Detectives infiltrados contra fiestas ilegales en villas privadas de Ibiza: así detectaban a las “mafias” organizadoras
Hace ya cinco veranos, el sector del ocio nocturno y las instituciones ibicencas empezaron a detectar algo sospechoso en las Pitiusas. Las quejas vecinales y el boca a boca apuntaban en una misma dirección: el contexto de pandemia —sin oferta de discotecas, con amplias restricciones y en plena temporada turística— había propiciado la aparición de una nueva oferta. Se trataba de fiestas privadas en espacios generalmente cerrados, aunque en ocasiones el despliegue llegaba a parajes naturales paradisíacos como ses Illetes.
Estas celebraciones escapaban al control de las autoridades por varios motivos. En primer lugar, por una legislación laxa. En segundo lugar, porque la Policía no podía irrumpir en una propiedad privada sin orden judicial o sin permiso del propietario. Y, por último, porque la presencia de estos promotores en la isla apenas se había detectado hasta que el fenómeno se convirtió en un elefante en la habitación.
El Consell Insular lleva ahora un lustro combatiendo estas actividades ilegales, impulsadas por empresarios piratas de fuera de la isla que aprovecharon que, en un contexto de emergencia sanitaria, había surgido una nueva demanda. Y, como suele ocurrir, a esa demanda le siguió rápidamente una oferta. Los ayuntamientos, que son los competentes para otorgar licencias de actividades de pública concurrencia —es decir, eventos abiertos al público general, sin lista cerrada de invitados—, recurrieron al Consell, que hoy da por erradicada esta actividad.
Las fiestas ilegales, recuerda el conseller de Lucha contra el Intrusismo, Mariano Juan, “siempre han existido y siempre las ha combatido la Policía Local”, en buena medida porque se celebran en horarios en los que los funcionarios de actividades no están trabajando. Sin embargo, durante la pandemia la situación se desbordó: el cierre de las discotecas en las Pitiusas como medida de contención dio lugar a una industria profesional, clandestina y paralela.
El perfil del organizador se definió pronto: personas de fuera de las islas que no arriesgan su patrimonio porque están de paso. Estas impulsaban actividades lúdicas —reguladas por la Ley de Actividades— en viviendas turísticas en algunos casos, pero sobre todo en construcciones como garajes o locales sin licencia de vivienda que funcionaban como auténticos espacios de ocio nocturno.
La mayoría de organizadores eran personas de fuera de las islas que no arriesgaban su patrimonio porque estaban de paso y que hacían las fiestas en garajes o locales sin licencia
La situación empezó a generar molestias entre los vecinos, que recurrieron a las instituciones cuando las fiestas alcanzaron su auge, durante el segundo verano tras el confinamiento. Un momento en el que los clubes no tenían prohibido abrir, pero optaron por no hacerlo ante la dificultad de controlar posibles brotes en espacios de gran capacidad.
Una nueva demanda, una nueva oferta
“Había turistas que llegaban y ni siquiera se habían preocupado de averiguar si había ocio o no, y cuando ya estaban aquí, lo buscaban”, detalla el conseller. Ante la llamada de auxilio de los ayuntamientos —no formal, pero convertida ya en vox populi— se adoptaron dos vías de actuación: una política y otra administrativa.
En el plano político, se recurrió al Govern al considerar que la legislación era insuficiente. De ahí surgió un Decreto Ley de Fiestas que endureció las sanciones y las tipificó mejor. La norma distingue, por ejemplo, si la actividad ilegal se desarrolla en un espacio protegido y, sobre todo, amplía la responsabilidad a todos los implicados: no solo el organizador, sino también suministradores de alcohol, equipos de sonido, DJs, porteros e, incluso, los participantes.
Con este cambio, la Policía podía activar el protocolo una vez detectada la fiesta ilegal. Sin embargo, surgieron dos problemas. Uno estructural —el déficit en los cuerpos policiales en la isla y la consecuente sobrecarga laboral— y otro jurídico —el temor de los agentes a acceder a propiedades privadas sin autorización o sin orden judicial—-
Para salvar este obstáculo, se puso en marcha una medida administrativa inédita: la contratación de detectives privados de fuera de Eivissa, para evitar que fueran reconocidos en un territorio pequeño. El servicio, licitado y adjudicado cada año a una empresa distinta, comenzó como un proyecto piloto cuyo anuncio provocó la llegada de currículums incluso desde Argentina. El trabajo de estos detectives —unos cuatro, que se turnaban para pasar desapercibidos— consistía en localizar estos eventos a través de redes sociales, WhatsApp y de unos interesados a otros, especialmente en zonas como el puerto de Vila y Sant Antoni, que sí estaban abiertas en ese momento.
Los detectives, que venían de la Península, se turnaban para pasar desapercibidos y localizaban estos eventos a través de redes sociales, WhatsApp y de unos interesados a otros
Sanciones de hasta 300.000 euros
Cuando detectaban las fiestas con antelación, se coordinaban con la Policía Local para “reventarlas” antes de que comenzaran. Sin embargo, lo habitual era que los organizadores facilitaran la ubicación y los detalles poco antes del inicio, por lo que los detectives tenían que infiltrarse, recabar imágenes e información y dejar el expediente listo para que el cuerpo de seguridad pudiera actuar e imponer las sanciones correspondientes.
Entre los casos más llamativos figura el de un okupa que utilizaba una vivienda propiedad del Ayuntamiento de Sant Antoni para organizar fiestas ilegales; otro en el que la infiltración permitió desmantelar una organización criminal; y un tercero en un agroturismo de Sant Joan que acogía eventos neohippies sin licencia. Los organizadores no eran, en ningún caso, empresarios locales. Se trataba de empresas de fuera de Eivissa que incluso traían sus propios equipos de sonido para organizar eventos con un alto grado de profesionalización. “Empezaron a desembarcar en la isla mafias —porque son mafias— que vendían el concepto de la ‘Ibiza privada’”, explica José Luis Benítez, de la Asociación Ocio de Ibiza.
Empezaron a desembarcar en la isla mafias —porque son mafias— que vendían el concepto de la 'Ibiza privada'
Habitualmente, quienes promocionan esta idea —al margen de la pandemia— son multimillonarios o marcas que buscan lanzar productos. En ese sentido, en junio de 2024, el Govern sancionó con 6.001 euros a la empresa propietaria de un espacio privatizado en el Parque Natural de ses Salines de Ibiza y Formentera donde la marca Loewe celebró un acto promocional. “De pronto empezaron a proliferar fiestas clandestinas por las que se cobraba entrada y que suponían una competencia emergente brutal para todos los negocios”, añade Benítez. El representante señala, además, el riesgo para la seguridad de asistentes y trabajadores que, en un entorno sin control, supone el consumo de estupefacientes, como posibles abusos o problemas de salud.
El entramado iba más allá: incluía redes de transporte ilegal —los llamados taxis pirata— que trasladaban a los clientes hasta villas privadas, casi siempre el escenario de estas fiestas, y una cadena de suministro completa. En muchos casos, los propietarios de las viviendas desconocían lo que ocurría en su interior, donde podían concentrarse incluso más de mil personas.
Uno de los últimos casos se dio en junio de 2025, cuando la Policía Local de Santa Eulària destapó una fiesta ilegal en una villa de Cala Olivera. La intervención comenzó tras detectar un punto de encuentro en Jesús, desde donde varios vehículos trasladaban a los asistentes. Nueve agentes se desplazaron al lugar y utilizaron un dron para recabar pruebas de una celebración que se desarrollaba en el sótano del inmueble, aparentemente acondicionado para evitar que la música trascendiera al exterior, según informó Nou Diari.
Algunos asistentes confirmaron que habían pagado hasta 130 euros por una pulsera que incluía acceso y dos consumiciones. En total, se estimó la presencia de unas 100 personas en una vivienda sin licencia turística. El Ayuntamiento abrió entonces un expediente sancionador por actividad con ánimo de lucro sin autorización, con multas de entre 30.000 y 300.000 euros, y trasladó el caso al Consell por una posible infracción turística.
En una fiesta ilegal, los asistentes confirmaron que habían pagado hasta 130 euros por una pulsera que incluía acceso y dos consumiciones. En total, se estimó la presencia de unas 100 personas en una vivienda sin licencia turística
Benítez también lamenta que el intrusismo dañe la imagen de los empresarios que operan dentro de la legalidad, lo que refuerza la necesidad de una actuación institucional coordinada. Los informes de los detectives, aunque no tienen el mismo valor que los de un cuerpo policial, se han utilizado como peritajes cualificados ante los juzgados y como base para imponer sanciones.
Temor a la consolidación
Uno de los principales temores de las instituciones era que este fenómeno, surgido durante la pandemia, se consolidara una vez finalizada. Sin embargo, tras varios años de trabajo, constataron una reducción tanto en número como en calidad de estas fiestas. “Nos dimos cuenta de que habían ido a menos”, señala Juan. La reapertura del ocio nocturno y la disminución de las quejas vecinales contribuyeron a este descenso.
A partir de ese momento, el Consell decidió redirigir el servicio de detectives hacia otro ámbito: el intrusismo en el transporte, una competencia también municipal. Para ello, se infiltran en canales de Telegram con el objetivo de detectar conversaciones y denunciar estas prácticas. Paralelamente, los ayuntamientos también emplean detectives para combatir el alquiler turístico ilegal.
La institución insular aumentó el verano pasado las sanciones contra los taxistas ilegales, con multas de hasta 15.000 euros para quienes operen sin licencia desde el aeropuerto u otros puntos de la isla. Además, cuenta con un equipo de 14 inspectores —entre instructores y auxiliares— desplegados en el aeropuerto para detectar estas actividades, como ya publicó elDiario.es.
En la actualidad, la proliferación de fiestas ilegales no se percibe como un problema especialmente extendido, por lo menos en el municipio de Vila. Desde el Ayuntamiento señalan que, cuando se detectan, la respuesta sigue recayendo en la Policía Local y que este tipo de eventos se concentra sobre todo en villas aisladas, menos frecuentes en un entorno urbano. El foco municipal está ahora en el alquiler turístico ilegal, con cinco expedientes sancionadores ya tramitados y actuaciones conjuntas con el Govern en viviendas de protección oficial.
El hecho de que la Policía no pueda acceder a propiedades privadas sin autorización o sin orden judicial dificulta la intervención inmediata
El escenario cambia ligeramente en Santa Eulària, donde el Ayuntamiento no descarta recurrir a detectives privados y ha abierto dos expedientes sancionadores en 2025. Aun así, reconoce las limitaciones legales: el hecho de que la Policía no pueda acceder a propiedades privadas sin autorización o sin orden judicial dificulta la intervención inmediata. En Sant Joan, la estrategia se mantendrá sin cambios. El municipio ha explicado a este diario que continuará abordando estos casos a través de la actuación policial, en línea con otros puntos de la isla donde el fenómeno, aunque presente, es ya más puntual.