Una pelea entre 28 adolescentes en el centro de primera acogida de Ibiza acaba con una monitora herida

Una pelea en la que se han visto involucrados 28 adolescentes en el centro de primera acogida de menores de Sa Coma (Eivissa) y que terminó este lunes con una monitora herida leve ha vuelto a poner de relieve las diferencias entre los partidos que gobiernan las distintas instituciones del Estado. De la gestión en materia migratoria que se deriva se han responsabilizado unos y otros. Los hechos empezaron con una trifulca entre los adolescentes que fue escalando hasta el punto que requirió de la intervención de la Guardia Civil, ha explicado este martes por la mañana durante una comparecencia de urgencia Carolina Escandell (PP), la consellera de Bienestar Social del Consell Insular, administración competente en cuanto a la guarda y tutela de menores.

En un intento de desactivar la situación que se había desatado, no en el centro Pare Morey, sino en el centro de primera acogida ubicado en las mismas instalaciones de sa Coma, la monitora se vio afectada. Sin embargo, en ningún momento fue una agresión directa hacia ella, ha aclarado Escandell a raíz de las publicaciones en medios de comunicación. Ahora, la trabajadora del centro se encuentra herida leve y bajo seguimiento médico y ya se ha activado un protocolo de actuación por lo sucedido, así como las denuncias pertinentes.

El recurso de primera acogida se puso en marcha en noviembre de 2024 cuando el Consell d’Eivissa se vio obligado a habilitar un nuevo espacio en el recinto de Sa Coma para albergar a quince menores migrantes cuya llegada en menos de 48 horas puso en peligro de colapso –en palabras de la institución– el centro Padre Morey, donde antes convivían menores del circuito de atención social habitual y menores extranjeros no acompañados que, al llegar a las islas por vía irregular, pasaban directamente a estar bajo la tutela del Consell Insular.

Desde el Consell han lamentado que lo ocurrido a las 15 horas del lunes en el centro de primera acogida era “algo que tenía que terminar pasando” ante la tensión acumulada en las instalaciones. En conjunto, en los dos centros de sa Coma, hay actualmente 109 menores, informa un portavoz de la institución: 60 de ellos son menores migrantes. Escandell ha insistido en la necesidad de diferenciar entre el circuito ordinario de protección de menores y el que se activa en contextos de llegada de menores migrantes no acompañados, en lo que ha calificado de crisis migratoria “descontrolada” frente a la que, sostiene, el Consell no tiene “capacidad de actuación”. 

Como ejemplo, ha recordado que la semana pasada llegaron nueve menores en apenas 24 horas a bordo de pateras que arribaron a las Pitiüses, un territorio muy limitado y con carencias estructurales en el ámbito asistencial. La llegada se produjo en un contexto de aumento sostenido de entradas por vía marítima: solo el 24 de febrero fueron rescatados al menos 156 migrantes en ocho embarcaciones localizadas en Formentera y en otra avistada cerca de Cabrera. Al día siguiente arribaron otras siete pateras a Balears con 126 personas a bordo.

El pasado jueves, tres embarcaciones con 81 personas a bordo, entre ellas diez mujeres y dos bebés, desaparecieron en la ruta argelina con el archipiélago. Una de ellas fue detectada por Salvamento Marítimo que rescató el cayucó a 56 millas de Eivissa. En ella viajaban los dos bebés, que permanecen ingresados en el Hospital Can Misses con cuadros de deshidratación e hipotermia, según han confirmado a elDiario.es fuentes del Área de Salud pitiusa.

El PSOE lamenta falta de inversión

Desde la oposición, el grupo socialista en el Consell ha expresado en otra convocatoria de urgencia su “máxima preocupación” por una situación que, aseguran, llevan “tiempo denunciando”. La portavoz del PSOE, Elena López, acusa al PP de “esquivar” sus responsabilidades como administración competente en la tutela de menores desamparados, independientemente de su edad o de su nacionalidad, ha matizado. 

A ojos de los socialistas, el Ejecutivo local no está realizando la inversión necesaria ni en infraestructuras ni en personal, lo que ha derivado en una saturación que precariza la atención y que, sostiene, se utiliza como “herramienta” política para confrontar con el Gobierno central. “Si realmente estuvieran preocupados, destinarían los recursos necesarios a atender a estos menores en lugar de priorizar otras partidas como la promoción turística”, ha valorado López.

La portavoz también ha subrayado que la competencia en protección de menores es “exclusiva” de la institución insular y ha cuestionado que, si realmente faltan fondos, no se soliciten al Govern balear. Además, ha criticado que, mientras el centro sufre falta de personal y equipamiento “no dimensionado” al número de menores, el Consell priorice partidas como los diez millones anuales invertidos en promoción turística. Los socialistas han ido más allá y han solicitado la dimisión de la consellera Escandell, a la que acusan de no ejercer su responsabilidad y de estar supeditada a las directrices políticas del presidente, Vicent Marí, y el vicepresidente y conseller de la institución, Mariano Juan.

Un crecimiento “sin precedentes”

El sistema de acogida residencial de menores ha experimentado un crecimiento “sin precedentes” en los últimos años. Cuando el actual equipo de gobierno accedió a la institución, en 2019, existían dos centros –Pare Morey, en Sa Coma y Llar Mare del Remei, para menores de 0 a 11 años– que sumaban 22 trabajadores. En marzo de 2026, según los datos facilitados por el Consell, la red se ha ampliado hasta once recursos. Los dos centros de gestión directa del Consell –Pare Morey y Migjorn, ambos en Sa Coma– cuentan con 47 profesionales en plantilla estructural, a los que se han sumado 31 contrataciones temporales desde diciembre de 2023 para cubrir eventualidades. Los otros nueve dispositivos, gestionados por entidades del tercer sector mediante contratos o conciertos, reúnen a alrededor de 109 trabajadores.

El Consell ha asegurado, al ser preguntado por elDiario.es, que tiene en preparación un nuevo contrato para 42 plazas de primera acogida que incorporará a otros 28 profesionales. En términos globales, el Consell asegura haber pasado de 22 trabajadores dedicados a la atención residencial de menores en 2019 a 156 en 2026, cifra que aumentará cuando se formalice la nueva licitación, han añadido. El incremento también se refleja –continúan– en el presupuesto, que según afirman pasará de los 2,57 millones de euros del anterior gobierno a superar los diez millones de euros en 2026.

El Consell Insular asegura haber pasado de 22 trabajadores dedicados a la atención residencial de menores en 2019 a 156 en 2026

La deportación colectiva de menores, ilegal

Las diferencias entre el PP –que gobierna todas las instituciones de la isla– y el PSOE vienen de lejos. El pasado 27 de octubre, el Consell Insular pidió a la Delegación del Gobierno en Balears la repatriación de 77 menores argelinos que se encuentran bajo su tutela. El argumento del Gobierno local es que la situación de los centros de acogida es “insostenible” y que es necesaria una actuación “inmediata y coordinada” con el Gobierno para “garantizar una respuesta justa y equilibrada entre territorios”.

Sin embargo, la deportación colectiva de menores es ilegal, según la jurisprudencia dictada por el Tribunal Supremo, ya que cada caso se tiene que analizar particularmente. Varios requisitos deben ser cumplidos: en primer lugar, que los padres o tutores legales reclamen la vuelta del menor, pero en cualquier caso siempre prima el interés superior del menor. “La reagrupación familiar es un derecho del menor. Lo que pasa es que detrás puede haber una expulsión”, explicó a este diario Mauricio Valiente, director general de CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado).

Almudena Escorial, responsable de Incidencia Política de la Plataforma de la Infancia, afirmó que hay que “analizar el interés superior de cada niño”, es decir, individualmente. Lo ejemplificó así: si unos padres reclaman a su niña, pero quisieran casarla, habría que tener en cuenta su bienestar por encima de la voluntad de sus progenitores. “Aunque lo reclamen, si los derechos de esa niña —o su vida— corren peligro, en ningún caso se debería proceder a esa reagrupación familiar a su país de origen”, aseguró Escorial.

La consellera Escandell, en cambio, argumentó que la ocupación del centro de menores se había multiplicado por cuatro en el último año y reivindicó que la protección de los derechos de la infancia solo se puede garantizar “si se dispone de una financiación estable, una planificación coordinada” y mayor coordinación institucional. En España, las competencias en materia de protección de menores corresponden a las comunidades autónomas, aunque en el caso balear están transferidas a los consells insulares de cada una de las cuatro islas. El Gobierno central tiene las competencias en materia migratoria, es decir, hasta la llegada de los migrantes a territorio nacional. Al mismo tiempo, el Consell Insular anunció una inversión de 1,2 millones de euros con el objetivo de garantizar “la cobertura inmediata y adecuada” de la atención de los menores no acompañados que llegan a Eivissa. 

El reto que representa el aumento en la llegada de migrantes para las administraciones públicas —que necesitan más recursos para atender las llegadas debido a la falta de planificación y recursos en el sistema de acogida— no les exime de su responsabilidad legal con los menores, tal como recordaron tres organizaciones especializadas consultadas por elDiario.es: CEAR, Plataforma de la Infancia y Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.

De hecho, el Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, de medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias es la ley que aprobó el Gobierno para la creación del sistema obligatorio de reparto de menores migrantes en situaciones de emergencia. El Govern conservador de Marga Prohens pretende un cambio normativo para que Balears que “excluida del reparto de menores” no acompañados procedentes de Canarias, como informó este diario. Como no hay suficientes espacios y recursos habilitados, el Govern balear, presionado por Vox, ha priorizado el enfoque securitario y de control de fronteras que reclama al Gobierno, en lugar de abordar la crisis desde una perspectiva de protección integral y de derechos humanos y de la infancia.

Estas políticas securitarias y de control de la frontera sur están motivadas, según Valiente, director general de CEAR, por la “obsesión” de detener los flujos migratorios. “La sobreactuación de la UE está motivada por la ola reaccionaria que atraviesa el continente, una deriva que resulta rentable para las fuerzas de extrema derecha”, argumenta el portavoz de CEAR. El experto cree que hay que exigir “mucho más” al Gobierno de Pedro Sánchez en esta materia, para que “se oponga con claridad a esta tendencia”.