La presidenta balear del PP achaca a la 'okupación' la escalada de precios: “La propiedad privada se defiende”
La presidenta del Govern balear, Marga Prohens (PP), ha priorizado este martes la vía punitiva sobre la regulación como medida para hacer frente a la crisis habitacional: la 'okupación' en el centro de su respuesta a la crisis habitacional: “La propiedad privada se defiende y a los 'okupas' se les saca en 24 horas”, ha aseverado en respuesta a una pregunta formulada por el diputado de Unides Podem, José María García, quien ha recriminado a la líder autonómica que “criminalice la pobreza” y de eludir el impulso de medidas estructurales para garantizar el acceso a la vivienda.
La cámara balear ha vuelto a ser este testigo del desencuentro entre el Ejecutivo del PP y la oposición de izquierdas en materia habitacional en un contexto de precios desbocados. Durante el pleno de este martes, García ha acusado al Govern de priorizar un enfoque punitivo frente a políticas que garanticen el derecho a la vivienda. “Hacen más por culpabilizar a quienes buscan la manera de tener un techo que por buscarles una alternativa habitacional”, ha criticado, cuestionando algunas de las medidas pactadas en esta materia entre conservadores y Vox.
Entre ellas se encuentran la creación de una oficina antiokupación, la exclusión de personas condenadas por usurpación del acceso a vivienda pública o la posibilidad de que personas jurídicas adquieran viviendas de precio tasado, propuestas que los populares han incluido en varias enmiendas presentadas a la ley autonómica de aceleración de proyectos estratégicos, una norma inicialmente impulsada para agilizar inversiones pero convertida a su paso por el Parlament en una herramienta para modificar buena parte del ordenamiento autonómico balear.
El diputado de Podem ha recriminado que estas iniciativas no solo no resuelven el problema estructural del acceso a la vivienda, sino que agravan la exclusión de los colectivos más vulnerables. “Si usted tuviera una visión social de la vivienda, habría facilitado soluciones para quienes no pueden acceder a una”, ha reprochado a Prohens.
En su réplica, la jefa del Ejecutivo ha rechazado estas críticas, acusando a García de “equiparar la política social de vivienda con proteger a los delincuentes” y aseverando que la okupación supone trasladar la responsabilidad social “a la espalda de los propietarios”. “Yo lo tengo claro: a la okupación y a los okupas que usted ha venido a defender se sacan fuera en 24 horas”, ha espetado.
La presidenta también ha elevado el tono contra el Gobierno central y, en concreto, contra la presidenta del Congreso, Francina Armengol, a quien ha acusado de ser “cómplice necesaria de los delincuentes” por no desbloquear la ley antiokupación impulsada por el PP.
El peso de la okupación en la crisis de la vivienda es, según los datos disponibles, marginal. Las cifras del Ministerio del Interior sitúan las denuncias por usurpación y allanamiento en una proporción muy reducida respecto al conjunto del parque de viviendas, muy lejos de explicar las dificultades generalizadas de acceso. Además, organismos como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) vienen señalando que la mayoría de procedimientos vinculados a la okupación no afectan a primeras residencias, sino a inmuebles vacíos, a menudo en manos de grandes tenedores.
La derecha desvía así el foco de los factores que afectan a los precios de forma más determinante, como la especulación inmobiliaria, la presión del mercado turístico y la creciente compra de vivienda por parte de grandes inversores, principalmente internacionales. Informes del Banco de España y estudios académicos alertan de que la concentración de vivienda en manos de grandes propietarios, junto al auge del alquiler de corta duración y la inversión extranjera en zonas tensionadas como Balears, reducen la oferta residencial y empujan los precios al alza. Este proceso, unido a la falta de parque público suficiente, se encuentran en la base de una crisis de acceso que afecta especialmente a rentas medias y bajas.
Un reciente informe del Ministerio de Consumo en colaboración con el CSIC revela, asimismo, que el 63% de las viviendas alquiladas por particulares en Palma pertenecen a multiarrendadores, una cifra superior a la media estatal, que se sitúa en el 61%.