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Un juez ha archivado la denuncia interpuesta por 36 policías investigados en su día en el conocido como caso Cursach, quienes acusaban a un funcionario de prevaricar para beneficiar al exjuez de la causa, Manuel Penalva, y al exfiscal Miguel Ángel Subirán. En concreto, los agentes, que durante años estuvieron en el foco de las pesquisas de Penalva y Subirán por supuestas prácticas corruptas desplegadas en el seno de la Policía Local de Palma con el objetivo de proteger los intereses del magnate Bartolomé Cursach, señalaban al empleado público al considerar que había dictado resoluciones injustas a sabiendas con el objetivo de favorecer a ambos juristas, quienes durante cerca de tres años buscaron desentrañar las supuestas actividades mafiosas de Cursach para salvaguardar su autoridad en la noche balear.
En concreto, el auto ha sido dictado por el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Palma, que ha acordado el sobreseimiento libre y archivo de la denuncia presentada contra el letrado de la Administración de Justicia (LAJ) de la Sección Primera de la Audiencia Provincial por un presunto delito continuado de prevaricación.
En su resolución, el magistrado señala que el retraso en la tramitación de la ejecución de la sentencia del caso Cursach “no significa que el mismo deba ser considerado delictivo e integrador del artículo 449 del Código Penal”. Según el juez, “se trataba de una causa muy compleja y con numerosas partes, oficialmente reconocida como causa de especial complejidad, lo que demoraba los trámites y las notificaciones a todas las partes de las múltiples resoluciones que se iban dictando”, por lo que “esos retrasos no pueden entenderse como maliciosos”. También rechaza que “existiese un interés personal e ilegítimo del LAJ en perjudicar a las partes y a la normal marcha del procedimiento en cuestión”.
Sobre si el LAJ actuó bajo indicaciones de los magistrados de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears (TSJIB), como apuntaban los denunciantes, el magistrado destaca que “resulta sorprendente hacer una afirmación tan grave sin exponer en la denuncia, en lo más mínimo, en qué consistió esta supuesta connivencia, los motivos de la misma y las finalidades de la misma, extremo en el que la denuncia resulta huérfana”.
De acuerdo con el auto, “no se justifica la apertura de un proceso penal para la investigación de unos hechos que, ya desde el primer momento, no se presentan como verosímiles en tanto que carecen de cualquier apoyo probatorio, aportado u ofrecido en la denuncia o en la querella, que pueda ser considerado accesible y racional”. Así las cosas, el magistrado archiva la causa al rehusar que se hubiese producido un presunto retardo malicioso, mientras que, sobre la supuesta complicidad entre el funcionario y los magistrados del TSJIB, abunda en que “no se admite a trámite por ”falta absoluta de explicación de la supuesta connivencia“. Con todo, aclara que su Juzgado no sería el competente para instruir tales hechos.
Cabe recordar que el sumario del caso Cursach llegó a contener más de un centenar de imputados y hasta cuarenta encarcelados, además de acusaciones de delitos que abarcaban desde corrupción de menores hasta un presunto homicidio y episodios como supuestas fiestas con sexo, alcohol y drogas en la sala VIP de una de las discotecas de Cursach con las que, según sostenían los antiguos investigadores de la causa, se agasajaba a un nutrido número de policías locales a cambio de garantizar la protección del magnate. En total, cerca de 70 agentes –de una plantilla de 800– terminarían encausados, además del histórico empresario de la noche palmesana y varios de sus acólitos.
Sin embargo, la causa fue desinflándose con el transcurso de los años hasta quedar prácticamente dinamitada por falta de pruebas. Bartolomé Cursach acabó absuelto y, en un giro inédito de guion, Penalva y Subirán se enfrentan en la actualidad a una condena de nueve años de prisión por delitos de obstrucción a la justicia, omisión del deber de perseguir filtraciones y coacciones a raíz de las prácticas ilícitas que, según consideró probado el TSJIB, desplegaron para apuntalar sus tesis acusatorias y allanar futuras condenas. Con todo, la sentencia contra ambos no es firme y se encuentra pendiente de la resolución de los distintos recursos de casación interpuestos en el Tribunal Supremo.