BNG propone retirar la pensión vitalicia a González y a Aznar
El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha registrado en el Congreso una iniciativa para retirar la pensión vitalicia a los ex presidentes del gobierno mientras cobren de empresas privadas y para endurecer su régimen de incompatibilidades.
La proposición no de ley, que habrá de votarse en el Pleno del Congreso, tiene su origen en los fichajes de los ex presidentes Felipe González y José María Aznar por parte de Gas Natural-Fenosa y Endesa, respectivamente, que no les impide seguir percibiendo la asignación vitalicia reservada para quienes han presidido el gobierno de España.
El portavoz del BNG en el Congreso, Francisco Jorquera, reclama una modificación del estatus reglamentario de los ex presidentes del gobierno, “exigiendo la renuncia a las prerrogativas consignadas en la actualidad, salvo las vinculadas a garantizar su seguridad, en caso de que ejerzan actividades remuneradas por cuenta de empresas privadas”.
Según los Presupuestos Generales del Estado del presente año, cada uno de estos dos ex presidentes del gobierno recibirá en 2011 una pensión de unos 80.000 euros, más de lo que cobrará el jefe del Ejecutivo en ejercicio, José Luis Rodríguez Zapatero.
Pero, a demás, el BNG quiere revisar la vigente normativa sobre conflicto de intereses de los miembros del gobierno y altos cargos de la Administración pública, y endurecer el régimen de incompatibilidades.
Más años de incompatibilidad
En este sentido, demanda al gobierno una aplicación más rigurosa de la incompatibilidad de desempeñar actividades privadas remuneradas con posterioridad al periodo de ejercicio del cargo público, “ampliando los periodos de limitación vigentes desde que se ha producido el cese”.
También pide Jorquera que se amplíen las situaciones legales en las que existe incompatibilidad o conflicto de intereses a “aquellos supuestos en los que se realizan asesorías o consultorías especiales a los órganos de dirección y administración, o se participe como miembro o asesor especial en dichos órganos, de empresas privadas cuya actividad está relacionada con el ámbito de competencias ejercido desde el ámbito público”.
Jorquera alude al régimen de incompatibilidades de los miembros del gobierno y altos cargos de la Administración, señalando que “ha ido ampliando su radio de acción, abarcando también situaciones en los que la incompatibilidad de intereses no es simultánea, sino anterior o posterior al ejercicio del cargo”.
Según admite, la normativa ya experimentó una evolución “desde un enfoque más restrictivo” aunque “aún se permite que se produzcan situaciones cuya ética es discutible”. De hecho, los parlamentarios del BNG nunca apoyan los informes de la Comisión del estatuto del Diputado que autorizan la compatibilidad de funciones a sus señorías.
Elevar las exigencias
A su juicio, el régimen de incompatibilidades “está íntimamente relacionado con el ejercicio transparente de las funciones públicas y la promoción de la ética en la actividad política al servicio de los ciudadanos” pues “pueden hacer pensar que se adoptan decisiones guiadas por una influencia indebida que deriva del hecho de haber ocupado altas responsabilidades públicas y de las decisiones que se han tomado en el ejercicio da las mismas”.
En ese sentido, opina que la regulación debe ser ampliada, “no solo bajo la aspiración de minimizar las situaciones reales o potenciales que encierran un conflicto entre la actividad pública y el interés privado”, sino con la intención de elevar las exigencias éticas en el ejercicio de la actividad política, “antes, durante y después de cuando se ostentan responsabilidades públicas” con el objetivo de reforzar la calidad democrática del sistema político.
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