El Gobierno remarca que cualquier restricción a la compra de vivienda por extranjeros debe ser “proporcional”

El Gobierno ha respondido a una batería de preguntas de las diputadas de Unidas Podemos por Balears Antònia Jover y Lucía Muñoz sobre la posibilidad de regular la compraventa de vivienda a no residentes en las Islas, limitándose a remarcar que cualquier restricción “deberá ser necesaria, proporcionada y no discriminatoria” y ello ciñéndolo a “razones de orden público o de seguridad pública”.

Así consta en la respuesta oficial a una colección de siete preguntas firmadas por las diputadas a raíz de una moción de Izquierda Confederal aprobada en el Senado en noviembre.

La iniciativa aprobada instaba al Estado a colaborar con el Govern balear “en el análisis de alternativas a la situación actual de adquisición de propiedades inmobiliarias por parte de no residentes en los territorios insulares, comparando las experiencias similares en el ámbito europeo e internacional y valorando la aplicabilidad de las mismas” en España.

En un total de siete preguntas, las diputadas baleares apelaban a las legislaciones emprendidas en otras regiones europeas como Finlandia, las Islas Aland, Dinamarca, Flandes y Malta.

Así, entre otras cuestiones preguntaron si el Gobierno ha estudiado la viabilidad de medidas similares en España; si se propone ampliar los resultados a otras zonas españolas que también tengan “problemas de turistificación”; y cómo pretende impulsar un marco normativo para regular la venta de vivienda a los no residentes.

Asimismo, las diputadas de Unidas Podemos se interesaron por las acciones concretas para iniciar la colaboración con el Govern que le reclamaba el Senado y qué calendario planteaba para dicha labor.

En una respuesta de tres párrafos conocida este lunes, el Gobierno se limita a recordar que el Tratado de Funcionamiento de la UE prohíbe todas las restricciones a los movimientos de capitales entre Estados miembros y entre Estados miembros y terceros países.

Por ello, remarca el Ejecutivo, “esta libertad de circulación de capitales ampara el derecho de los ciudadanos europeos a adquirir segundas residencias en otro Estado de la Unión”. “Cualquier restricción por razones de orden público o de seguridad pública deberá ser necesaria, proporcionada y no discriminatoria”, añade.

En cuanto a las limitaciones impulsadas en otras regiones europeas, el Gobierno incide en que “se recogieron en el Derecho Primario de la UE”: “Así fue el caso de Dinamarca (Protocolo 32 del TUE), Malta (Protocolo 6 de Acta de Adhesión), Finlandia/Islas Aland (Protocolo 2 del Acta de Adhesión) y Croacia (Anejo V del Acta de Adhesión)”, concluye.

Yllanes defiende la limitación

El magistrado y vicepresidente del Govern balear, Juan Pedro Yllanes (Unidas Podemos), manifestó en enero que cree que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) podría aceptar una “excepción balear” para permitir una limitación a la compra de vivienda por parte de no residentes atendiendo a las “circunstancias especiales” que se dan en las Islas.

“Creo que Balears tiene perfectamente justificada su especial necesidad para que finalmente tengamos el visto bueno de Europa para esta limitación”, ha defendido Yllanes, insistiendo en que Balears “cumple los requisitos” para justificar “una medida de prohibición de adquisición de vivienda a los no residentes”.

También comentó que el Govern balear debería “presionar” al Gobierno central para que empiece las negociaciones con la UE. Para él, la limitación impuesta en Canadá es un ejemplo a seguir. Territorios como Balears, “que tienen perfectamente identificado el problema de la vivienda como una de las principales preocupaciones”, deberían poder limitar la compra, en palabras de Yllanes.

Precios elevados

Los precios de la compra y la venta de vivienda en Balears están disparados desde hace años, con el perjuicio que esto supone para los residentes, que cada vez ven más mermado su poder adquisitivo a pesar de las cifras récord de la última temporada turística. El Govern ha reclamado al Ejecutivo central la aprobación de la Ley de Vivienda -que estaba prevista para finales de 2022- para poder declarar todo el archipiélago como “zona tensionada” y así limitar los precios.

La problemática con el precio de la vivienda ocurre en otros territorios españoles, siendo Balears una de las regiones más afectadas por esta escalada de precios, teniendo en cuenta las limitaciones obvias para construir vivienda nueva -las islas son un territorio limitado- y la presión que ejercen los compradores extranjeros con un mayor nivel adquisitivo. El caso de los compradores franceses en Menorca es un ejemplo claro.