El Gobierno presenta un recurso para reclamar el sistema financiación riojano
El Gobierno de La Rioja ha acordado hoy reclamar vía judicial 21,54 millones de euros adicionales al Gobierno de España que le corresponderían por la aplicación del sistema de financiación en 2010, del cual tendría que recibir un total de 59,60 millones de euros que corresponderían a nuestra comunidad como nuevos recursos para 2010. Para ello, esta mañana, ha presentado un recurso ante la Audiencia Nacional, según informó el portavoz del Ejecutivo regional, Emilio del Río.
El portavoz gubernativo apuntó que el recurso contencioso-administrativo se dirige contra la Orden de la Ministra de Economía y Hacienda que acuerda conceder a la Comunidad Autónoma de La Rioja los anticipos de 2010 a cuenta de los fondos y recursos adicionales de financiación de las Comunidades Autónomas establecidos en la Ley 22/2009.
Del Río recordó que cuando “hubo que tragar” con el acuerdo de financiación autonómica “negociado entre el Gobierno central y Cataluña”, se firmó que a La Rioja le corresponderían 59 millones de euros, si bien ahora “sin ninguna explicación” que la comunidad recibirá 37.
Precisó que del montante total que se reclama (21,5 millones de euros) que corresponderían a nuevos recursos para el año 2010, 16,7 millones de euros corresponderían a la distribución de 1.200 millones de euros que el Estado fijó para repartir entre todas las Comunidades Autónomas para que estas atendieran temas relacionados con la Dependencia y la Ley de Autonomía personal. El resto correspondería a la actualización de población.
El Gobierno de La Rioja respalda así la resolución del consejero de Hacienda que considera que la Comunidad Autónoma sufre “un perjuicio económico” en los ingresos que le corresponderían con la correcta aplicación del acuerdo que alcanzó el Estado con las Comunidades Autónomas en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
El Ejecutivo riojano argumenta que la citada orden no contempla los recursos adicionales del sistema de dependencia y el baremo de población, aspectos que estaban incluidos en el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
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