¿Matar o no matar? Los votantes de California deciden quién debe morir por sus crímenes
Tyrone Harts entró en casa de su exnovia Brandi Morales mientras ella y sus seis hijos dormían. La golpeó, le disparó y después prendió fuego su cuerpo. Dos de sus pequeños hijos intentaron apagar las llamas con vasos con agua del fregadero. Sus dos pequeñas hijas intentaron disperar el humo con cojines del sofá.
Francisco Zavala apuñaló a Eric Sargeant mientras le robaba el móvil. El joven de 16 años murió por las heridas.
Harts fue la primera persona en ser condenada a la pena de muerte en el condado de Riverside en 2015, un año en el que la región sur de California tuvo más penas capitales que ningún otro distrito de Estados Unidos. Zavala fue el octavo y el último. Este distrito al este de Los Ángeles es la capital de la pena de muerte de Estados Unidos.
Los dos hombres condenados y el distrito en el que cometieron sus asesinatos son la principal prueba de que el corredor de la muerte no funciona en California. Es un sistema fallido cuyo futuro se votará en noviembre. Los votantes tendrán que elegir ante dos propuestas diferentes sobre una de las cuestiones más controvertidas del sistema judicial.
¿Matar o no matar? ¿Qué tipo de asesinos merece morir por sus crímenes, si es que alguno debe hacerlo? ¿Debe la geografía decidir quién es ejecutado y quién no?
La Proposición 62 es la más simple de las dos medidas que se encontrarán los votantes. Con el título Ley para una justicia que funcione, reemplaza la pena de muerte por cadena perpetua sin libertad condicional. Pone como requisito que los condenados trabajen y paguen una indemnización. Los defensores de esta proposición dicen que ahorraría a las arcas del Estado de California unos 150 millones de dólares (135 millones de euros) al año.
“Se ahorrarían millones de dólares”
La Proposición 66, llamada Ley de reforma de la pena de muerte, modernizaría los interminables procesos de apelaciones de los condenados, aumentaría el número de abogados disponibles para las apelaciones y permitiría que el Estado aloje a los condenados a la pena de muerte en prisiones más económicas a la espera de la ejecución. Sus defensores argumentan que se ahorrarían “decenas de millones de dólares” cada año.
En algo están de acuerdo los defensores de ambas propuestas: la pena de muerte en el Estado Dorado no funciona.
O como dijeron Jimmy y Rosalynn Carter, expresidente y exprimera dama de Estados Unidos respectivamente, cuando apoyaron públicamente la Proposición 62 en julio: “Creemos que el intento de administrar la pena de muerte de forma justa y eficiente ha fracasado”.
California tiene en este momento 746 hombres y mujeres condenados a la pena capital, más que ningún otro Estado de Estados Unidos. El mayor tiene 86 años. El 11% son personas de la tercera edad. El promedio de espera para la ejecución es de 18 años. En California no ha habido ejecuciones en más de una década.
Nunca se ha ejecutado a nadie en el condado de Riverside, aunque los votantes de ese distrito apoyan fervientemente las ejecuciones y sus tribunales son responsables de 89 de los actuales condenados a la pena de muerte. El índice per cápita es 73% más alto que el del condado de Los Ángeles, su populoso vecino del norte.
La disparidad resalta el mayor argumento de los detractores de la pena de muerte: que la pena máxima, tal como se lleva a cabo en Estados Unidos en general y en California en particular, es tan caprichosa que resulta inconstitucional.
“La pena de muerte es arbitraria”
“Cuando se habla de quitar la vida a un hombre o una mujer, no puede haber arbitrariedades”, afirma Steve Harmon, abogado de oficio del condado de Riverside. “La pena de muerte es arbitraria, y esa es una de las razones por las que no debería existir.”
El crimen de Zavala “no puede compararse a los horrores del caso Harts”, asegura Harmon, que se opone a la pena de muerte por muchas razones. “Es un caso de asesinato y es terrible, pero allí está la arbitrariedad de la pena de muerte.”
Harts y Morales habían vivido juntos varios años antes de que ella rompiera la relación y lo echara de la casa. Aunque ninguno de los niños es hijo de Harts, él ayudó a criarlos en una casa de dos plantas en una urbanización de Moreno Valley. Los niños lo llamaban “papá”. Él los llevaba a hacer deportes.
La noche en que asesinó a Morales en febrero de 2011, Harts llamó por teléfono y habló con todos los niños, uno por uno. Cuando le tocó el turno al pequeño Israel de 7 años, Harts le pidió un favor especial: que dejara abierta la puerta corredera de vidrio. “Tyrone nos dijo que nos traería una sorpresa,” testificó luego el pequeño.
Harts, entonces de 39 años, le pidió prestado un coche a un amigo, llevó un arma y un recipiente con líquido para encender carbón, y entró a la casa por la noche mientras la familia estaba durmiendo. Subió las escaleras hacia la habitación que alguna vez había compartido con Morales.
La atacó. Ella gritó. Kobe, de 15 años, oyó los gritos desde la habitación que compartía con su hermano Isaiah de 13 años, en la planta baja. Kobe cogió un cuchillo de la cocina y subió las escaleras para ayudar a su madre. Pero cuando Harts disparó contra él, el chaval corrió a refugiarse en casa de los vecinos, con Isaiah detrás.
Morales logró escapar de la habitación y corrió hacia las escaleras. Harts le disparó. Morales se desplomó sobre el descansillo. Harts la empapó con el líquido inflamable y le prendió fuego. En ese momento los cuatro niños menores salieron de sus habitaciones. Elijah, entonces de 11 años, Destiny, de 9, Israel, de 7, y Jasmine, de 6.
“El fuego era tan grande que para pasar por el lado del cuerpo ardiente de su madre, tuvieron que ir en fila”, declaró el fiscal del distrito adjunto Jared Haringsma. “Fueron a la cocina y llenaron vasos con agua para apagar el cuerpo ardiente de su madre y luego esperaron a que llegara la policía.”
Elijah llamó al 911 pero le costó que la operadora le entendiera. La operadora le preguntó si no podía ponerse al teléfono su madre. “Mi madre es la que está prendida fuego”, contestó el niño.
El tribunal declaró a Harts culpable de asesinato en primer grado, intento de asesinato y cinco cargos por poner en peligro a los niños. También tuvieron en cuenta el hecho de que planificó todo y estuvo al acecho, lo cual hizo que Harts cumpliera con todos los requisitos para la pena capital. El jurado se tomó menos de un día para sentenciar la pena de muerte.
En 2013, otro jurado de Riverside tardó la misma cantidad de tiempo para condenar a Zavala por el asesinato de Sargeant, un estudiante de instituto. Como el crimen se cometió durante un robo, Zavala también cumplía los requisitos para la pena de muerte.
Pero a pesar de que los dos hombres tenían antecedentes penales y fueron condenados a la pena de muerte, sus crímenes fueron muy distintos.
Al salir del instituto, Sargeant caminaba por una calle muy concurrida del este de Hemet cuando fue abordado por tres hombres. Zavala exigió a Sargeant que le entregara el móvil. Cuando el joven se negó, los tres hombres comenzaron a golpearlo.
Los testigos que pasaban con el coche testificaron que uno de los hombres apuñaló a Sargeant, que murió más tarde en el hospital. Los cómplices de Zavala eran en ese momento menores de edad y no podían ser condenados a la pena capital, pero Zavala tenía 20 años.
“Zavala no es lo peor de lo peor,” señala Harmon. “Pero para esas 12 personas del jurado, que nunca habían visto de cerca a un asesino, Zavala sí era lo peor que ellos conocían. Cuando pudieron, dijeron ‘Esto es lo peor, así que vamos a sentenciarlo a morir”.
Riverside tiene 45 casos de pena de muerte
Muchos informes ya han dado cuenta de lo errática que es la aplicación de la pena de muerte en el condado de Riverside. Los informes Muerte según la geografía y La pena de muerte del 2%: cómo un grupo minoritario de condados genera la mayoría de las condenas a muerte, con grandes costos para todos fueron escritos por grupos de investigación independientes.
Pero el informe quizás más concluyente fue escrito desde dentro del propio sistema judicial del condado. En un informe de 2010, el juez Thomas H Cahraman lamentó “el número total de casos de pena capital…Tenemos en este momento más casos que ningún otro condado del Estado, incluido el condado de Los Ángeles”.
En ese momento, el condado de Riverside tenía una población de 2,2 millones, 45 casos de pena de muerte y 11 más con alegatos de “circunstancias especiales”, que pueden terminar en pena capital. El condado de Los Angeles, con 9.8 millones de personas, “tiene 43 casos de pena de muerte”, escribió Cahraman.
Rod Pacheco era fiscal del distrito en esa época, y su sucesor pidió la pena capital en muchos menos casos. Y cuando en 2015 nombraron fiscal del distrito a Mike Hestrin, la lista de casos que podían llegar a la pena de muerte se redujo aún más.
Sin embargo, Hestrin está haciendo campaña activamente por la Proposición 66 y dice que se sentiría “muy decepcionado” si se aboliera la pena de muerte en noviembre. Pedir la pena capital es difícil y muy serio, pero necesario, afirma, porque “existen esos casos horrorosos en los que necesitamos tener esa opción”.
Traducido por Lucía Balducci
