El PP desafía la Ley de Vivienda en Balears: bonificará a los caseros que no suban el alquiler en lugar de regular precios
La bonificación en el IRPF para los propietarios que limiten las subidas del alquiler al IPC podría aprobarse en un plazo aproximado de dos meses en Balears en función del ritmo de tramitación del proyecto de ley de aceleración de proyectos, donde la medida ha sido incorporada vía enmienda. La iniciativa se enmarca en la estrategia del Ejecutivo de Marga Prohens (PP) de apostar por estímulos tributarios o liberalizar suelo mientras rechaza declarar las islas como zona tensionada o regular la compra de viviendas por parte de no residentes para abordar la crisis de la vivienda.
El portavoz del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha explicado tras el Consell de Govern celebrado este viernes que la deducción alcanzará unos 2.000 euros por contribuyente y se situará entre 600 y 800 euros por vivienda. Se trata, según defiende el Govern de Marga Prohens, de una medida dirigida a pequeños propietarios que mantengan los alquileres dentro de los márgenes de actualización del IPC en el actual contexto de tensión residencial en las islas, donde el precio de la vivienda tanto en compra como en alquiler continúa en niveles récord.
El nuevo instrumento llega en paralelo a la aplicación estatal de la Ley de Vivienda, que contempla mecanismos de contención de rentas en zonas declaradas tensionadas y penalizaciones fiscales para grandes tenedores que no ajusten los precios. El Govern balear, sin embargo, ha optado por una vía distinta al alegar que la política tributaria autonómica puede utilizarse para favorecer la moderación de precios sin recurrir a la intervención directa del mercado.
Costa ha precisado que, una vez aprobada, la deducción se aplicará a las renovaciones contractuales que se formalicen en 2026 y se reflejará en la declaración de la renta correspondiente a 2027. La enmienda se encuentra en fase final de redacción y su aprobación dependerá de la tramitación parlamentaria del proyecto de ley, que podría culminar a finales de marzo o principios de abril si no se producen retrasos.
En este marco, el portavoz del Ejecutivo autonómico ha marcado distancias con la propuesta del Gobierno central de penalizar fiscalmente a los propietarios que incrementen las rentas. Costa ha defendido un enfoque basado en incentivos frente a sanciones. “Vemos con mejores ojos las políticas de incentivos antes que la mano dura y el intervencionismo. Y dentro de las políticas de incentivos, vemos con mejores ojos las políticas de bajadas de impuestos para incentivar que no las de, en este caso, subida del IRPF para desincentivar”, ha subrayado.