Las primeras purgas de De la Espriella: nombramientos fugaces y vetos a funcionarios ajenos a su núcleo duro
El presidente ultra Abelardo de la Espriella ha convertido el ejercicio de nombrar y destituir a funcionarios de forma instantánea en parte de su guion en las primeras semanas de gobierno en Colombia. Al menos cuatro cargos técnicos, incluida la dirección del organismo encargado de trazar los planes de desarrollo del país (similar a la española Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia), fueron nombrados y destituidos en cuestión de horas o días, sin mediar explicación oficial.
El patrón retrata a un Ejecutivo que toma algunas decisiones sin un análisis previo. Luego las corrige en público, sobre la marcha, y deja a profesionales acreditados bajo el foco mediático.
El caso que desnudó la fisura del nuevo Gobierno de extrema derecha ocurrió en el Departamento Nacional de Planeación (DNP), que funciona como un think tank estatal en temas económicos. Carlos Eduardo Sepúlveda, exdecano de la reputada Universidad del Rosario y activo en el diseño de los planes de desarrollo de los expresidentes Santos, Duque y Petro, fue nombrado director el 12 de agosto. Estuvo en el cargo apenas 48 horas. Sin explicación oficial, De la Espriella revirtió el nombramiento y eligió a Julián Buitrago, un activista digital sin ninguna experiencia en el Estado.
La improvisación delata desacuerdos internos no resueltos antes del anuncio de cada nombramiento
Todo indica que detrás de la remoción operó un veto silencioso. Según reconstruyó el portal independiente La Silla Vacía, dos factores jugaron en contra de Sepúlveda: su paso por el DNP de la Administración del progresista Gustavo Petro y su orientación sexual. La presencia de un tecnócrata casado con otro hombre activó las alarmas de sectores ultras y religiosos, que presionaron hasta tumbarlo.
Aun así, el vicepresidente, José Manuel Restrepo, negó cualquier discriminación. Pero el golpe fue tan certero que sacudió las propias filas del oficialismo: el senador Andrés Forero, del derechista Centro Democrático, calificó el veto como “un gran desacierto”.
Despidos fulminantes
El episodio no fue aislado. El 11 de agosto, el Ministerio de Trabajo designó como secretaria general encargada a Soraya Pino, que tenía experiencia como directora de Pensiones en el Gobierno de Petro. Nueve días después, el exministro progresista Antonio Sanguino celebró el nombramiento en la red social X, destacando su labor en el anterior Ejecutivo de izquierdas. Horas más tarde, el Palacio de Nariño (sede del Gobierno en Bogotá) revocó el encargo mediante decreto y nombró, de forma definitiva, a Eduardo José Pineda, abogado y coterráneo del presidente De la Espriella. Pino no llegó a cumplir 24 horas en el puesto desde la publicación del mensaje en X.
Para Yann Basset, politólogo de la Universidad del Rosario, lo anómalo no es que un gobierno entrante prefiera perfiles afines. Eso, añade, “no es particularmente sorprendente” en ninguna administración. Lo insólito es la sucesión de decisiones tomadas y deshechas en público, una improvisación que delata desacuerdos internos no resueltos antes de cada anuncio. El caso del Ministerio de Trabajo ilustra esa dinámica: no fue una revisión previa de antecedentes lo que forzó la salida de la funcionaria, sino un mensaje de un político de izquierdas en redes sociales.
El politólogo Camilo Cruz explica que la supervivencia de esos funcionarios dependió, al final, del termómetro digital. Lejos de una doctrina ideológica planificada desde la presidencia, el Gobierno sometió cada nombramiento a una evaluación de afinidad política, medida en tiempo real por la reacción de sus bases en plataformas como X. De acuerdo con esa lógica, el Ejecutivo ultra obvió en primera instancia el pasado de los servidores públicos y, posteriormente, delegó el filtro en un influenciador radical o un funcionario del anterior Gobierno para forzar las destituciones.
Hay un caso, sin embargo, que rompe con ese patrón. Hanna Escobar no provenía del Gobierno de Petro. Era, en realidad, su némesis pública. La química farmacéutica construyó su prestigio en las redes oponiéndose con dureza al Ejecutivo de izquierdas y a su gestión de la salud. Quizás por todo eso, el 24 de agosto asumió la Dirección de Medicamentos del actual Gobierno, que prometió revertir el caos en la prestación de servicios del sector sanitario.
El anuncio, sin embargo, también duró pocas horas. Facciones cercanas a De la Espriella inundaron las redes sociales con un expediente que resultó ser, en su mayoría, falso. Una fotografía manipulada mostraba a Escobar con el pañuelo verde del movimiento a favor del derecho al aborto. Ella aseguró que nunca usó ese símbolo. La imagen, además, iba acompañada de un fragmento de un viejo pódcast que estaba fuera de contexto. En él, de hecho, defendía la candidatura del actual presidente.
Una estructura vulnerable
La explicación de este fenómeno va más allá de los nombres propios y responde a una realidad institucional. Laura Bonilla, investigadora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), señala al sistema colombiano: a diferencia de países como España, el país jamás construyó un cuerpo de funcionarios estable ni un régimen de oposiciones blindadas. Sin ese escudo legal, cada cambio de presidente puede amenazar la continuidad de buena parte de quienes sostienen el aparato público.
Para hacerse una idea de la situación, en 2020, el 69,4% de las vinculaciones estatales correspondía a contratos de prestación de servicios: personal temporal, ajeno a la carrera administrativa y dependiente de renovaciones periódicas.
Bonilla sitúa la agudización de esta lógica de tierra arrasada durante el mandato de Iván Duque (2018-2022), el primero en este siglo en aplicar la estrategia explícita de purgar a los técnicos por su pasado político. De la Espriella no inventó el mecanismo, pero heredó una estructura vulnerable donde el empleo estatal funciona como un espacio de libre remoción y la estabilidad laboral depende del gobernante de turno.
La misma Bonilla añade una segunda capa de análisis: puertas adentro, el gabinete de De la Espriella opera como una colcha de retazos. Un ala técnica y, quizás, minoritaria convive con reservas con el sector más conservador, vinculado a grupos evangélicos, que ha ganado de momento cada disputa interna. Al no compartir objetivos comunes, el mandatario ultra de 49 años, sin experiencia en la gestión de equipos de esta magnitud, ha cedido ante el sector que ejerce mayor presión.
Por su parte, Edwin Palma, exministro de Minas y Energía con Petro, ve el resultado del pulso desde la óptica de ese sector: cita el caso de una vicepresidenta de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, con 12 años de trayectoria técnica, destituida “de un día para otro”. La ironía, añade el sindicalista, es que la misma cartera apenas ha logrado reunir en 21 días un comité de seguimiento de la crisis energética por el fenómeno climático de El Niño. Sin embargo, sí encontró tiempo en su agenda, según Palma, para recibir visitas en sus instalaciones de sacerdotes que hicieron ritos de bendición y exorcismo.
El único freno a todo este proceso de recambio llegó de forma imprevista. Fuentes en varios ministerios coinciden en que, de no haber sido por el terremoto del pasado 10 de agosto —el peor en una década en Colombia, con más de 300 muertos—, la purga habría corrido a un ritmo más vertiginoso. El sismo en el suroeste del país obligó al Gobierno de la 'Patria Milagro' a ralentizar la marcha en el remezón por pura necesidad operativa: en plena emergencia nacional, congelar los despidos de los equipos de técnicos de gestión de la crisis, en carteras como Vivienda o Hacienda, fue el peaje obligado para no comprometer la respuesta a una tragedia.