 hectáreas del terreno de caza.
En estos casos, Arrojo asegura que las sociedades de caza están planteando medidas para rebajar la “presión cinegética”. En unas zonas se propone disminuir el número de cuadrillas autorizadas a cazar cada día, en otras se debate que haya menos días de salidas. En cualquier caso, dice que el proceso está aún “verde” porque es algo que “acaba de pasar”. Hace un mes de lo peor de los incendios de este verano en Galicia y, de hecho, las batidas de jabalí y de corzo ya han empezado.
Otras medidas que prevén los cazadores son que aquellos que han visto arder los terrenos a los que solían salir se desplacen a otras zonas. El portavoz de la federación señala que muchos de Ourense están pidiendo permiso para ir a la Terra Chá de Lugo. En cuanto a la caza menor, Arrojo indica que las sociedades aún tienen tiempo porque la temporada arranca el 19 de octubre. Cree que esta es la parte más afectada porque, según sus cálculos, “ardieron más del 90% de los animales”. Las especies que se consideran caza mayor tuvieron más posibilidades de huir, pero también cree que se han visto más afectadas que en otras ocasiones porque los contrafuegos prendidos en muchas zonas crearon un efecto jaula que atrapó a muchos ejemplares.
El portavoz de los cazadores se aferra al argumento de los daños a cultivos para defender que su actividad tiene que continuar pese al impacto de los fuegos en los animales: “Los jabalíes se pueden concentrar, pero también se concentran los daños. ¿Tenemos un problema y queremos acrecentarlo?”, plantea. Arrojo señala que ya se están empezando a hacer plantaciones de cereales con las ayudas de la conselleira de Medio Ambiente para los cazadores tras los incendios. Ese fue precisamente el primer anuncio de Ángeles Vázquez tras días de perfil bajo durante la ola de fuegos de agosto: hizo una visita a un tecor de Dozón (Pontevedra) para elogiar la “disposición para ayudar” de los cazadores y avanzar que la Xunta les daría fondos “con la máxima agilidad”.