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El Tribunal Supremo (TS) ha admitido a trámite el recurso contencioso administrativo interpuesto por los servicios jurídicos de Balears contra el real decreto que el Gobierno aprobó el 22 de julio para regular el procedimiento de reparto de menores migrantes no acompañados desde Canarias, Ceuta y Melilla, tal como ha anunciado este viernes el vicepresidente primero del Govern balear, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern.
“El objetivo es tumbar el decreto”, ha remarcado Costa, quien ha insistido en que, a juicio del Ejecutivo balear, se trata de un procedimiento perjudicial para los intereses de los ciudadanos de las islas“. ”Lo hemos dicho por activa y por pasiva“, ha remarcado el también portavoz del Govern, quien ha aclarado que, con esta decisión, el Alto Tribunal ”no ha dado la razón“ a Balears, sino que da inicio al procedimiento judicial que estudiará el fondo del recurso, lo que será plasmado en una posterior resolución.
Se trata de la segunda impugnación efectuada por el gabinete de Marga Prohens (PP) contra el sistema de distribución, después de que el pasado mes de marzo ya recurriera ante el Tribunal Constitucional la modificación de la ley de extranjería que permite las derivaciones.
En concreto, el último recurso va dirigido contra el real decreto 658/2025, de 22 de julio, por el que se regulan las medidas a adoptar en situaciones de contingencia migratoria extraordinaria para la protección del interés superior de la infancia y la adolescencia migrante no acompañada. El texto establece la inscripción de cada menor en el registro estatal y su traslado en un plazo máximo de 15 días a la comunidad designada.
El pulso balear contra la medida del Gobierno se suma a la contestación de otras comunidades gobernadas por el PP que también cuestionan el sistema. Moncloa defiende que la ley se cumplirá con plazos estrictos y criterios objetivos, frente a lo cual el Ejecutivo autonómico arguye que el archipiélago, que deberá acoger a 49 de los más de 3.000 menores que prevén ser reubicados, sobrepasa su capacidad de acogida.
En la actualidad, la comunidad autónoma acoge a unos 670 niños y adolescentes que, como en otras regiones, han cruzado el mar para huir de conflictos bélicos, persecuciones y hambrunas. De todos ellos, más de 300, de acuerdo a las cifras del Govern, han arribado a lo largo de este año. Además, las islas cuentan con 72 plazas específicas para menores llegados sin la compañía de un adulto, lo que representa el 11,4 % del conjunto de plazas consolidadas para la asistencia a jóvenes tutelados.
No solo eso. Estas 72 plazas suponen tan solo el 17,7 % de las 406 con las que debería contar el archipiélago de acuerdo al criterio establecido por el Gobierno en el real decreto que el Consejo de Ministros aprobó el pasado martes, que fija la capacidad ordinaria del sistema de protección de menores extranjeros no acompañados a partir de una ratio de 32,6 plazas por cada 100.000 habitantes. Teniendo en cuenta estos criterios, que el Ejecutivo central califica de objetivos, claros y transparentes, Balears debería disponer de un total de 406 plazas. Los datos ponen de manifiesto que la atención a los adolescentes y niños llegados en patera se lleva a cabo muy mayoritariamente con recursos de emergencia.