Las fiestas ilegales en mansiones proliferan en Ibiza: tiovivos, djs y drogas para centenares de personas
Grupos de personas acicaladas, jóvenes, prácticamente escalan, a pie, por un camino de tierra que les conduce a una villa recóndita: algunos han pagado más de cien euros para acceder. Buenos djs, altavoces con potencia, servicio de bus lanzadera desde varios puntos de la isla y un fin de noche (y comienzo de día) prometedores. En Eivissa, la fiesta no tiene que terminar con el amanecer. Al delirio vivido en los principales clubes nocturnos lo sigue, si se quiere, el de cualquier evento privado de las mismas características que ofrecen promotores de forma ilegal en mansiones que llevan, en algunos casos, funcionando así durante años.
Esta oferta, molesta para los vecinos que sufren las consecuencias de ruidos y masificación desordenada, se ha colado esta temporada con urgencia en la agenda política insular. El desmantelamiento de una macrofiesta de más de mil personas en Sant Mateu -con tiovivo y servicio de ambulancias incluido- en una vivienda situada en suelo rústico hizo saltar las alarmas de los representantes institucionales.
El problema, era evidente, no se había remitido como prometía el Consell d'Eivissa, que cesó de cara a este verano el servicio de detectives privados que había contratado los años posteriores a la pandemia, cuando el despliegue de este tipo de fiestas -ante el cierre de las discotecas y para terror del sector del ocio nocturno- empezó a crecer como un monstruo.
La institución insular había decidido contratar a estos profesionales, de fuera de la isla, para averiguar el modus operandi de los promotores e infiltrarse en los eventos para recabar información y terminar con ellos. Pero la competencia de mantener a rajatabla las fiestas ilegales ha pasado este año a los ayuntamientos después de que el Consell haya decidido este 2026 destinar el servicio a otras prioridades como el intrusismo en el sector del transporte privado por carretera.
Santa Gertrudis: un punto caliente
Uno de los puntos calientes ahora mismo está en el término municipal de Santa Eulària. Las quejas vecinales se acumulan especialmente en Santa Gertrudis, una parroquia con un núcleo poblacional reducido: una iglesia y alrededor varias casas y bares que, sin embargo, más allá, en el campo, no tiene nada de calmado.
Los vecinos están preocupados porque las fiestas clandestinas se han convertido en el principal foco de conflicto este verano: unas 200 personas salían el 1 de julio de una casa a la que habían llegado con buses lanzadera, con recogida en dos aparcamientos de distintos pueblos -Sant Rafel y el tranquilo centro de Santa Gertrudis-.
Los vecinos están preocupados porque las fiestas clandestinas se han convertido en el principal foco de conflicto este verano: unas 200 personas salían el 1 de julio de una casa a la que habían llegado con buses lanzadera
El despliegue de un dispositivo formado por tres patrullas de la Policía Local, tres agentes de la Unidad de Atestados, una unidad del Grupo de Acción Preventiva (GAP) -que ha recibido recursos este año viendo que el problema “se mantendrá”- y el destacamento de Tráfico de la Guardia Civil se cerró con la retirada de seis vehículos y levantó 15 actas por tenencia de drogas. Además, cuatro conductores dieron positivo en el control por consumo de sustancias.
Demostrar que una fiesta es ilegal es complicado: tiene que ser de pública concurrencia y ofrecer venta de comida y bebidas o catering, entre otras cosas, explica el concejal de Seguridad de Santa Eulària, Juan Carlos Rosselló. El primer signo -para darse cuenta de que se está germinando- son los problemas de convivencia, a través del aparcamiento, la perturbación de cultivos o el ruido.
Demostrar que una fiesta es ilegal es complicado: tiene que ser de pública concurrencia y ofrecer venta de comida y bebidas o catering, entre otras cosas
La proliferación ha conducido a plantear por parte del Ayuntamiento redadas preventivas en Santa Gertrudis que está previsto que se mantengan todo el verano después de que así lo solicitara a la alcaldesa, Carmen Ferrer, la Asociación de Vecinos. La presidencia de la asociación entregó más de 300 firmas en señal de protesta para exigir que se tomaran medidas que garanticen la convivencia y el derecho al descanso y han recibido respuesta.
El primer control se realizó a finales de junio en Santa Gertrudis, en coordinación con el Equipo ROCA -especializado en robos en el campo- y la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic) de la Guardia Civil. Los agentes vigilaron zonas sensibles por la mañana y por la tarde-noche con el objetivo de frenar cualquier evento de este tipo antes de su celebración.
Una mansión problemática desde 2017
A finales de junio, en es Puig de sa Creu, entre Jesús y Cala Llonga (en el mismo municipio de Santa Eulària), se detectó otro macro evento similar en una mansión a la que se accede por un camino estrecho, con pendiente y lleno de curvas, según informó Diario de Ibiza. La desafiante vereda hasta el delirio de un after ibicenco tras una larga noche entregada a la música electrónica fue escenario de un accidente de tráfico entre dos vehículos.
Uno de ellos iba a toda velocidad en dirección contraria y terminó colisionando con el que circulaba en el sentido correcto. Hacía apenas cuatro días habían vivido la misma situación, con coches y furgonetas llegando en masa a las cuatro de la madrugada y gente armando jaleo.
No es la primera aglomeración de este tipo que sufre el vecindario, que lleva años viendo cómo llega y se marcha gente, la mayoría turistas, en estado de ebriedad -o bajo el efecto de las drogas- y dejando residuos en las zonas boscosas de los alrededores.
A finales de junio, tras una fiesta ilegal en una mansión, hubo un accidente de tráfico: uno de los vehículos circulaba a toda velocidad en dirección contraria
De hecho, los residentes han ingeniado incluso un sistema de vigilancia propio para avisar unos a otros cuando el ambiente se empieza a desmadrar. No solo por el ruido, también por los residuos que dejan en el campo y el orín y los excrementos que a veces se encuentran en lugares de paso.
En agosto de 2017, la vivienda ya apareció en el radar de las fuerzas de seguridad. La Guardia Civil instaló allí, en esa vivienda en concreto, un control antidroga tras recibir el aviso de que se estaba desarrollando una de estas fiestas clandestinas en un recinto compuesto por cuatro chalés.
Al parecer, estos eventos están organizados por una promotora israelí, según publicaciones de Diario de Ibiza, y han contado con djs tan renombrados como Solomun, así como con ‘transfers’ para trasladar a los clientes hasta la villa. Durante el control, los agentes requisaron distintas sustancias, entre ellas, pastillas y varias bolsas con cocaína.
A pesar de la versión de las instituciones, vecinos han denunciado que esta temporada es un “desmadre” y el PSOE de Sant Joan ha reclamado “mano dura” contra las fiestas ilegales en el norte ante el aumento de las quejas vecinales por ruido, problemas en la movilidad y un claro impacto medioambiental negativo.
Mil asistentes a una fiesta ilegal
El problema no se limita solo a esta parte del litoral, sino que se extiende a zonas diseminadas del municipio de Sant Antoni. De hecho, la fiesta de mayores dimensiones se ha dado esta temporada en este término municipal cuyo casco histórico se entregó -ya en los 60- al turismo hooligan de Reino Unido.
La Policía desmanteló el 10 de junio una macrofiesta con más de mil asistentes y una sofisticada organización, aunque las autoridades de la localidad aseguran tener el fenómeno “muy controlado” que ha ido disminuyendo desde su apogeo, tras la crisis sanitaria de 2020.
Sobre la finca del evento, ubicada en el camí Vell de Sant Mateu, se habían diferenciado espacios según el propósito: zona de comida, lavabos, un área sanitaria con ambulancias incluidas y hasta un tiovivo portátil. Contaba además con medios de transporte organizados para llegar hasta el terreno y en el cartel promocional se incluía a hasta 15 djs. Algunos de ellos aparecen también en los lineups de las discotecas más potentes de la isla.
La oposición denunció durante el pleno municipal de ese mes que el consistorio “actuó tarde” para frenar la macrofiesta ilegal en la que la Policía Local desalojó a más de un millar de personas que se encontraban en el interior de la finca.
La Policía Local de Sant Antoni desalojó a más de un millar de personas de una fiesta ilegal en junio que reunió a los lineups de las discotecas más potentes de la isla
Ahora, el Ayuntamiento ya ha tramitado un expediente sancionador de 300.000 euros de multa para los promotores, el máximo según el Decreto-Ley 5/2022, de 16 de mayo, la organización de fiestas que incluyan cobro de entradas, transporte de pasajeros y publicidad.
‘Piratas’ con ventaja sobre la Policía
La patronal del ocio nocturno ha denunciado, por su parte, que los organizadores se trata de mafias organizadas, “piratas” que van varios “pasos por delante de la Policía”, con competencias limitadas. “Naturalmente estamos en contra y pedimos más medidas para que dejen de realizarse estas fiestas”, defiende José Luis Benítez, portavoz de la Asociación Ocio de Ibiza, al ser preguntado por elDiario.es.
“No es la imagen que queremos para Eivissa ni para el sector, porque al final a todos nos meten en el mismo saco”, lamenta. Se trata de una actividad no regulada y penalizada a través del Decreto Ley de Fiestas impulsado por el Consell y aprobado por el Govern, que endureció las sanciones y las tipificó mejor en un contexto sensible post confinamiento con medidas muy estrictas para las discotecas.
No es la imagen que queremos para Eivissa ni para el sector, porque al final a todos nos meten en el mismo saco
La norma distingue si la actividad ilegal se desarrolla en un espacio protegido y, sobre todo, amplía la responsabilidad a todos los implicados: no solo el organizador, sino también suministradores de alcohol, equipos de sonido, djs, porteros e, incluso, los participantes.
Con este cambio, la Policía podía activar el protocolo una vez detectada la fiesta ilegal. Sin embargo, surgían desde el principio dos inconvenientes para aplicar la nueva normativa. Uno estructural -el déficit en los cuerpos policiales en la isla y la consecuente sobrecarga laboral- y otro jurídico -el temor de los agentes a acceder a propiedades privadas sin autorización o sin orden judicial-.
Un problema estancado
La percepción de la patronal es que, a pesar de todo, este verano la presión quizá no es tan fuerte como otros años, aunque para hacerle frente, los ayuntamientos están “colapsados” y no cuentan con los suficientes recursos.
Por su parte, desde el Consell han explicado que la contratación de detectives fue una “medida puntual” adoptada en un contexto “muy concreto” y que no está previsto recuperarla. De momento, siguen apoyando a los consistorios en la lucha contra el intrusismo con financiación y coordinación permanente, dentro del ámbito de sus competencias, pero no han especificado a elDiario.es de qué manera.
Los cuerpos de seguridad ya reconocieron hace alrededor de una década la dificultad para actuar dentro de fincas privadas, clave para perseguir un fenómeno que se mueve por el boca a boca y cuya persecución resulta compleja si no puede demostrarse el cobro de entradas o la venta de alcohol. “La implicación de los vecinos es fundamental”, señala Rosselló.
Los avisos vecinales han sido hasta ahora la némesis de esta actividad. Aun así, diez años más tarde, las fiestas ilegales siguen adaptándose a los controles mientras vecinos y administraciones siguen en busca de una fórmula para contener el problema, que vuelve a ganar intensidad.