La UE confirma que los asentamientos israelíes son ilegales pero sigue sin hacer nada con sus productos
La Unión Europea vuelve a topar consigo misma cuando tiene que afrontar las sanciones a los productos de los asentamientos ilegales israelíes. Aunque hay un posicionamiento común en que “los 27 Estados miembros de la UE coinciden en que los asentamientos israelíes son ilegales conforme al derecho internacional” y van en contra de la solución de dos Estados, la burocracia y los intereses de las capitales enturbian la toma de decisiones sobre qué hacer con los productos provenientes de estos asentamientos que compra Europa.
La jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, ha admitido este lunes, tras la reunión con los ministros de Exteriores de los 27 países, que “la opción que recibió el mayor apoyo entre los Estados miembros fue la de prohibir el comercio con los asentamientos israelíes ilegales”. Sin embargo, Kallas ha resaltado que “por desgracia, necesitamos tener una posición unificada y, hasta ahora, no hemos sido capaces de alcanzar esa posición común”.
Por un lado, está la posición de países como Bélgica, Países Bajos, España e Irlanda, que defienden que se prohíba la compra de productos israelíes provenientes de los asentamientos ilegales, mientras que otros Estados mantiene una postura contraria a castigar a Israel, como ocurre con Alemania, Italia, Austria y la República Checa.
Ante la falta de consenso entre las capitales europeas, la Comisión Europea propuso una lista de opciones que van desde la prohibición total o parcial de las importaciones procedentes de los asentamientos a la aprobación de aranceles punitivos sobre estos productos o un sistema de licencias de importación, que todas las partes asumen como complejo y difícil de aplicar. Kallas intentó vender como un paso adelante que la primera opción es la que tiene más respaldo.
Burocracia y falsos debates para retrasar la decisión
Aunque los 27 coinciden en que los asentamientos israelíes son ilegales, se ha creado una serie de debates falsos que solo provocan el retraso en la toma de decisiones. Por un lado, hay embajadores que han puesto en duda si la decisión la tienen que tomar los ministros de Exteriores o sus homólogos de Comercio, tras meses de negociaciones de los titulares de las carteras que gestionan las relaciones diplomáticas, posteriormente se lanzó el debate sobre si la decisión debería ser aprobada por unanimidad o por mayoría simple, cuando Kallas ya había señalado que “el Consejo Europeo dispone de un dictamen legal según el cual las cuestiones comerciales se deciden por mayoría cualificada”.
También hay una divergencia de posiciones entre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y la jefa de la diplomacia europea sobre cómo afrontar las sanciones. Siguiendo la postura de Alemania, Von der Leyen es más reacia a adoptar medidas contra los asentamientos israelíes.
Ahora, otro factor ha entrado en juego para retrasar una decisión al respecto. Varios capitales han pedido esperar a que pasen las elecciones israelíes del 27 de octubre para tomar medidas contra los asentamientos, por su posible impacto en los comicios.
Kallas ha comentado que “se ha encargado a los embajadores permanentes que continúen trabajando en esta cuestión y los ministros también acordaron que, si fuera necesario, podríamos convocar una reunión extraordinaria para abordándola”.
A su llegada a Bruselas, El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, puntualizó que “hay que tomar una decisión con respecto a los productos que provienen de los asentamientos ilegales. España, hace ya mucho tiempo que ha prohibido su importación de manera bilateral a nivel nacional. La Unión Europea tiene que hacerlo. Hay un papel de opciones, pero yo creo que no ha lugar para opciones. Hay una una opinión consultiva del Tribunal Internacional de Justicia de 2024, que dice muy claramente que es ilegal el comercio con productos que provengan de esos asentamientos”.
Además de España, países como Irlanda, Países Bajos o Noruega, han presentado proyectos de ley nacionales para prohibir el comercio con los asentamientos israelíes.
En una carta firmada por la exministra española de Asuntos Exteriores Arancha González Laya, los excomisarios europeos de Comercio Pascal Lamy y Cecilia Malmström, el ex primer ministro italiano Enrico Letta o el exvicecanciller alemán Sigmar Gabriel, entre otros, se apunta que “la Comisión Europea debería presentar sin más demora una propuesta para una prohibición de la UE, cuidadosamente calibrada, sobre el comercio con los asentamientos. Ya es hora de que la UE aplique sus propias normas comerciales en lo que respecta al comercio con los asentamientos israelíes”.
Bushra Khalidi, portavoz humanitaria de Oxfam, ha señalado que “la obligación jurídica está clara, y los países de la UE lo saben. Ahora su apoyo debe traducirse en una prohibición efectiva del comercio, incluidos los bienes y servicios, con los asentamientos israelíes ilegales. Cualquier retraso no solo tiene un coste humano, sino que además supone una violación flagrante y continuada del derecho internacional”.
“No podemos permitirnos otro año de debates y aplazamientos mientras continúa el comercio con los asentamientos ilegales y la anexión acelerada de territorios. El alto el fuego en Gaza existe solo de nombre. Mientras tanto, el proyecto ilegal de asentamientos de Israel sigue expandiéndose y las organizaciones humanitarias siguen teniendo impedimentos para poder operar”, ha resaltado la portavoz de Oxfam.
A la vez, la comisaria para el Mediterráneo, Dubravka Suica, y el primer ministro de la Autoridad Palestina, Mohammad Mustafa, se han reunido este lunes en Bruselas para poner en marcha una nueva iniciativa de recuperación de Gaza y debatir el programa de reformas de la Autoridad Palestina.
La comisaria Suica ha puesto en marcha oficialmente la iniciativa del Equipo Gaza, que reúne una contribución financiera de 883,6 millones de euros en proyectos para reconstruir las infraestructuras de agua y saneamiento, la gestión y retirada de escombros y residuos sólidos, y el resto de los sistemas sanitarios, energéticos, agrícolas y alimentarios.