Francis Morillo, que se pasó media vida trabajando entre cartas como empleado de Correos, ha escrito varias –desesperadas– en los últimos meses. Destinatarios: su casero y el abogado que lo representa. Asunto: evitar que su mujer –Teresa Jiménez, también jubilada– y él pierdan el apartamento situado en la cuarta línea de la Platja de Magaluf, Calvià, Mallorca. Esos cincuenta metros cuadrados son –desde octubre de 2020– su hogar, pero el contrato –desde octubre de 2025– ya está vencido. El arrendador no quiere renovarlo. Está en su derecho: avisó con más de cuatro meses de antelación. En teoría, el 31 de diciembre terminará el cuartelillo que ha concedido el propietario. Los arrendatarios imploran una prórroga más larga. De un año, por lo menos. Saben muy bien que el precio que pagan –683 euros al mes– es un unicornio. Viven en uno de los municipios más caros de España.
–Nunca nos imaginamos que a nuestra edad nos veríamos en esta situación. Es alucinante que los precios de las casas no dejen de subir. Está claro que la gente trabajadora… [suspira] no podemos pagar estos alquileres. Cuando todavía había pesetas, nosotros pagábamos unas 35.000 al mes. Luego, 300, 400, 450 euros… En la pandemia, como estaba todo vacío –se fue la gente a la península, a sus pueblos, para alejarse del tema–, nos vinimos aquí [señala un balcón que queda a su espalda]: aunque fuera más caro que allí [señala otro balcón que queda a su derecha] porque teníamos ascensor y mi mujer lo necesita. Es dependiente. Pero han pasado cinco años y el dueño tiene derecho a decirte: o te vas o te lo pongo el doble de alto.
Dice Francis Morillo. Está sentado en una plazoleta encuadrada por una mole vacacional –los Apartamentos Sol y Vera– y varias comunidades de vecinos reunidas en un mismo edificio –la fachada tiene forma escalonada, como si fueran los pliegues de un acordeón– también gigante, pero no tan alto. Allí están los dos últimos domicilios en los que ha vivido el matrimonio. “Hace muchos años”, cuenta el jubilado, “nuestro edificio también era un apartahotel, pero lo reconvirtieron en viviendas”. Ese pasado turístico se nota en los locales comerciales de los bajos: hay una farmacia, sí, pero la acompañan un rent a moto, un pub, un cajero automático. En la acera de enfrente y a unos cuantos metros sobre el suelo se ve la piscina flotante de un cinco estrellas. El agua está calma. Nadie chapoteará antes del 1 de abril de 2026. El hotel, el mismo hotel en el que se celebra, cada otoño, un festival literario, abrirá sus puertas en Semana Santa.
Magaluf es una de las mecas del turismo basura. Sus calles llevan tatuado un triple estigma: borracheras, reyertas, balconing. Los eventos culturales se han convertido en ganchos para renovar la imagen del municipio. A su vez, son un acelerador de partículas inmobiliarias. El efecto lo sufren los calvianers sin vivienda en propiedad. “Ya es normal que te pidan 1.200, 1.300 y hasta 1.500 euros si es un piso un poco más grande que el nuestro”, explica Francis Morillo. Sospecha que su casero “doblará el precio” si su mujer y él salen dentro de dos semanas por la puerta del apartamento para no regresar jamás.
Alquilamos esta casa porque tiene ascensor y mi mujer lo necesita. Es dependiente. Pero han pasado cinco años y el dueño tiene derecho a decirte: o te vas o te lo pongo el doble de alto
Correspondencia entre el inquilino y el abogado
Según la documentación y los correos electrónicos que aporta el inquilino, el propietario empezó a intentar que se marcharan seis meses antes de que se agotara el contrato. El 3 de marzo de 2025 llegó a la bandeja de entrada de Francis Morillo este escueto mail del abogado de su casero:
“Buenos días. Es urgente que me llames hoy mismo para el asunto del contrato de arrendamiento. Saludos”.
El inquilino respondió al día siguiente –4 de marzo– con unas líneas que aclaran –junto a un certificado de discapacidad fechado el 11 de octubre de 2023– por qué su mujer no puede subir ni bajar escaleras: padece una EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica:
“Buenos días. Mi mujer está hospitalizada, ella tendría que firmar. Ella tiene 33% de discapacidad y dependencia [en el certificado que muestra Francis Morillo, el grado reconocido de Teresa Jiménez es del 39%]. Tenemos el piso adaptado a ella, lleno de máquinas. A pesar de que nuestros ingresos son de 800 euros cada uno, nunca hemos dejado de pagar. Por otro lado, estoy pidiendo permiso al propietario para cambiar mobiliario obsoletos. Nosotros hemos puesto de todo, desde menaje hasta cortinas. Nunca hemos pedido nada para el piso. Por todo esto, no entiendo la urgencia, faltan 7 meses, para finalizar contrato. Estoy a la espera del alta de mi mujer para reunirme con el abogado de Servicios Sociales. Agradecería un poco de paciencia y comprensión. Saludos”.
Mi mujer tiene 33% de discapacidad y dependencia. Tenemos el piso adaptado a ella, lleno de máquinas. A pesar de que nuestros ingresos son de 800 euros cada uno, nunca hemos dejado de pagar
El 17 de marzo llegó la respuesta del abogado. Para el inquilino, leerla fue “un mazazo”:
“Muy Sres. míos: En mi calidad de Abogado del propietaria-arrendador [sic] de la vivienda de la que Uds. son arrendatarios sita en Magaluf (Calviá) (...) mediante contrato de fecha 1 de Octubre de 2020, por la presente le comunico que el contrato de arrendamiento finaliza el venidero día 1 de Octubre, por lo que por la presente le comunico la voluntad del arrendador de no renovar dicho contrato, por lo que en la indicada fecha deberá proceder a la entrega de las llaves y posesión del arriendo, amén de regularizar los pagos que en su caso queden pendientes en la indicada fecha. Atte. P.D.: Le agraceceré [sic] que proceda a contestar al presente email en el plazo más breve posible y en particular que se da [sic] por notificado en cuanto a la fecha de finalización del arriendo”.
Explica Francis Morillo que –entre medias– hubo dos encuentros –en persona– con el casero –informal– y su abogado –formal– para tratar de arreglar la situación. Según el relato del jubilado, al primero se lo encontró en el edificio –“Me parece que allí tiene otros pisos en alquiler”– y pactó –“Con un apretón de manos”– una prórroga por un año que luego fue a cerrar en el despacho –“Lleno de muebles de caoba, muy clásico: cuando entré, el abogado me preguntó cuántos metros tenía mi piso y me salió responderle que era más chico que su despacho”– del segundo. Pero, afirma el afectado mostrando otro documento, como ya había ocurrido en febrero, esa extensión de contrato terminó en el limbo. No hubo firmas bajo los nombres de María Teresa Jiménez Moreno y Francisco Morillo Calderón. Tampoco bajo el nombre de su arrendador.
Las hojas caían del calendario y el inquilino –impaciente– volvió a sentarse frente al teclado el jueves 10 de abril:
“Estimado Sr. En la reunión mantenida con su abogado Sr. Feliú [sic], acordamos una ampliación del contrato sobre la vivienda de su propiedad y alquilada por nosotros desde Octubre 2020 por un importe de 600€ mensuales. Se acordó la ampliación del contrato hasta 30 Sep 2026 por un importe de 750€. El día 4 de Marzo y 1 de Abril, les envié e-mail al Sr. Feliú y a Vd. respectivamente, explicando las circunstancias que padecemos. Maria Teresa tiene una discapacidad del 39% y dependencia (...) El apartamento está lleno de máquinas para Epoc y para oxígenos. Solicito una reunión con Vd. para llegar a algún tipo de acuerdo. En el correo que le envié a Vd. indiqué que quiero comprar algunos muebles y sillas por mi cuenta, para sustituir a los que están aquí muy deteriorados por el tiempo. Quedo pendiente de sus gratas noticias y le envío un cordial saludo”.
Es entonces, en la víspera de Semana Santa, cuando, según Francis Morillo, la comunicación se corta. Hasta el 13 de octubre: en el buzón digital cae una carta que, más que informar, advierte:
“Muy Sr. mío: En mi calidad de Abogado del propietario-arrendador de la vivienda sita en el edificio Marivera de Magaluf, le reitero que conforme se le ha ido informando el contrato de arrendamiento ya finalizó el pasado 1 de octubre, si bien se le permite continuar la ocupación de la casa hasta el día 31 de diciembre del corriente año y en cuya fecha y sin prórroga alguna deberá proceder a la entrega de las llaves y posesión de la vivienda, en el bien entendido de que caso de no hacerlo se ejercitarán las acciones procedentes en derecho con los gastos y molestias que ello le va a ocasionar. Igualmente le comunico y sin que ello se pueda considerar prórroga alguna, debe seguir abonando el alquiler que venía satisfaciendo hasta la fecha, esto es 682,50€ mensuales. Atte”.
“Desde que terminó el contrato, nosotros seguimos pagando cada principio de mes el alquiler, como siempre, y respetamos lo que se pactó en el primer contrato: por el covid, el primer año pagaríamos 550 euros y, a partir del segundo, 650, que luego ha ido subiendo por aplicar el IPC”, explica Francis Morillo debajo del que aún es su hogar. Y enseña un extracto de la última transferencia, fechada el 3 de diciembre: “Nos hemos asesorado de una abogada que trabaja aquí en Calvià, en los servicios sociales del Ayuntamiento, para ver qué opciones tenemos. Estamos desesperados porque se está haciendo muy largo y, con lo que tenemos en casa, con la enfermedad de mi mujer, no vemos solución por ningún lado. Con las pensiones que cobramos no podemos pagar el doble por tener una vivienda”.
Estamos desesperados porque se está haciendo muy largo y, con lo que tenemos en casa, con la enfermedad de mi mujer, no vemos solución por ningún lado. Con las pensiones que cobramos no podemos pagar el doble por tener una vivienda
La versión del propietario del apartamento
Suena el teléfono fijo en un piso ubicado en Sant Jaume: conventos, palacetes y edificios seculares reconvertidos en hoteles boutique, restaurantes finos, callejuelas y placitas huérfanas de comercios de proximidad para los 2.500 vecinos que todavía están censados en este barrio del casco histórico de Palma en el que se calcula que –a consecuencia del turismo y de los alquileres temporales– pernoctan 4.000 personas de lunes a domingo. Allí tiene su despacho Bernardo Feliu Amengual, representante del casero de Francis Morillo y Teresa Jiménez.
El abogado, un veterano del oficio, explica al otro lado de la línea:
–El contrato era de cinco años y se le comunicó, con la antelación de los meses que marca la ley, que se tenía que marchar el 30 de septiembre. En agosto, él pide, por favor, si pudiéramos prorrogar hasta final de diciembre. Por razones humanitarias, mi cliente le permitió estar [en el apartamento] hasta el 31 de diciembre. Además, tiene una hija que necesita el apartamento para ir a vivir. (...) No se van por dejar de pagar, sino por expiración del plazo.
–Esa necesidad de recuperar el apartamento para la hija de su cliente, ¿ustedes se la han comunicado por escrito a los inquilinos?
–No, no. De palabra yo se lo dije, pero es igual. El caso es que el contrato ya ha terminado. No tenemos por qué dar explicaciones. Se le dieron dos meses más por razones humanitarias porque tiene a su mujer inválida. Ha tenido tiempo de buscar [otro alojamiento]. Eso es lo que puedo manifestar.
El caso es que el contrato ya ha terminado. No tenemos por qué dar explicaciones. El propietario tiene una hija que necesita el apartamento para ir a vivir
–El inquilino nos ha mostrado un contrato de prórroga por un año que estaba redactado, pero no se llegó a firmar. ¿Redactó usted ese documento?
–[Silencio] ... Posiblemente [lo redacté] a solicitud suya [de Francis Morillo], pero el propietario, haciendo uso de su derecho, no lo estimó oportuno. Hay que respetarlo.
–¿Su cliente tiene otros apartamentos en una situación similar en ese barrio de Magaluf?
–Lo ignoro, no lo sé. Tiene otras propiedades, eso sí.
–¿Podría indicarme el número de propiedades? ¿Se le podría considerar un gran tenedor?
–No lo sé.
–Si los inquilinos decidieran forzar la situación y quedarse en el piso porque no encontrasen vivienda en las próximas dos semanas… ¿tratarían de llegar a un acuerdo con ellos para no tener que presentar una demanda de desahucio?
–El propietario me ha dicho, esta semana mismo, que no quiere problemas.
–No querría llegar a juicio entonces.
–No… porque, además, lo necesita para su hija, repito, no es para especular.
Los datos del Registro de la Propiedad indican que Francisco Gualterio Vera Cerdà –el casero de Francis Morillo y Teresa Jiménez– es dueño –en pleno dominio o en usufructo– de nueve viviendas, siete garajes, tres locales comerciales y dos solares sin edificar, además de dos posesiones identificadas como “otras naturalezas” y “otros urbanos”. Repartidas entre Palma, Calvià, Pollença, Alcúdia, y Lorca (Murcia), veintitrés títulos a su nombre, sin contar el patrimonio de sus familiares directos y de las sociedades donde pudiera contar con una porción de las acciones.
A nivel jurídico, sin embargo, no es un gran tenedor. Para serlo, diez de sus propiedades deberían ser viviendas. Le falta una. No sería así en el caso de que tuviera un problema como el que se le presenta con este matrimonio de jubilados si el piso de alquiler estuviera en un municipio catalogado como zona tensionada.
PP y Vox rechazan las zonas tensionadas
El contrato de cinco años con prórroga de tres se reconoció, por Real Decreto en marzo 2019 –con el PSOE gobernando en solitario desde Moncloa–, dieciocho meses antes de que Francis Morillo y Teresa Jiménez entrasen a vivir en el que todavía es su domicilio. En mayo de 2023 –con los socialistas gobernando en coalición con Unidas Podemos– quedó reflejada en la Ley de Arrendamientos Urbanos a través de los cambios que introdujo la Ley por el Derecho a la Vivienda. Una norma que pretendía blindar los techos de los hogares más precarios. Ofrecía opciones a las autonomías y los municipios como, por ejemplo, la declaración de zonas tensionadas.
Pero los tempos, en política, resultan determinantes: el Gobierno de centroizquierda aprobó aquella ley apenas cuatro días antes de unas elecciones autonómicas y municipales donde los colores rojo y morado dejaron paso al azul y verde en muchas instituciones. Calvià es una buena muestra: de un alcalde socialista con apoyo externo de una lista formada por Podem, Esquerra Unida y Més per Mallorca se pasó a un alcalde popular al mando de concejales de Vox.
El periódico Última Hora acaba de publicar, con cifras aportadas por el Ministerio de Derechos Sociales, una cifra demoledora: a lo largo del próximo año caducarán 24.400 contratos de arrendamiento en Formentera, Eivissa, Mallorca y Menorca. Unas 69.000 personas, calculan en Madrid, tendrán que buscar un techo en un mercado salvaje. El precio medio del alquiler ha subido un 82% en las cuatro islas durante la última década –el doble que en el resto del país–, según el Ministerio de Vivienda. El archipiélago está, a todas luces, tensionado, pero los precios del alquiler seguirán sin poderse regular hasta nuevo aviso.
El pasado martes, el Parlament rechazó –votos en contra de PP y Vox, mayoría absoluta– una moción presentada por el PSIB-PSOE para que los ayuntamientos de las Illes Balears puedan solicitar esa declaración que –según cuenta él mismo– Francis Morillo ha defendido en algún turno de ruegos y preguntas del pleno municipal de Calvià: “¿Por qué no nos declaran con el problema que tenemos tantos encima? No lo entiendo. Nosotros estamos apuntados en la lista del IBAVI [el organismo que gestiona los alquileres sociales del Govern] desde hace cuatro años, pero no tengo fe en que nos llamen”.
La opinión de los expertos
El detalle de vivir –o no– en una zona tensionada es fundamental. Varios abogados especializados en vivienda a los que ha consultado elDiario.es coinciden en señalarlo. En un municipio con esa etiqueta, el matrimonio de Magaluf podría haber conseguido –como intentó– que se le prorrogara el contrato. En un municipio sin esa etiqueta, el casero de Magaluf –como defiende su abogado– tan sólo ha tenido que decirles que no le interesaba prorrogarlo.
Si el Govern balear declarase el archipiélago como 'zona tensionada' por la Ley de Vivienda, el matrimonio de Magaluf podría haber conseguido –como intentó– que se le prorrogara el contrato. PP y Vox se oponen
Sin necesidad de recurrir –por escrito– a la única excepción que contempla la Ley por el Derecho a la Vivienda: “Que el propietario reclame la vivienda para uso propio o de un familiar directo”, dice una de las personas que se dedican a la abogacía consultadas para este reportaje. Esta añade: “Desde que se cambió la ley se abusó muchísimo de esa excepción y ya hay jurisprudencia al respecto. Si necesito el piso para mí porque me he divorciado y me he quedado sin vivienda, sí puedo reclamarlo. Si estoy de alquiler en otro sitio y tengo solvencia para pagar esa renta, tengo que esperar a que termine la prórroga del contrato con mis inquilinos, que tienen sus derechos si hablamos de una zona tensionada”.
“En la nueva ley”, continúa la misma fuente, “también se indica que si el propietario o el familiar al que se le cede el piso o la casa no lo ocupan tres meses después de que se marchen los antiguos arrendatarios, estos pueden interponer una demanda, reclamar la devolución de la vivienda y solicitar que los indemnicen por los gastos que les haya ocasionado, mientras tanto, encontrar un nuevo hogar”. “Suele ocurrir poco porque los afectados por esta práctica o carecen de medios o acaban muy afectados al quedarse en la calle con la situación actual”, añade.
“Yo he tenido clientes”, afirma otro de los profesionales del derecho a los que elDiario.es ha planteado el tema, “que en una situación similar han hecho cuentas y han visto que les salía mejor, por los precios de mercado, aguantar en el piso en el que vivían (sin dejar de pagar el alquiler cada mes) a riesgo de llegar a juicio, perder y tener que pagar las costas”. “Lo que este matrimonio no podrá alegar es que no tuvo conocimiento de que el propietario quería recuperar el piso. Aunque el aviso fue por correo electrónico y no por burofax, al contestar aquellos mails es obvio que hubo comunicación fehaciente, que estaban al tanto”, añade.
La estrategia de la PAH
Francis Morillo tiene previsto pegar un salto a Palma para explicar su caso en las reuniones que los miércoles por la tarde organiza la Plataforma de Afectados (PAH) por la Hipoteca para asesorar a personas amenazadas por un desahucio. En el origen de la plataforma, los créditos bancarios y los tipos de interés variable eran las bestias a los que se enfrentaban miles de españoles –muchos, en paro– que no podían pagar la vivienda que compraron. Con ese drama a cuestas acudían a la PAH. El perfil cambió hace años, en las Illes Balears se nota con especial fuerza. “Cada semana nos llegan dos o tres casos como mínimo de inquilinos a los que se les termina el alquiler y no les quieren renovar, o con contrato en vigor, pero a los que quieren echar porque quieren vender el piso o alquilarlo mucho más caro”, explica Gloria Olmos, una de las letradas que trabajan para PAH Mallorca.
El futuro inmediato es poco halagüeño para cualquiera que no sea propietario. El Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Baleares augura subidas de entre el 50 y el 70% para apartamentos como el de Francis Murillo y Teresa Jiménez. Si se alquiló un piso en plena pandemia por 600 ó 700 euros será extraño ver en unos meses los mismos cincuenta metros cuadrados por menos de mil euros al mes. La subida del precio de la vivienda es un fuego que no se deja de reavivar. Una lógica especulativa.
El Colegio de Agentes de la Propiedad augura subidas de entre el 50 y el 70% para apartamentos como el del matrimonio mallorquín. Si se alquiló un piso en plena pandemia por 600 ó 700 euros será extraño ver en unos meses los mismos cincuenta metros cuadrados por menos de mil euros al mes
Y añade: “Si, como le ocurre a este matrimonio de Magaluf, un inquilino no tiene un sitio donde ir al terminar su contrato, hay que judicializar el proceso y estudiar si están bien notificados –o no–, mirar la fecha en la que se formalizó el contrato, qué legislación es la aplicable, etcétera. En definitiva, intentar ir por ahí para lograr una negociación previa a la interposición de la demanda [de desahucio], pero todo eso sería en el marco de un proceso judicial: allí tendrían que intentar utilizar todas las herramientas que puedan tener a su disposición si el juez las considera personas en situación de vulnerabilidad”.
Sevillanos que se sienten mallorquines
–¿Cuándo empezaron los problemas de salud de tu mujer, Francis?
–Al poco de jubilarse. Mi mujer trabajaba en hoteles y ha terminado hecha polvo.
–¿De camarera de piso?
–Eso es, haciendo habitaciones. Y terminan reventadas. Ella necesita oxígeno para respirar, no se puede ni mover. Viene una chica todos los días a bañarla un poco y asearla. Yo no puedo, también tengo mis cositas de salud…
Francis Morillo se explica con frases cortas y contundentes. Su acento es fácil de reconocer: se come las des intervocálicas, aspira las haches, sesea; fonemas que son adornos y desvelan los orígenes de su familia. Aunque vista un abrigo del Real Mallorca –“Mi segundo equipo”– este hombre –setenta y dos años que no los parecen, el pelo del cabello y la barba ligeramente gris, un arete colgando de la oreja izquierda– nació en Sevilla. “Soy palangana y del Tiro de Línea”, dice. Nombra, juntos, el apodo por el que se conoce a los hinchas del Sevilla Fútbol Club y el topónimo de su barrio, un lugar donde, hasta hace un siglo, pastaba el ganado que se vendía en la Feria de Abril.
Los planes expansionistas de la Exposición Iberoamericana que se celebró en 1929 y los planes de vivienda que trajo la democracia levantaron unos bloques –conocidos, de hecho, como la Barriada de la República– que hoy siguen siendo una de las zonas más humildes de la capital andaluza. No tanto como sus vecinos de las Tres Mil Viviendas –históricamente, el barrio más pobre de España–, pero a años luz de sus vecinos de El Porvenir. Las fincas urbanas con piscina donde viven los sevillanos con las rentas más altas tampoco están lejos: una mezcla de riqueza y pobreza, una combinación fácil de rastrear en un municipio como Calvià. “Al estar tan cerca del Polígono Sur, el Tiro de Línea es una zona muy obrera, todavía hay movimiento social”, detalla el jubilado: hace un par de diciembres vio a sus antiguos vecinos protestar por la decisión del Ayuntamiento de Sevilla de eliminar el paso de la Cabalgata de Reyes por el barrio.
–Aquí en Magaluf, en cambio, nos cuesta la vida liar el taco. Aunque seamos trabajadores con los mismos problemas. O más.
–¿Conoces a mucha gente de tu entorno, Francis, que diga que vota, o que va a votar, a Vox?
–Sí. Pero es mucha gente a la que le hablas de política y no saben lo que es la política. “Es que vienen muchos inmigrantes y nos quitan el trabajo”. Lo que dicen ellos.
–¿Y no habéis pensado en volveros a Sevilla, Francis?
–¡Qué va! Me subo a un avión, me encalomo allí quince días, veo a quien tengo que ver, y me vuelvo contento. Ya me he hecho aquí, no quiero volver a vivir en una ciudad. Nos vinimos porque al mayor ya lo teníamos en Mallorca, trabajando. El piso en el que vivíamos mi mujer y yo allí, con el chico, lo perdimos por una mala historia y ahora ya no está el tema tan barato por allí. Yo tenía mi trabajo en una oficina de Correos de Sevilla, pedí el traslado a la de Palmanova, me lo dieron y ahí me he jubilado. Sí, somos andaluces, pero también somos mallorquines. De Calvià. Hemos vivido en cinco sitios diferentes –en el [edificio] Complex, en el Sirocco–, aquí nos conoce todo el mundo, mi mujer salía en Magaluf Ghost Town [una ficción con piel de documental que rodó en Punta Ballena el director Miguel Ángel Blanca en plena pandemia], aquí nos conoce todo el mundo.
–¿Os arrepentís de no haberos metido en una hipoteca?
–¡Es que no hemos podido! Con mi nómina y mi mujer echando siete, ocho meses de temporada, y con la edad que ya teníamos, ningún banco nos daba crédito. De alquiler se podía vivir hasta que se puso todo fatal. Con los socialistas todavía se hizo alguna cosita –aunque nada del otro mundo–, la izquierda, como en todas partes, está dividida y no fue a lo preciso: el trabajador, la vivienda, el estado de las calles, que están hechas una mierda–, ¿pero ahora? En cinco minutos a pata te alargo al hotel que acaban de tirar [en refencia a un hotel de Calvià]. ¿Por qué no lo han convertido en viviendas sociales si era un edificio que ya estaba construido?