LEER ESTE TEXTO EN CATALÁN
“Si se produjera una inundación como la de 1958 en los días actuales, las consecuencias podrían ser muy graves debido al estado de los lechos de los torrentes y a la gran cantidad de obstáculos que encontraría el agua en su camino”. La frase es una de las más contundentes –y la competencia es alta– entre las que escribió Vicent Prats Ramon para elaborar un estudio sobre las inundaciones que se habían producido en el Pla de Portmany –una llanura de aluvión en el oeste de Eivissa– a lo largo del siglo XX. En 2013, cuando este geógrafo publicó su trabajo, causó cierto revuelo, y no precisamente por ganar algún premio, como el Nit de Sant Joan del Institut d’Estudis Eivissencs. Los mapas adjuntos dejaban muy claro que muchas de aquellas antiguas tierras de cultivo se habían llenado de cemento y hormigón. De viviendas y, también, de hoteles.
El texto miraba hacia atrás para preguntarse qué podría pasar en el futuro. La conclusión era, entonces, pesimista. Por realista: “La vulnerabilidad frente al riesgo de inundación todavía puede aumentar en la zona debido a que todo el frente marítimo del Pla (...) se prevé que se desarrolle urbanísticamente en el futuro (...) de manera que se obstruirá la salida natural al mar de la llanura de inundación. Resulta evidente que (...) podría provocar un aumento del peligro (...) porque supone limitar las posibles salidas al mar de la masa de agua a las nuevas calles previstas, lo cual provocaría incrementos de velocidad y altura del agua”. La conclusión es, ahora, más actual que nunca.
El Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, gobernado por el PP, acaba de presentar el avance del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que pretende desarrollar en los próximos años: varias de las parcelas que todavía siguen libres en aquella zona inundable que dibujó el geógrafo Prats mantienen su condición de urbanizables. ¿Qué planea construir este documento entre las desembocaduras de dos torrentes, unas tierras que hace apenas medio siglo se transformaron en una laguna y que, precisamente, por ser un depósito de aguas siempre fueron muy fértiles? Aparcamientos, jardines y otros equipamientos públicos que no se concretan. También, más hoteles.
¿Qué planea construir el nuevo Plan General de Ordenación Urbana del PP entre las desembocaduras de dos torrentes, unas tierras que hace apenas medio siglo se transformaron en una laguna? Aparcamientos, jardines y otros equipamientos públicos que no se concretan. También, más hoteles.
El equipo de gobierno elude responder
elDiario.es solicitó entrevistar a Marcos Serra Colomar, alcalde de Sant Antoni, o Eva Prats Costa, concejala de Urbanismo, para analizar el avance del nuevo PGOU, que ya está aprobado y, con la lentitud que dictan estos procesos, que suelen durar toda una legislatura, ha empezado a tramitarse. No hubo respuesta, sin embargo, de un equipo de gobierno que goza de una amplia mayoría absoluta: 12 regidores de 21.
En el pleno –celebrado el pasado 28 de agosto, y en la rueda de prensa en la que presentó las líneas maestras del avance del PGOU– el alcalde Serra ensalzó los que considera sus puntos fuertes: “Este plan no es solo crecimiento; es regulación. Regulariza núcleos rurales sin urbanizar, dota de servicios y amplía zonas verdes. Es una manera de responder a demandas sociales y económicas, y de preparar al municipio para el futuro. (...) Buscamos dar seguridad jurídica a los propietarios y generar planificación coherente, evitando que se multipliquen construcciones ilegales y sin control en los próximos años”. No hubo críticas explícitas al modelo heredado. Sí las hubo, en cambio, en el pleno: la oposición votó en contra. PSOE, Unides Podem y Vox estuvieron de acuerdo en criticar “la falta de transparencia”, “la ausencia de una memoria económica” o “el crecimiento a costa de permitir que se construya en zonas inundables”.
Este plan no es solo crecimiento; es regulación. Regulariza núcleos rurales sin urbanizar, dota de servicios y amplía zonas verdes. (...) Buscamos dar seguridad jurídica a los propietarios y generar planificación coherente, evitando que se multipliquen construcciones ilegales y sin control en los próximos años
Casi cinco hectáreas edificables entre dos torrentes
El primer edil no agarró la patata caliente de esa franja situada entre los cauces que recogen el agua de las pequeñas montañas que, por el sur y por el norte, rodean al Pla de Portmany. El PGOU actual, aprobado en el 87 por un gobierno de derechas, con alcalde de Alianza Popular, lo propició, pese a que los políticos que controlaban el municipio eran lo bastante viejos como para recordar la crecida –de un metro– que había ocurrido tres décadas antes sin que sus mayores se la hubieran contado como si se tratara de una leyenda.
El PGOU que vendrá, si no sufre modificaciones durante su período de exposición pública y participación ciudadana, no lo enmienda, aunque el asunto está cogido con pinzas: los terrenos se muestran como zona potencialmente inundable en el visor de aguas del Govern –y también en el Plan Territorial Insular del Consell d’Eivissa–, pero no aparece en el registro de Áreas con riesgo potencial significativo de inundación del Ministerio para la Transición Ecológica. La puerta queda abierta en un municipio donde –según los últimos estudios de Idealista– se están vendiendo viviendas usadas a casi 7.000 euros el metro cuadrado. La zona inundable que podría urbanizarse ocupa nueve hectáreas, la mitad (45.000 metros cuadrados) son edificables.
“¿Qué podemos decir? Que tenemos muy mala memoria. La naturaleza, de vez en cuando, enseña sus papeles de propiedad y el agua alcanza el límite de su territorio fluvial. Es obvio que la desembocadura de un torrente, a cada lado, debe respetar una zona de flujo preferente. Es decir, debe de estar libre de construcción”, razona Juan Calvo Cubero. Este doctor en Ciencias Biológicas por la East Carolina University estadounidense y Máster en Gestión Integrada del Agua (Universidad de Zaragoza), posee experiencia en la gestión pública (fue secretario general de l’Agència Balear de l’Aigua –Abaqua–) y, desde 2017, coordina la labor de la Alianza por el Agua de Eivissa y Formentera, un colectivo que ejerce de lobby para conseguir “una gestión más sostenible” de este recurso hídrico.
¿Qué podemos decir? Que tenemos muy mala memoria. La naturaleza, de vez en cuando, enseña sus papeles de propiedad y el agua alcanza el límite de su territorio fluvial. Es obvio que la desembocadura de un torrente, a cada lado, debe respetar una zona de flujo preferente. Es decir, debe de estar libre de construcción
“El sentido común dicta que sean espacios libres”
Calvo, que conoce el trabajo del geógrafo Prats, y sigue con detalle los planes de Sant Antoni para renovar un PGOU redactado hace casi cuarenta años, propone una alternativa a las intenciones municipales: “El sentido común dicta que el territorio entre el Torrent de Buscastell y el Torrent des Regueró sea convertido en espacios libres para que los disfrute la ciudadanía y, en esos momentos de grandes lluvias, puedan convertirse en una llanura de laminación y se pueda evacuar el agua de la forma más natural posible. El Reglamento de Restauración de la Naturaleza es una oportunidad para obtener fondos europeos para convertir lugares como esas desembocaduras en espacios verdes que tengan un valor para los ciudadanos”.
La conservación de marismas y marjales es otra de las especialidades de este biólogo. Su apunte, cuando habla de “espacios verdes” ni es caprichoso ni a jardines entre viviendas. Como también expone el estudio del geógrafo Prats, que, además de en bibliografía científica, se basó en conversaciones con personas nacidas entre 1929 y 1948 que recordaban las inundaciones del 58 –y los más mayores, otra sucedida en el 47–, antes de que los materiales de construcción levantaran muros en la orilla del Mediterráneo, Calvo invita a pensar en que la costa de Sant Antoni era muy distinta no hace demasiadas décadas. Donde hoy hay un paseo marítimo, palmeras, una playa, varias discotecas –cubiertas y descubiertas–, franquicias de comida rápida, pantalanes y muelles, un club náutico, y bloques –de hoteles y viviendas– alternándose con plantas bajas a las que se les sumó uno o dos pisos, hubo un humedal.
Donde hoy hay un paseo marítimo, palmeras, una playa, varias discotecas –cubiertas y descubiertas–, franquicias de comida rápida, pantalanes y muelles, un club náutico, y bloques –de hoteles y viviendas– alternándose con plantas bajas a las que se les sumó uno o dos pisos, hubo un humedal
Los más viejos del pueblo, como Vicent Marí Prats –nacido en 1935, hijo del último alcalde republicano de Sant Antoni, primer alcalde de la restauración democrática, por la UCD– recuerdan “haber pescado anguilas los días de lluvia” durante su adolescencia, a finales de los cuarenta. El boom turístico, una década más tarde, cuando la última gran inundación, cambió el panorama y las ocupaciones: Vicent Marí Prats no fue pescador, ni tampoco payés. Las tierras que heredó, conocidas como el Bosc d’en Frit por ser una pineda adaptada al cultivo que marcaba el final de la zona inundable, se fueron parcelando para llenarse de casas y hoteles, todavía gestionados por su familia.
Modificar el planeamiento para salvar los falsos urbanos
A los dos años de llegar a la alcaldía, el alcalde Serra salvó la condición de urbanas de aquellos solares ya urbanizados. Lo hizo, in extremis, modificando vía pleno el PGOU en vigor para evitar que el segundo Govern de Francina Armengol, de centroizquierda, decidiera, a través de un decreto urgente de protección de territorio, el futuro de unas porciones que encajaban perfectamente en lo que el derecho denomina como “falsos urbanos”. Un término elocuente: son suelos clasificados como urbanos pero carecen de los servicios básicos para serlo. Otros dos pedazos del mapa municipal se libraron de una posible protección. Uno fue la llanura de aluvión que tanto preocupa a las asociaciones ambientalistas. El otro, la vertiente norte de sa Talaia de Sant Antoni, un cerro de 136 metros que le da a las calles de este pueblo forma de tobogán. A apenas un kilómetro de distancia de esa falda donde se pretende permitir la construcción de casas unifamiliares, ahora mismo, se construye una desaladora portátil.
A los dos años de llegar a la alcaldía, el alcalde Serra salvó la condición de urbanas de aquellos solares ya urbanizados. Lo hizo, 'in extremis', modificando vía pleno el PGOU en vigor para evitar que el segundo Govern de Armengol decidiera, a través de un decreto urgente de protección de territorio, el futuro de unas porciones de suelos clasificados como urbanos pero que carecen de los servicios básicos para serlo
“No solo nos preocupa el exceso de salmuera sino la forma en que actualmente la desaladora vierte esa salmuera en la bahía, incumpliendo lo que la normativa indica. A día de hoy, y todo parece que si se amplía con una desaladora móvil próximamente que usará también la misma canalización de evacuación, la salmuera es vertida a pocos metros de la costa lo que ya ha provocado un desierto subacuático en la zona al arrasar con toda la flora y fauna que la habitaba”, explica Fran Tienda Pachón. Licenciado en Biología y profesor en uno de los institutos públicos de Sant Antoni, habla en nombre de Salvem Sa Badia, entidad que preside y que nació en 2019 con el propósito de frenar la degradación e impulsar la recuperación de la bahía. La misma media luna en la que desaguan los torrentes que estudió el geógrafo Prats y que en su estado actual (tierras cimentadas; acequias cegadas; conductos bajo las carreteras que han ido apareciendo en la superficie demasiado estrechos, demasiado inclinados) suponen un riesgo.
Residuos devueltos al mar
“Es sorprendente que tras tantas experiencias previas con este tema se sigan desarrollando planeamientos que no tengan en cuenta las salidas naturales del agua. Se impide la infiltración natural, aumenta la escorrentía superficial que arrastra contaminantes, se pierden ecosistemas de gran valor como humedales y reduce hábitats de aves, peces y especies acuáticas y favorece una mayor erosión de orillas”, continúa Tienda, que liga el agua natural que no llega con los residuos que la desaladora actual devuelve al mar: “Si el volumen de agua a desalar sigue aumentado por el aumento de la demanda, el efecto negativo de la salmuera se ampliará, pudiendo afectar a las zonas colindantes donde aún se pueden detectar organismos, algunos de ellos incluidos en los catálogos de especies protegidas y en peligro”.
Es sorprendente que tras tantas experiencias previas se sigan desarrollando planeamientos que no tengan en cuenta las salidas naturales del agua. Se impide la infiltración natural, aumenta la escorrentía superficial que arrastra contaminantes, se pierden ecosistemas de gran valor, reduce hábitats de aves, peces y especies acuáticas y favorece una mayor erosión de orillas
Esa “desaladora modular”, como la llaman en la Conselleria de la Mar i del Cicle de l’Aigua, se sacó a concurso el pasado abril y se ha empezado a levantar en plena temporada turística. Su coste se cifró en un máximo de 786.000 euros. Los mil litros cúbicos que cada día podrá sacar del Mediterráneo e inyectar –sin sal– en las tuberías ibicencas pretenden “reforzar la producción de agua durante el verano y reducir la presión sobre los acuíferos”, como explicó la nota de prensa lanzada por el departamento del Govern del que depende Abaqua.
El gerente de esta agencia, Emeterio Moles, ha defendido la necesidad de la cuarta desaladora que funcionará en Eivissa –está prevista para principios de 2027, en Sant Josep de sa Talaia, y costará unos 50 millones de euros–, y el alcalde Serra confía en que esta planta evite lo que, sin ir más lejos, ocurrió durante el verano de 2024: las restricciones en la red que tuvo que aplicar Sant Antoni por falta de suministro. Y, de paso, abastecer a las casi 2.000 viviendas que el avance del PGOU contempla construir en suelos que se declararán urbanizables gracias a la ley del Govern de Marga Prohens (PP) que concede a los municipios de más de 10.000 habitantes el poder de construir las áreas libres que rodean los cascos urbanos. Entre esas nuevas casas, las primeras mil a precio tasado de las que dispondría un municipio que sufre un éxodo –silencioso– de población por el coste inasumible de la vida.
El nuevo PGOU contempla construir casi 2.000 viviendas en suelos que se declararán urbanizables gracias a la ley del Govern Prohens (PP) que concede a los municipios de más de 10.000 habitantes el poder de construir las áreas libres que rodean los cascos urbanos
“Creo que no tienen garantizado el suministro de agua”, apunta Juan Calvo, “porque nos consta que se reduce la presión para llevar agua a todas las casas. Sigue habiendo operadores privados con pérdidas importantes en la red. La desaladora portátil no deja de ser un parche. La capacidad de desalación de la isla son 44.000 metros cúbicos diarios y esta ampliación son 1.000 metros. Y aunque esté situada en Sant Antoni, no es sólo para ese municipio”.
–Con la cuarta desaladora parece que vamos hacia ese modelo, prácticamente una por municipio.
–Las desaladoras son una solución provisional para recuperar los acuíferos, nunca [deben destinarse] para crecer más. La desalación siempre llega tarde. Desde que se idea hasta que se construye suelen pasar diez años. Cuando entra en funcionamiento se produce un efecto rebote: tienes más recursos, generas más demanda. Parece que será justificación para seguir creciendo. Hay que ser más eficientes y cerrar el ciclo del agua. No podemos permitirnos tener este gasto de desalación y depuración… y que el agua vaya al mar. Es un despropósito. Hay que poner un límite al crecimiento y a la masificación. Todos los acuíferos de la isla –incluidos los de Sant Antoni– están en una situación muy grave. Sólo se salvan un poco los del norte de Eivissa.
28.000 habitantes y 15.000 plazas turísticas ilegales
Sant Antoni roza ahora los 28.000 habitantes, con unas 15.000 plazas turísticas legales, pero para el alcalde Serra su planeamiento no es expansionista. ¿El motivo? Reduce de casi 100.000 a algo más de 50.000 la población –residente y flotante– que podría asumir un término municipal de 121 kilómetros cuadrados. A principios de los ochenta, los redactores del PGOU actual consideraron que, entre vecinos y turistas, podrían llegar a dormir hasta mil personas por cada millón de metros cuadrados. Una densidad que –reducida a los confines del pueblo de Sant Antoni, donde vive apiñada el 80% de la población, donde se concentran la mayor parte de turistas que acuden a un destino que el socialista Iago Negueruela, cuando fue conseller de Turisme, intentó catalogar como “de excesos” para fomentar su reconversión, el alcalde Serra se negó– no está tan lejos de las de los municipios de l’Horta Sud barridos por la ola de la DANA.
Por otras razones (macropolígonos industriales, ser dormitorios de la gran ciudad) aquellos pueblos agrícolas también crecieron sin medida hasta tapar la salida del agua a l’Albufera, otro marjal. En su estudio, el geógrafo Prats indicaba dos datos que, leídos hoy, tienen una relación muy directa con la barrancà valenciana. El primero, que cuando se inundó el Pla de Sant Antoni, allí abajo no llovía, y los vecinos se dedicaban a sus labores –campesinas– sin estar excesivamente preocupados. La segunda, que las dos inundaciones ocurrieron en los últimos días de octubre. Los 217 litros que se acumularon en las montañas ibicencas en poco más de veinticuatro horas fueron muchos menos que los 771 que cayeron sobre Turís y su pantano hace ahora diez meses, pero bastaron para desbordar los torrentes del Pla de Portmany. Hubo daños materiales muy cuantiosos pero, por fortuna, sólo dos muertos. “Dos niños alcanzados por un rayo”, dice el estudio del geógrafo Prats. Ahora, el paisaje entre el monte y el mar está repleto de trabas que podrían ser una trampa.