Las constructoras defienden ser quienes seleccionen a los compradores de VPO: “Es la única manera de que funcione”
La Asociación de Empresarios de Construcción, Promoción y Afines de La Rioja (CPAR-CNC) ha defendido hoy su papel alrededor de las Viviendas de Protección Oficial de La Rioja de promoción privada en Logroño, después de las críticas generadas porque la selección de compradores no se ha hecho por parte del Ayuntamiento de Logroño ni con un sorteo público. El secretario de la organización, Juan Ramón Liébana, ha dicho comparecer para “desmontar la demogogia y la cripación política” en torno a este asunto.
Las promotoras han insistido que “están cumpliendo el pliego administrativo y la Ley de Vivienda a rajatabla”, como ya defendió el Ayuntamiento de Logroño. Además, han considerado que la fórmula implantada “es la única manera en que funciona”, aludiendo a la seguridad jurídica para las empresas. “Nos preocupa porque puede llevar a que no se haga una VPO más de promoción privada en La Rioja”, ha añadido recalcando que “las empresas constructoras y promotoras no hacen política, no hacen demagogia, hacen viviendas”.
Liébana ha iniciado las explicaciones señalando que las empresas “han emprendido la promoción de VPO cuando el módulo les permite cubrir costes, por una parte, y, en segunda lugar, cuando se han dado las condiciones de seguridad jurídica necesarias para hacerlo”. Ha explicado también que “las parcelas escritas al patrimonio municipal del suelo obligatoriamente se tienen que licitar con un objetivo único de construcción de VPO, licitaciones que habitualmente se hacen por el precio máximo de venta del suelo”. Algo que, en este caso, “se hizo con incremento de precios, las empresas pagaron de más entre el 18 y el 33%”.
También ha remarcado que la adjudicación se hizo a través de una licitación pública. “Se hizo un expediente administrativo, es decir, con un pliego administrativo que cuenta con absolutamente todas las garantías jurídicas públicas”. Pliegos que “se hicieron públicos en la Plataforma de Contratación del Estado en enero de 2025”, aludiendo, como ya hizo el Ayuntamiento de Logroño, en que “los partidos políticos de la oposición no han dicho nada, y eran públicos”.
Liémana ha señalado que la iniciativa privada “tiene que buscar la financiación necesaria para promover esa VPO, corriendo todos los riesgos”. Riesgos, ha resaltado, junto a los que, en el caso de la VPO, además, se introduce “determinada inseguridad jurídica superior al que ya existe para promoción inmobiliaria en general”.
La construcción de VPO, ha apuntado el secretario general de CPAR, “implica vender con precio tasado, por debajo del precio de mercado”, e incluso ha incidido en que “para cada VPO están pasando del orden de 10 ó 12 personas a ver la vivienda, y la mayoría las rechazan” por diferentes razones.
Ha defendido que los compradores han pasado “absolutamente todos los controles jurídicos públicos necesarios, no tienen por qué someterse a sorteos”. “A diferencia de la adjudicación directa, que se reserva a la promoción pública, el modelo, que es el que existe en toda España, es el de permitir la selección de los compradores de vivienda a los promotores”, contando “por supuesto, con control administrativo, antes y hasta control doble después” de la compra, “con lo cual, control hay”. En este sentido, ha respondido a preguntas de los periodistas que los criterios de selección los eligen las empresas y ha dicho no saber cuáles se han utilizado.
“Las empresas adjudican conforme a la legalidad, conforme a lo que dice el pliego de cláusulas administrativas, conforme a lo que dice la Ley de Vivienda de La Rioja y conforme a lo que dicen los decretos 28 y 33 de 2013 del Gobierno de La Rioja”, ha especficado.
Por eso, ha insistido también en considerar que “el problema de esta polémica es que genera falsas expectativas” y ha argumentado que “la situación ha cambiado”, ya que los nuevos planes de vivienda “no contemplan préstamos cualificados de VPO, sino que para la financiación de esas VPO hay que acudir al mercado libre”. Y ha subrayado que “las empresas no venden humo, las empresas trabajan sobre realidades, no sobre futuribles ni promesas”, en referencia a diferentes anuncios políticos de construcción de VPO.
En este sentido, se ha preguntado “¿Qué pasa cuando se sortea una vivienda y el agraciado no cumple los requisitos económicos para poder acceder a un préstamo hipotecario?”, señalando en respuesta que “se le está creando una falsa expectativa, porque no va a poder comprar la vivienda, porque, de nuevo, tiene que acudir al mercado ordinario de financiación y no hay préstamos cualificados de VPO”.
Además, ha aludido a casos en que en los últimos sorteos públicos de VPO que quedaron desiertas como las viviendas de Toyo Ito. “Cuando una promoción de VPO se queda desierta, si es de promoción privada, las pérdidas las soporta la empresa”, ha dicho defendiendo la necesidad de “buscar fórmulas que introduzcan seguridad jurídica que permitan desarrollar VPO en La Rioja”.
Finalmente, ha defendido la política de vivienda del Ayuntamiento del PP en Logroño. “Después de 15 años, se han hecho 104 VPO, es una buena política de vivienda”, para continuar insisitiendo en que “es un sistema razonable que cumple perfectamente y absolutamente la legalidad”. “Las empresas están cumpliendo el pliego de condiciones que marcó el Ayuntamiento; están cumpliendo la Ley de Vivienda en todos sus términos; y las empresas, por supuesto, están vendiendo a compradores que cumplen con los requisitos que marca la Ley de Vivienda. Pero los promotores tienen que tener la seguridad jurídica de que aquellos que firman un contrato de compra-venta de VPO pueden cumplir aquello que están firmando”, ha afirmado.
“Las empresas, entre hacer y no hacer, estamos por hacer entre hacer VPO, pero creemos que hacer demagogia con este tema resulta, primero engañoso para la ciudadanía porque le crean falsas expectativas y segundo, muy peligroso porque pone en riesgo la futura viabilidad de nuevas promociones privadas de VPO”, ha concluido Juan Ramón Liébana.