Abono transportes para discapacitados
El Comité de Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid [CERMI] ha solicitado esta semana al gobierno regional, y a la Consejería de Transporte que asuma la rebaja del 20 por ciento al Abono de Transportes de las personas con discapacidad que anunció “a bombo y platillo” el consejero Ignacio Echeverría el pasado mes de diciembre, y que lleva sin aplicarse desde que entrara en vigor en enero.
La Comunidad de Madrid ha explicado que los descuentos se harán efectivos en el tercer trimestre del año, y reconoció que los retrasos se han debido a problemas técnicos con las máquinas que tienen que elaborar los billetes y con la lista oficial de discapacitados en la región, que en un principio era diferente a la que constaba en la Consejería de Familia y Asuntos Sociales.
“Esto está pasando desde enero y creemos que son sólo excusas sin una base real; más parecen vaguedades y ganas de no tomarse en serio este tema, que ellos mismos aprobaron en diciembre de 2008. Promesas incumplidas”, criticaron desde el Comité. Solicitan que, para compensar este retraso, los descuentos se apliquen ahora de manera retroactiva.
Desde el CERMI afirman que “desde la Administración no se están facilitando los medios necesarios para que las personas con discapacidad accedan al transporte público”. También denuncian que, según el criterio seguido por la Comunidad de Madrid para repartir los abonos especiales para discapacitados, muchas personas en esta circunstancia personal quedan fuera del derecho al disfrute de esta concesión. “Esto es una medida de gracia que no satisface las necesidades del colectivo, aunque de cara a la galería queda bien”, reprocharon.
Según cálculos del CERMI, el número de usuarios de este descuento “no es tan elevado como se piensa”, según afirman, porque no todas las personas con discapacidad pueden utilizar un transporte público con plena autonomía. “Hablamos de una cifra sensiblemente inferior a la que puedan calcular en las distintas consejerías y no supondrían un coste excesivo para la Comunidad, por lo que la demanda real comentada hace meses a la Consejería de Transportes es perfectamente asumible”, según opinan desde el Comité directivo del CERMI.
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