Denunciado por alquilar una barraca de 8 metros cuadrados como vivienda por 695 euros en Mallorca

La Guardia Civil ha denunciado al responsable de comercializar un habitáculo de ocho metros cuadrados por 695 euros en el municipio mallorquín de Maria de la Salut. La barraca se ofertaba en Internet como si tuviera 25 metros. Ante la indignación generada, el anuncio fue finalmente retirado.

La investigación se inició después de que agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) detectaran que la publicación estaba siendo objeto de atención mediática. El comercializador la ofertaba como “ideal para una persona que busque tranquilidad y contacto con la naturaleza, con espacio suficiente para disfrutar también de fines de semana con familiares o amigos” y “con posibilidad de realizar barbacoas”.

La oferta levantó sospechas tanto por las dimensiones como por las condiciones del inmueble, ubicado en suelo rústico. Tras una inspección realizada el pasado 10 de marzo, los agentes comprobaron que la supuesta vivienda era en realidad una caseta de aperos que había sido transformada para uso residencial sin cumplir la normativa. La superficie total apenas superaba los 10 metros cuadrados, de los cuales solo ocho eran habitables.

Además, la edificación presentaba modificaciones recientes destinadas a hacerla habitable, así como instalaciones exteriores propias de una vivienda, lo que refuerza la hipótesis de un uso irregular del suelo rústico.

Como resultado de la inspección, el Instituto Armado ha levantado varias actas: una por incumplir la normativa de cédulas de habitabilidad y vivienda, remitida a la Conselleria de Vivienda; otra por infracción urbanística, trasladada a la Agencia de Defensa del Territorio de Mallorca, y una tercera por vulnerar la Ley de Aguas, al detectarse un pozo sin autorización.

El caso vuelve a poner el foco sobre el auge de las infraviviendas en Balears, un fenómeno cada vez más visible en un mercado tensionado por la falta de oferta y los precios disparados. La proliferación de anuncios de espacios mínimos, muchas veces en condiciones irregulares, refleja hasta qué punto el acceso a una vivienda digna se ha convertido en uno de los principales problemas sociales del archipiélago.