El gobernador de Florida, contrario al sistema público de salud, bloqueó 70 millones de subvención contra el sida
Antes de representar a Florida como senador en Washington, Rick Scott rechazó como gobernador 70 millones de dólares que el Gobierno nacional había puesto a disposición de Florida para luchar contra la crisis del VIH en Florida.
Una investigación de The Guardian ayuda a entender la extraordinaria gravedad que alcanzó la epidemia de VIH en Florida durante el mandato de Scott, el mismo gobernador que rechazó la expansión del Medicaid (un programa de salud estadounidense para necesitados) en su estado.
Entre 2015 y 2017, Florida se vio obligado a devolver 54 millones de dólares al Gobierno federal en concepto de subvenciones no gastadas para combatir el VIH. El motivo fue la incapacidad, aparentemente deliberada, de los responsables estatales de salud para conseguir permiso legislativo y poder gastar unos fondos que se necesitaban desesperadamente.
Además de eso, el gobierno de Scott bloqueó directamente dos solicitudes de subvención dirigidas a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU (CDC, por sus siglas en inglés). Habrían supuesto unos 16 millones de dólares para combatir el virus en los condados de Miami y Broward, cuyas tasas de VIH diagnosticado figuran entre las más altas del país.
Rechazar el dinero de Washington era para Scott un principio fundamental. Su feroz oposición al Obamacare [o Affordable Care Act, la ley de salud universal de Barack Obama] fue uno de sus temas de campaña en 2010. En uno de sus primeros actos como gobernador, rechazó más de 2.000 millones de dólares para un tren de alta velocidad. Con el Obamacare, rechazó millones de dólares en subvenciones.
A principios de 2013, Scott suavizó su postura y propuso probar una extensión de 3 años en el Medicaid. Pero nunca hizo ningún intento serio de convencer a la cámara legislativa. Tras asegurarse un segundo mandato en 2014, Scott, un antiguo ejecutivo de empresas de salud con un patrimonio neto superior a los 230 millones de dólares, dio marcha atrás y se opuso al Medicaid, el programa que en otros estados había significado una inyección gigantesca de fondos nacionales para dar asistencia médica a las personas bajo el umbral de la pobreza.
El giro de 180 grados coincidió con el rechazo de Florida a los fondos federales para el VIH. “Creo que Rick Scott impulsó la epidemia en Florida”, dice Marlene LaLota, una mujer con 28 años de experiencia en el Departamento de Salud de Florida que entre 2014 y 2016 fue la responsable de la unidad VIH/SIDA. “¿Cuántos contagios podrían haberse evitado con ese dinero? ¿Cuántas vidas podrían haberse salvado? Debería darles vergüenza”.
“Nos detenían a cada paso”
De acuerdo con el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, Florida registró en 2017 el mayor número de nuevos casos de VIH en todo Estados Unidos: 4.783 casos, el 13% de todos los del país. Con una población estimada de 135.000 personas con VIH en el estado, la tasa de Florida fue de 27 diagnósticos al año por cada 100.000 residentes. Casi el doble de los 16 de Nueva York y sólo superado por los 30 de Georgia.
Entre los 10 estados con más casos anuales de VIH, que representan el 65% de los casos nuevos en todo el país, Florida es el único que registró un aumento entre 2010 y 2017: subió casi el 3% en ese período. En el estado de Nueva York, que desarrolló una agresiva política de gasto para combatir el VIH y amplió los programas de Medicaid, los casos se redujeron en un 30%.
Lo cierto es que hasta 2013 los diagnósticos de VIH en Florida venían disminuyendo. Pero ese año, cuando tocaron el mínimo de 4.315, comenzaron a aumentar. Entre 2013 y 2017 aumentaron un 11%, el mismo período en que el estado perdía decenas de millones de dólares en fondos federales.
Que un escándalo financiero de esta magnitud haya permanecido fuera de los titulares demuestra el estricto modo de gestión del Departamento de Salud de Florida: en la cúspide está el gobernador, seguido por el responsable del Departamento de Salud, y haciendo sentir su autoridad hasta las agencias sanitarias del estado y los condados. Según los empleados de la unidad de VIH, en los últimos años de la Administración Scott los presionaban a menudo para satisfacer los deseos de la jerarquía, a menudo un espejo de las prioridades políticas del gobernador.
Para bloquear los fondos nacionales destinados a combatir la epidemia, un administrador del Departamento de Salud de Florida muy vinculado a la oficina de Scott se apoyaba en las normas presupuestarias del estado y consideraba las ayudas como un aumento del presupuesto estatal, necesitando por ello el visto bueno del poder legislativo.
El embrollo de la unidad de VIH comenzó en 2012, después de que se empezara a comunicar a la Administración de Recursos y Servicios Sanitarios de EEUU (HRSA, por sus siglas en inglés) el ingreso de devoluciones realizadas por las farmacéuticas. De acuerdo con la ley nacional 340B, las empresas estaban devolviendo los descuentos en medicinas compradas por el estado para personas de bajos ingresos con VIH en el marco del programa federal de Ayuda para Medicinas contra el Sida (Adap, por sus siglas en inglés).
De acuerdo con documentos presupuestarios obtenidos con la ley de libertad de información en la HRSA (supervisora del programa Adap), Florida recibió 6,2 millones de dólares en reembolsos por la ley 340B durante el año fiscal 2012-2013. A partir de ahí, la cantidad de los reembolsos previstos en la ley 340B aumentó sin cesar mientras las autoridades sanitarias de Florida comenzaban a implementar las leyes de reducción y reorganización del Departamento de Salud.
En los siguientes dos años, los reembolsos se multiplicaron por dos sucesivamente: 33,6 millones de dólares en 2015 y el máximo de 86,4 millones de dólares en 2017. Las reglas de contabilidad de la HRSA ayudaron a acomodar la pérdida de una parte considerable de esos fondos.
El gasto del programa Adap de Florida se financia principalmente con los fondos de la llamada ‘Parte B’ del programa Ryan White, que a su vez es administrado por la HRSA. Desde 2012, ese programa ha otorgado al estado entre 117 y 128 millones de dólares cada año. Pero para conceder los fondos anuales de la ‘Parte B’, las normas de la HRSA exigen que los estados hayan gastado previamente todos los reembolsos obtenidos por la ley 340B, que por ley también forman parte del programa Ryan White.
Sherry Riley y Tom Liberti, las dos personas que entre 1996 y 2014 dirigieron la unidad de VIH de Florida antes que LaLota, siempre consiguieron que la autoridad presupuestaria les concediera los aumentos y nunca tuvieron resistencias desde la alta gerencia ante solicitudes de ese tipo.
En 2014, año en que LaLota tomó el timón, el Departamento de Salud de Florida presentó la que sería la última solicitud de aumento a la autoridad presupuestaria para tres ejercicios fiscales, como demuestran documentos estatales públicos.
Muchos de los legisladores que integraban la comisión de presupuesto en ese período (encargada de procesar las solicitudes de aumentos presentadas por los distintos organismos a la autoridad presupuestaria) dijeron no haber escuchado una sola palabra sobre la creciente catástrofe financiera dentro de la unidad de VIH.
De acuerdo con la HRSA, durante los años fiscales de 2014 y 2015, el Departamento de Salud de Florida no se ocupó en la práctica rutinaria de pedir permiso a la agencia federal para transferir los fondos no gastados de la ‘Parte B’. Como consecuencia, en 2015 el Ministerio tuvo que devolver a la HRSA 23,9 millones de dólares en subvenciones no gastadas de la parte B para el VIH. En 2016, la devolución de subvenciones no gastadas ascendió a 29,2 millones de dólares; y en 2017, a 767.364 dólares.
En 2017, Scott cambió de enfoque y se concentró en la lucha por un escaño en el Senado usando un discurso centrista o populista. Negarse a recibir fondos federales dejó de ser una prioridad para su gobierno estatal.
El Departamento de Salud de Florida perdió un total de 53.837.844 de dólares, fondos que podrían haber tenido un impacto tremendo en la creciente crisis de VIH y que en cambio fueron a otros estados.
Según la HRSA, las conversaciones con el Departamento de Salud de Florida demuestran que el asunto de la autoridad presupuestaria fue el obstáculo principal para que el estado pudiera gastar esos fondos.
De acuerdo con el testimonio de LaLota, el gobierno de Scott prohibió a todo su equipo tratar los temas presupuestarios directamente con los legisladores. “Rick Scott nos tenía a todos atados”, dijo LaLota. “Con los gobernadores anteriores no era así”.
Un portavoz de Scott sostiene en un comunicado que las afirmaciones generales de este artículo son inexactas. “El estado sólo podía gastar el dinero del que tenía autoridad presupuestaria para gastar”, dijo, añadiendo que la responsabilidad de esos asuntos recaía en la legislatura. En el Departamento de Salud de Florida no han respondido a repetidas solicitudes.
En 2014 Kellie Wilcox asumió como responsable de presupuestos para el programa de VIH de Florida. Según ella, cuando se incorporó, la única funcionaria autorizada para enviar solicitudes a la autoridad presupuestaria era Michele Tallent, directora de la oficina de presupuesto y gestión de ingresos del Departamento de Salud desde marzo de 2014.
Según Wilcox y LaLota, la republicana Tallent rechazaba sistemáticamente todas sus cada vez más desesperadas peticiones de liberar los fondos excedentes de la HRSA. Creen que lo hacía por órdenes del gobernador. Tallent, que antes había dirigido el presupuesto de la división de Salud y Servicios Humanos en la oficina de Políticas y Presupuesto del gobernador, también era la responsable de solicitar las transferencias de la HRSA.
“Redacté un plan para acabar con la epidemia, pero nos detenían a cada paso”, dijo LaLota. “Fue tan criminal y tan atroz”. LaLota ejerce ahora como directora regional senior en la Fundación para el Cuidado de la Salud del Sida en Nueva York. La ONG está en una disputa legal con Florida por la cancelación de un contrato de Medicaid, pero LaLota dijo que no tiene intereses profesionales en ese conflicto.
En 2016, Tallent fue ascendida a subsecretaria de operaciones del Departamento de Salud de Florida. La reemplazó Ty Gentle, una persona mucho más comprensiva según Wilcox, aunque parecía tener las manos atadas. Tallent seguía manteniendo el control sobre las solicitudes de aumentos que se enviaban a la autoridad presupuestaria.
El 16 de julio de 2019, el Departamento de Salud abrió una investigación a Tallent. El Ministerio no ha explicado por qué y los sucesivos intentos de hablar con Tallent no han tenido éxito.
“Más ideología que respeto”
El gobierno de Scott volvió a bloquear una gran cantidad de dinero federal en 2015. Esta vez, del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). En las ciudades con mayor incidencia de la epidemia, la agencia ofrecía a los responsables sanitarios la posibilidad de solicitar dos subvenciones, una para evitar el contagio del VIH (incluida la profilaxis previa a la exposición) y otra para mejorar la atención y el tratamiento de las personas con el virus.
Miami estaba a punto de recibir unos 7,6 millones de dólares en cuatro años y lo más probable es que el condado de Broward hubiera recibido 8,7 millones de dólares en tres años. La ciudad de Nueva York, que pidió esas dos subvenciones, recibió 16,9 millones de dólares.
Stephen Fallon, director ejecutivo de la organización de lucha contra el sida Latinos Salud, redactó casi toda la solicitud de subvención de la ciudad de Miami. Como estaba estipulado, la derivó a través del Departamento de Salud de Florida.
Cuando faltaban horas para que se cumpliera el plazo del 1 de junio de 2015, explica LaLota, su superior le dijo que la oficina del gobernador había negado a los dos condados la autorización para presentar la solicitud. El motivo argumentado fue que no había autoridad presupuestaria para gastar ese dinero extra. Broward se vio forzado a rescindir la solicitud que había enviado a los CDC, como un representante de los Centros confirmó que ocurrió en agosto de 2015.
“Tal vez fui ingenuo”, señala Fallon. “Sabía que en las políticas podía haber más ideología que respeto por los electores del estado de Florida, pero no asumí que la Administración Scott estaría en contra de cualquier tipo de financiación para la lucha contra el VIH”.
Al año siguiente, la oficina de Scott se jactaba de que en el año 2015 el estado había “invertido un récord de 34 millones de dólares en la prevención del VIH/SIDA”, a pesar de que casi toda esa suma tenía que ver con subvenciones ya existentes de CDC y de que el principal motivo detrás del aumento era un aumento paralelo de los casos de VIH.
El portavoz del senador Scott repite ese estribillo en su comunicado, diciendo que durante su etapa de gobernador “invirtió una cantidad récord de fondos en la prevención del VIH/SIDA”.
Para William McColl, vicepresidente de políticas y promoción de la ONG Aids United, la crisis del VIH nunca fue “una prioridad para Scott”. “Está claro que ve el tema de la atención sanitaria como una forma de hacer dinero”.
McColl hace referencia a la vida anterior del exgobernador y actual senador como cofundador y director ejecutivo de Columbia/HCA. Entre 2000 y 2002, ese grupo de empresas de salud llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia de EEUU para pagar 1.700 millones de dólares por fraude (récord para una corporación hospitalaria), además de declararse culpable de 14 cargos penales por acusaciones de fraude contra Medicaid, Medicare y otros programas gubernamentales.
Scott abandonó la corporación Columbia/HCA en 1997, cuatro meses después de que se hiciera pública la investigación federal. Siempre ha negado tener conocimiento de ningún delito. En una declaración del año 2000 por una demanda civil se acogió en 75 ocasiones a la quinta enmienda de la Constitución de EEUU que le permite no responder preguntas que podrían ser incriminatorias. Según su abogado, lo tuvo que hacer por el caso penal en su contra.
Actualmente, Scott integra el comité de presupuesto del Senado en Washington. Este otoño estará en condiciones de votar sobre la propuesta del Senado para el primer año de un plan, respaldado por Trump, que otorga 291 millones de dólares para combatir la epidemia nacional.
Según su portavoz, “el senador Scott apoya los esfuerzos de la Administración para asegurarse de que todos reciban la atención que necesitan”. El plan nacional se centrará en los 48 condados más afectados. Siete de ellos están en el estado natal de Scott.
Traducido por Francisco de Zárate
