Demócratas en el Congreso de EEUU piden al Pentágono el fin del apoyo militar a Noboa tras un bombardeo a una granja en Ecuador
Daniel Noboa es el presidente que ordenó asaltar la embajada de México en Ecuador para detener al exvicepresidente Jorge Glas y que acaba de impulsar la suspensión del principal partido de la oposición, el Movimiento Revolución Ciudadana, de Rafael Correa, así como la detención del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Noboa, además, es uno de los principales colaboradores de la Administración Trump en América Latina, y tiene en su territorio soldados estadounidenses con los que realiza operaciones de supuesta lucha contra el narcotráfico, y, por ello, es participante de primera hora del Escudo de las Américas lanzado por Trump como alianza militar con los gobiernos latinoamericanos afines.
En este contexto, el presidente de Ecuador llega a Washington DC para mantener reuniones con la Administración Trump y dar un discurso en la OEA. Quien no está en la ciudad para verle es el presidente de EEUU, Donald Trump, en viaje oficial a China. Pero quienes sí están son congresistas demócratas que han enviado este miércoles una carta al secretario de Guerra, Pete Hegseth, exigiendo el fin de las operaciones militares de EEUU en Ecuador.
Así, los congresistas demócratas Jesús “Chuy” García (Illinois), Greg Casar (Texas) y Sara Jacobs (California), junto con otros miembros de la Cámara de Representantes, solicitan la suspensión de las operaciones de EEUU en Ecuador mientras se lleva a cabo una investigación sobre las supuestas violaciones de derechos humanos cometidas y exigen aclaraciones sobre la base legal y el alcance de la participación estadounidense.
En la carta, los congresistas señalan una investigación del New York Times que reveló hace dos meses que uno de los sitios atacados en estas operaciones conjuntas fue una granja lechera y ganadera sin vínculos con narcotraficantes ni grupos armados. No obstante, el 3 de marzo, “personal militar ecuatoriano interrogó y agredió a civiles desarmados, incendió viviendas e infraestructura y sometió a detenidos a torturas antes de que el lugar fuera bombardeado desde el aire el 6 de marzo”.
Los miembros del Congreso advierten de que “si las fuerzas estadounidenses brindan asistencia de seguridad nueva o continua a unidades que participaron en actos como tortura, ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas, y no existe una investigación o un enjuiciamiento creíble en curso, esto constituiría una violación de las Leyes Leahy, que prohíben la asistencia a fuerzas de seguridad extranjeras implicadas de manera creíble en graves violaciones de derechos humanos sin que se tomen medidas efectivas para llevar a los responsables ante la justicia”.
La carta también expresa la preocupación de los miembros por el estrechamiento de los lazos entre el ejército estadounidense y el Gobierno de Ecuador bajo la administración del presidente Daniel Noboa, que ha experimentado una “alarmante deriva autoritaria y antidemocrática”. Entre otras cosas, Noboa y sus aliados han reprimido violentamente las protestas indígenas, amenazado a la Corte Constitucional del país y desempeñado un papel central en la disolución de partidos de oposición y la prohibición temporal del principal partido de oposición de Ecuador.
Asambleístas denuncian en el Capitolio la represión de Noboa
Al mismo tiempo, un grupo de asambleístas de la Revolución Ciudadana ha viajado también a Washington DC para mantener reuniones con organizaciones de derechos humanos, think tanks, congresistas y la OEA para denunciar la deriva autoritaria del Gobierno de Noboa.
La asambleísta Verónica Íñiguez explica a elDiario.es que “la fuerza política más grande que tiene el país se encuentra asediada por parte del oficialismo, y ha sido sancionada de cara a las próximas elecciones [regionales y municipales] de noviembre de 2026, que han sido adelantadas para evitar que podamos presentarnos, lo que altera la democracia, que ya ha venido siendo lacerada en los últimos años”.
“Parte de lo que está sucediendo en Ecuador tiene una participación de Estados Unidos”, prosigue Íñiguez, “por eso es importante que la ciudadanía estadounidense sepa que parte de sus impuestos están siendo utilizados en Ecuador para otros fines”.
Paola Cabezas, también asambleísta de la Revolución Ciudadana, sostienen que “hoy Estados Unidos está atacando a líderes y partidos políticos progresistas, y en ese sentido Daniel Noboa está jugando un rol importante en influir de manera negativa en las elecciones de Colombia. Hay un plan muy bien orquestado: debilitar la primera fuerza progresista del Ecuador y utilizar la institucionalidad del país para violar el derecho internacional para influir de manera negativa en las elecciones de Colombia. Nuestra visita obedece no solamente a lo que está pasando en la fractura democrática en Ecuador, sino también a cómo Daniel Noboa se ha convertido en un alfil desde Ecuador. Nuestra Constitución no faculta bases militares en nuestro país, sin embargo, ya hay una base instalada en Galápagos. Nosotros hemos alertado de esta jugada que está haciendo Noboa, cumpliendo obviamente alguno de los patrones de Estados Unidos para influir de manera negativa en gobiernos democráticos. No solamente están impidiendo la participación política de un movimiento democrático con representación democrática y con voto popular, sino que esto también va de la mano con algunas acciones que está llevando el presidente de nuestro país para influir en las elecciones de Colombia [la primera vuelta de las presidenciales es el último fin de semana de mayo]”.
“Lo que se está buscando es limitar la participación política de muchos partidos políticos, con la suspensión de Revolución Ciudadana y del movimiento Construye Unidad Popular, pero también alterando el calendario electoral para perjudicar al movimiento Pachakuti”, explica Íñiguez, quien señala: “No solo es el hecho de que adelantan las elecciones a noviembre, es que la misma presidenta del Consejo Nacional Electoral ha dicho que los resultados se declararán en febrero de 2027, tres meses de agujero negro en los que no sabes qué va a pasar con las papeletas y quién las va a custodiar”.
Íñiguez, en este sentido, abunda en la responsabilidad de EEUU en lo que está ocurriendo: “Nos interesa saber si los congresistas pueden hacer algún tipo de fiscalización interna, apelando a la ley de aquí de Estados Unidos, para que se devele cómo se está utilizando el dinero de EEUU y si están de acuerdo los mismos congresistas en que haya una injerencia dentro del territorio ecuatoriano, porque hay por lo menos dos hechos graves que han pasado. El primero es el bombardeo a una finca lechera en la Amazonía ecuatoriana, que incluso los dueños están a punto de demandar al Estado por lo que ha sucedido, que se produjo con tecnología de Estados Unidos. Y también está la desaparición de pescadores, porque ya van tres barcos pesqueros que han sido incendiados, y parte de su tripulación ha sido entregada a El Salvador y otra parte ni siquiera aparece. Y todo esto con testimonios de las familias que mencionan que hubo inteligencia y también tecnología estadounidense en la zona antes de que sucediera esto”.
La delegación también ha mantenido una reunión con la Organización de Estados Americanos, ante cuya Asamblea General pronunciará un discurso Noboa este jueves. No obstante, el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, no recibió a los asambleístas correístas, sino que fueron recibidos por el secretario de secretario para el Fortalecimiento de la Democracia, Sebastián Kraljevich. “Los temas de electorales son los que también están siendo afectados y queremos que la OEA analice si acaso es realmente pertinente o no adelantar estas elecciones y, de hacerlo, que tengan una misión especial que nos garantice que van a salvaguardar las papeletas en este agujero negro que nos pretenden llevar”, afirma Íñiguez.