Recta final de la legislatura con curvas y compromisos pendientes

Cuando quiera que sea que convoque Pedro Sánchez las elecciones, lo cierto es que, en cualquier caso, quedan unos meses nada más para el final de la legislatura. Una recta final llena de muchas y muy peligrosas curvas. Una recta en la que habrá de intentarse cumplir los también muchos y muy relevantes compromisos pendientes, incluidos en el Acuerdo de Gobierno de coalición entre el PSOE y SUMAR en el otoño de 2023.

Sin olvidar, naturalmente, no ya el compromiso, sino la auténtica obligación constitucional del Gobierno de presentar anualmente ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior. Veremos lo que ocurre a este respecto, pero el reiterado incumplimiento de esta obligación en esta legislatura está, sin duda, afectando a la acción de gobierno y a su credibilidad política.

La recta final de la legislatura ya se preveía complicada. Los Presupuestos anunciados por el Presidente no serán fáciles de aprobar, desde luego, y requerirán una negociación que se antoja casi imposible, lo que supondrá un enorme fracaso de este Gobierno, al no haber sido capaz de aprobarlos en ninguno de los cuatro años de mandato. Pero también había otros nubarrones referidos a las citas judiciales penales pendientes, relativas al entorno personal y político más cercano del Presidente. Todo esto ya estaba descontado, entiendo, aunque sus consecuencias no lo estén en modo alguno, al desconocerse aún el alcance de algunas investigaciones y sus resultados – casos Cerdán y Zapatero, por ejemplo – o el enjuiciamiento de otros procedimientos – caso Begoña Gómez, también por ejemplo -.

Pero ya se sabe que, como las desgracias en la vida, las complicaciones políticas tampoco vienen solas. Cuando todo parecía medido, calculado y bajo control – relativamente –, se produce la que, para facilitar las cosas, llamaré la “crisis de Ceuta”. Una crisis inesperada e imprevista en su origen, en su materialización y, sobre todo, ahora ya, en su finalización. Una crisis con muchas aristas – diplomática con Marruecos; debate político interno por la palmaria falta de reacción política a tiempo, adecuada y eficaz en todos los aspectos; miedo, enfado y preocupación de una gran parte de la ciudadanía ceutí; pérdida de vidas humanas y drama humanitario en estos momentos -.

No pretendo hablar ahora de Ceuta, sino de los retos y compromisos pendientes de este Gobierno. Bueno, solamente de algunos de ellos, los que más me interesan desde mi punto de vista profesional, relativos a los derechos laborales y, de entre ellos, los que considero más relevantes.

El Gobierno tiene que volcarse en la agenda social, sin descuidar otros terrenos, claro. Para eso hay carteras y áreas distintas, cada una con su programa de actuación. No son esfuerzos incompatibles, sino todo lo contrario: cumplir – o intentarlo de veras - los compromisos adquiridos en todos los ámbitos es lo que dota de coherencia y credibilidad a un Gobierno. Fuera de ello, un fiasco más.

Y sí, la verdad es que restan por cumplir muchos e importantes compromisos residenciados en el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Voy a recordar algunos de ellos para que nadie los pierda de vista, ni quienes tienen la obligación de cumplirlos ni quienes tenemos la obligación de exigirlos.

Un gran compromiso era el de culminar un Estatuto del Trabajo del siglo XXI, en el marco del cual se pretendía, entre otras materias, reforzar las garantías de las personas trabajadoras en las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo y en los descuelgues y frente al despido, dando cumplimiento a la Carta Social Europea y reforzando la causalidad en los supuestos de extinción de la relación laboral. En esta misma columna me he referido en varias ocasiones a la indemnización por despido improcedente y a las reiteradas manifestaciones de la Ministra al respecto, sin que hasta ahora se haya avanzado ni un solo paso y sin que ello vaya a abordarse.

En este aspecto se anuncia que hoy mismo – martes, 8 de septiembre – el Consejo de Ministros aprueba un Real Decreto para dar más transparencia a la contratación laboral obligando a dar más datos en los contratos, así como para limitar la duración del período de prueba dentro de los límites del Estatuto de los Trabajadores y determinar su contenido, con la finalidad de que pueda justificarse la extinción del contrato por no superación de dicho período de prueba. El Gobierno viene así a transponer la Directiva (UE) 2019/1152, de 20 de junio de 2019, relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea. Transposición a nuestro Derecho interno que es parcial, dado que se hace por medio de un Real Decreto que no tiene rango de ley y no puede, por tanto, modificar el Estatuto de los Trabajadores sino solamente desarrollarlo, y que también es tardía, muy tardía, ya que el plazo de transposición de dicha Directiva había finalizado el 1 de agosto de 2022, o sea, hace algo más de cuatro años.

Otro compromiso estrella era el de reducir la jornada laboral máxima legal sin reducción salarial para establecerla, de forma progresiva, en 37 horas y media semanales. Ya conocemos, desde luego, las dificultades que presenta la aprobación de una Ley de este contenido, como la de tantas otras, por la debilidad parlamentaria del Gobierno, pero lo cierto es que constituye un gran fracaso político que ha llevado a desistir de un Proyecto de Ley en tal sentido y presentar, en noviembre de 2025, un Proyecto de Real Decreto en materia de registro de jornada. Y, dado que ello no requiere más que su aprobación por el ejecutivo, es de esperar que llegue a aprobarse, aunque tampoco es seguro a tenor de las dudas y el ultimátum – o mejor, preultimátum – de los Sindicatos CCOO y UGT para su aprobación antes de finalizar julio, posteriormente diferido a septiembre.

No menos relevante ha sido el compromiso, reiteradamente anunciado, de aprobar el Estatuto del Becario. Veremos cómo termina la tramitación del Proyecto de Ley del ahora denominado Estatuto de las Personas en Formación Práctica no laboral, aprobado por el Consejo de Ministros el 3 de marzo de este mismo año, en tramitación ahora en las Cortes. Si no se logra aprobar será otro más que sonoro fracaso gubernamental, siendo así que se trata de un tema que lleva en circulación desde 2023.

De gran interés es también la transposición de la Directiva (UE) 2023/970 del Parlamento Europeo y del Consejo de 10 de mayo de 2023 por la que se refuerza la aplicación del principio de igualdad de retribución entre hombres y mujeres por un mismo trabajo o un trabajo de igual valor a través de medidas de transparencia retributiva y de mecanismos para su cumplimiento. El plazo de transposición finalizó el 7 de junio de este mismo año, publicándose el pasado 3 de agosto el Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres, lo que debiera aprobarse en breve por el Consejo de Ministros. Una cuestión muy relevante desde el punto de vista de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres.

Se había comprometido también este Gobierno a actualizar la legislación de prevención de riesgos laborales, una Ley que data del año 1995. Este compromiso conllevaba igualmente la actualización del catálogo de enfermedades profesionales y la evaluación con especial atención de la prevención de nuevos riesgos asociados al uso de las TIC, los psicosociales y la creciente digitalización y robotización y las nuevas formas de organización del trabajo, incorporando la perspectiva de impacto de género. Pues bien, el 11 de mayo de este año se ha aprobado el Anteproyecto para una nueva Ley de Prevención de Riesgos Laborales, si bien ha de convertirse por el ejecutivo en el imprescindible Proyecto de Ley para su tramitación parlamentaria, lo que todavía no se ha hecho.

No les hago la relación de todos los asuntos pendientes, sino de los que he considerado más transcendentales. Y, en todo caso, conviene también resaltar los compromisos que han sido cumplidos, como el nada desdeñable de incrementar el SMI para asegurar su poder adquisitivo.

No es esta una relación de agravios, sino de simple y humilde recordatorio de que lo prometido es deuda y que las deudas, también las políticas, han de pagarse. Lo contrario es incumplimiento, fracaso y, sobre todo, frustración ciudadana.

Todos esos objetivos comprometidos merecen ser logrados, sin demora y sin complejos, para seguir profundizando en el Estado “social” que la Constitución proclama.

Lo dicho: además de las pronunciadas curvas ya previstas, la recta final de la legislatura tiene otras que han de conocerse y recordarse so pena de estrellarse.