EH Bildu, PSE, PP y UPyD piden responsabilidades políticas por las 'vacaciones fiscales'

EH Bildu, PSE, PP y UPyD han pedido que se depuren responsabilidades políticas por el caso de las 'vacaciones fiscales', que ha provocado una multa de 30 millones de euros para las arcas vascas por la demora en la devolución de estas ayudas declaradas ilegales por la Unión Europea.

Por su parte, el PNV ha recordado que, en su día, PSE-EE y PP estuvieron a favor de estas ayudas, así como dirigentes políticos que ahora están en EH Bildu. Además, ha denunciado que “el Gobierno de España nunca ha defendido la soberanía fiscal de los territorios vascos en Europa, y Europa nunca nos ha respetado”. “Si hubiéramos sido un Estado, no nos hubiera pasado nada de lo que ha pasado”, ha asegurado la parlamentaria jeltzale María Eugenia Arrizabalaga.

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Arrizabalaga, ha recordado que en el año 1993, con un 24% de paro en Euskadi, se pusieron en marcha las denominadas 'vacaciones fiscales' con el Gobierno del lehendakari José Antonio Ardanza, apoyado por el PSE-EE, y con un “amplísimo consenso”.

Tras destacar que 300 empresas se “salvaron de que quema de la crisis con los puestos de trabajo que ello implicaba”, ha recordado que las instituciones vascas han intentado “por todos los medios” defender su potestad y su soberanía en los ámbitos fiscales, al tiempo que ha destacado que “todo vino” porque La Rioja y Cantabria recurrieron las medidas de la CAV, pero no las de Navarra, que tuvo un programa “muy similar y nadie lo ha atacado”.

Respecto a la multa por la demora en recuperar las ayudas ilegales, la parlamentaria del PNV ha explicado que “durante todo ese tiempo los responsables forales han tenido discusiones con los técnicos de la UE porque no era fácil aclararse en los términos que establecía la UE la recuperación de las ayudas”.

Por su parte, el parlamentario de EH Bildu Xabier Isasi ha considerado “evidente” que tiene que haber una asunción de responsabilidades políticas por este caso y ha asegurado que los hechos “demuestran” que las vacaciones fiscales no fueron la “mejor herramientas” contra la crisis y para atraer capital extranjero, como “demuestra el caso de la coreana Daewoo, que ya no está”.

“Estamos a favor de más cotas de soberanía, también fiscal, pero las vacaciones fiscales entendidas para que los empresarios tengan mayores cotas de beneficios, no estamos de acuerdo”, ha indicado, para también destacar que el proceso de devolución de las ayudas “no ha sido modélico”.

Desde el PSE, su parlamentario Txarli Prieto ha reclamado también la definición de responsabilidades y ha asegurado que en 1993, a pesar de estar en coalición con el PNV en el Gobierno vasco, el PSE y él mismo se mostraron en contra de estas ayudas, alegando que iba ser intervenido por la UE.

Asimismo, ha criticado que cuando en las tres Juntas Generales se planteó la obligación de comunicar a la UE la decisión de poner en marcha las 'vacaciones fiscales', “hay una posición del PNV que dijo 'nosotros somos soberanos y podemos hacer lo que nos da la gana”.

Por UPyD, su parlamentario, Gorka Maneiro, ha denunciado la “soberbia irresponsable” del PNV, que cree que “puede hacer lo que le dé la gana”. “No sólo no ejecuta la sentencia (de la UE), sino reponde con soberbia. El debate sobre identificar responsabilidades políticas es necesario. Los ciudadanos deben saber quién es responsable de esas medidas que ahora tenemos que pagar todos”, ha destacado.

Por último, el presidente del PP de Gipuzkoa y parlamentario, Borja Sémper, ha señalado que el de las 'vacaciones fiscales' es otro episodio de la “incompetencia supina del PNV”. “Los ciudadanos vascos vamos a tener que pagar 30 millones, las diputaciones forales decidieron hacer caso omiso a las sentencias de la UE y el PNV creía que estamos por encima de la legalidad vigente”, ha manifestado.

Sémper ha recordado que su partido ha registrado una iniciativa para que se localicen responsabilidades políticas y para que este asunto sea llevado a la fiscalía. “No puede ser que haya representantes políticos que se nieguen a cumplir la legalidad vigente y, como consecuencia de esto, el PNV debería reconocerlo y comprometerse a devolver esos 30 millones a la ciudadanía vasca”, ha aseverado.