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La mañana de este viernes ha comenzado con revuelo en Santa Eugènia. Apenas una semana después de que elDiario.es desvelara la proliferación de cámaras de videovigilancia instaladas en el municipio, los operarios municipales han comenzado a retirarlas, desatornillando dispositivos de fachadas y farolas. A lo largo de estos días, este municipio del interior de Mallorca y apenas 1.800 habitantes se ha visto sorprendido por un debate inesperado: mientras unos vecinos ponían en cuestionamiento la transparencia, la ubicación y la proporcionalidad de los artilugios, otros apelaban a la necesidad de garantizar la seguridad de un pueblo con tan solo dos agentes municipales.
Aunque la retirada súbita de las cámaras incrementa las dudas jurídicas acerca de la situación previa de los equipos y sobre la existencia o no de un expediente formal ante la Delegación del Gobierno, el alcalde, Pep Lluís Urraca, señalaba este mediodía a elDiario.es que todas las cámaras “estaban desactivadas desde agosto y pendientes de autorización”. Minutos después, sin embargo, ha dado la orden de retirarlas. Dos operarios han recorrido el pueblo con un camión grúa para desinstalarlas una por una. El giro repentino ha sorprendido a los residentes, que en su mayoría desconocían la existencia de un sistema tan extenso.
La normativa exige que cualquier sistema de videovigilancia instalado por una administración cumpla con los criterios de proporcionalidad, finalidad legítima y evaluación de impacto, y cuente con autorización expresa si afecta a espacios públicos o itinerarios sensibles. Si bien el primer edil justificaba estos días que se trata de una medida disuasoria y que solo la Policía Local tenía acceso a las cámaras, el movimiento de última hora por parte del Ayuntamiento abre un nuevo escenario: la retirada visible de los dispositivos contradice su mensaje inicial y plantea interrogantes sobre el estado real de las cámaras en los últimos meses. El Consistorio sostiene que estaban apagadas desde agosto, pero la secuencia errática de este jueves invita a revisar la trazabilidad completa del sistema.
La oposición pide información y explicaciones
En este contexto, el portavoz de la oposición (PP), Pep Bonnín, ha pedido formalmente a Urraca información sobre quiénes han tenido acceso a las imágenes y si existe un registro de accesos, tal como exige la normativa. La solicitud de los populares incluye también todos los acuerdos municipales, los informes de la Policía Local, los contratos con la empresa instaladora y el coste total del sistema desde junio de 2019.
El consistorio deberá aclarar qué dispositivos estaban instalados, qué registros se generaron y qué documentación se remitió a la Delegación del Gobierno. La transparencia en este punto es clave para restituir la confianza institucional y garantizar que cualquier uso de tecnología en el espacio público se ajuste a la legalidad. El debate sobre la videovigilancia pública está abierto.
El papel de la Delegación del Gobierno
La normativa estatal obliga a que cualquier sistema fijo de videovigilancia con fines de seguridad ciudadana cuente con autorización previa del delegado del Gobierno, acompañada de informes policiales, planos de ubicación, descripción técnica de los equipos y un plan de señalización visible para advertir a la población. Sin este procedimiento, las instalaciones se consideran no válidas y deben ser regularizadas o retiradas. Esto último es lo que finalmente se ha decidido hacer en Santa Eugènia.
Por su parte, la Delegación del Gobierno ha explicado a este diario que, a través de la Federación de Entidades Locales de les Illes Balears (FELIB), ha emitido un requerimiento a todos los municipios que tengan cámaras sin regularizar para que soliciten la autorización correspondiente. Añaden que se actuará en consecuencia ante toda instalación que no se ajuste a la legalidad vigente en el plazo establecido.
El PSIB ha justificado los motivos de la red de cámaras pero no se ha pronunciado sobre la desproporción del número de dispositivos desplegados en un municipio de dos mil habitantes, ni sobre la falta de señalización obligatoria en diversos puntos, ni sobre la obligación anual de renovar las autorizaciones, ni sobre el hecho de que varias fuentes conocedoras del sistema han confirmado a este diario que el alcalde habría visualizado las imágenes en su ordenador.
La Agencia Española de Protección de Datos afirma que no puede pronunciarse sin un procedimiento formal que permita analizar el caso con toda la documentación necesaria. En su respuesta a este diario señala que no puede valorar actuaciones de forma previa porque estas situaciones deben analizarse en el marco de un expediente con todos los elementos disponibles.
La normativa exige que, antes de presentar una reclamación, se solicite el ejercicio de los derechos ante la entidad responsable, en este caso el Ayuntamiento de Santa Eugènia. Si no se obtiene una respuesta adecuada, puede dirigirse a la AEPD, que dispone de modelos específicos para facilitar el trámite.