Las ONG acusan al PP de alertar “falsamente” de un foco de hantavirus para desalojar a decenas de personas sin hogar en Palma
Más de un centenar de personas que residían en la antigua prisión de Palma han abandonado ya el recinto antes de que expire el plazo fijado por el Ayuntamiento para ejecutar el desalojo, según ha señalado este lunes el alcalde de Palma, Jaime Martínez (PP), en una rueda de prensa en la que ha defendido el operativo de recuperación posesoria impulsado por el Consistorio sobre el viejo complejo penitenciario. El último censo elaborado por la Policía Local contabilizaba 208 personas que malvivían desde hace años en el antiguo penal entre residentes sin recursos, trabajadores precarizados y migrantes.
Las entidades sociales, sin embargo, rechazan el argumento de la voluntariedad después de que el Consistorio otorgase cinco días hábiles -hasta el próximo miércoles- para abandonar el recinto antes de iniciar la vía judicial. “Sin opciones, no hay voluntad posible. Lo que se les está ofreciendo es que, voluntariamente, se vayan a vivir a la calle”, recriminan.
Asimismo, los colectivos sociales acusan al Consistorio de difundir información falsa y alarmista sobre un supuesto foco de hantavirus en la antigua prisión para justificar la urgencia del operativo. En un reciente informe, la corporación municipal sostiene que las condiciones de insalubridad de la antigua prisión, junto con la “importante presencia de ratas”, podrían favorecer la propagación de enfermedades infecciosas entre las personas que residen en el recinto e incluso extenderse fuera de él. El documento menciona expresamente patologías como el hantavirus, el tifus murino o la peste, y asevera que el avanzado estado de deterioro del inmueble podría favorecer el ciclo de transmisión de este tipo de patologías.
Las entidades, entre ellas Médicos del Mundo, han cuestionado duramente estas afirmaciones, con las que, a su juicio, que califican de “alarmistas” y carentes de base científica suficiente, y reprochan al Ayuntamiento estar tratando de generar miedo y estigmatizar a los residentes para legitimar el desalojo en lugar de reforzar los recursos de acogida y garantizar alternativas habitacionales dignas. La organización recrimina la “grave falta de previsión y planificación” del Consistorio ante el desalojo y alerta de que cientos de personas pueden quedar abocadas a una situación de mayor exclusión y vulnerabilidad.
Según el alcalde, actualmente permanecen en el interior del antiguo penal 101 ocupantes, por lo que el Ayuntamiento da por hecho que 107 personas han abandonado voluntariamente el recinto desde que comenzó el procedimiento.
Martínez asegura que parte de quienes se han marchado se han trasladado a la Península, otros han encontrado trabajo o una salida residencial y algunos han ingresado en prisión. Además, 45 personas han sido derivadas al Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS). El alcalde ha insistido en que el Ayuntamiento no ha detectado que quienes han abandonado el recinto se hayan asentado en otros enclaves informales de Palma. “Si identificamos movimientos en los asentamientos, se actúa. Pero no se ha identificado nada extraordinario”, ha señalado.
Las entidades sociales, sin embargo, el argumento de la voluntariedad después de que el Ayuntamiento diese cinco días hábiles -hasta el próximo miércoles- para abandonar el recinto antes de iniciar la vía judicial. “Sin opciones, no hay voluntad posible. Lo que se les está ofreciendo es que, voluntariamente, se vayan a vivir a la calle”.
La semana pasada, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento reactivó el desalojo tras desestimar las 45 alegaciones presentadas por los residentes del recinto, todas ellas “de contenido idéntico”, según el Consistorio. El equipo de gobierno sostiene que las personas afectadas han tenido acceso a recursos sociales y alternativas habitacionales, y justifica la continuidad del operativo por el “grave deterioro” de las instalaciones, que, de acuerdo con informes de la Policía Local, Bomberos y el área de Sanidad, presentan problemas de insalubridad y riesgo de incendio. A partir de ahora, el Ayuntamiento iniciará la fase definitiva de notificaciones, concediendo un plazo de cinco días hábiles para abandonar voluntariamente el recinto antes de solicitar autorización judicial para ejecutar el desalojo forzoso.
A lo largo de las últimas semanas, trabajadores municipales y agentes de la Policía Local registraron nombres y documentos en formularios administrativos que abrían la puerta al desalojo de uno de los mayores asentamientos de sinhogarismo de la ciudad. Muchos de los residentes denuncian que no tienen adónde ir y que ni siquiera pueden acceder a una habitación en una ciudad donde el precio medio del alquiler se ha disparado.
“Quizás coja un carro y pasee por la calle”, lamentaba en febrero Silvino, jubilado asturiano y antiguo cocinero que llegó a la vieja prisión tras perder la habitación donde vivía cuando el alquiler subió por encima de lo que podía pagar con su pensión. Otros residentes aseguraban trabajar en la construcción, la hostelería o empleos precarios mientras sobrevivían en el recinto sin agua ni electricidad, entre paredes deterioradas, escombros y basura acumulada.
El Ayuntamiento justifica la actuación por motivos de seguridad y salubridad tras los incendios registrados en el interior de la antigua cárcel durante las últimas semanas. El primer teniente de alcalde, Javier Bonet, llegó a sugerir públicamente que algunos fuegos podrían haber sido provocados por los propios ocupantes, una hipótesis planteada sin pruebas concluyentes y que las entidades sociales consideran estigmatizante.
Intervención urbanística en la zona
El gobierno municipal sostiene además que el desalojo forma parte de una intervención urbanística más amplia. Una vez vaciado el recinto, el Consistorio prevé tapiar y demoler el edificio para construir una nueva rotonda y un acceso viario vinculado al proyecto del Consell de Mallorca, además de impulsar futuras promociones de vivienda en el solar.
La mayoría de las personas que todavía permanecen en la antigua prisión se encuentran en situación administrativa irregular, lo que dificulta su acceso a recursos públicos de acogida. “Puede ser que haya perfiles que estén de manera irregular en la ciudad y que no puedan acceder a según qué tipo de ayudas sociales”, ha reconocido Martínez, quien ha confiado en que el futuro proceso estatal de regularización extraordinaria “abra una ventana” para estas personas.
Todo ello ocurre en una de las ciudades con el mercado inmobiliario más tensionado de España. En marzo, el precio de la vivienda en Palma alcanzó los 5.117 euros por metro cuadrado -frente a los 2.709 euros de media estatal-, consolidándose así como uno de los mercados más caros del país, “impulsado por la alta demanda y la presión internacional”, según Idealista. La capital balear concentra además buena parte de la vivienda en manos de grandes tenedores: 8.652 inmuebles.