El alcalde de Soto en Cameros, a juicio por prevaricación y fraude junto a varios exconcejales

El Fiscal solicita una pena de más de 41 años de cárcel para 11 personas, entre ellas el actual alcalde de Soto en Cameros Pedro-Elías Cristóbal, concejal en el momento de los hechos y el alcalde en el año 2010, Miguel Pedro Cuesta, que aparece en el escrito de Fiscalía a pesar de haber fallecido en 2020. Estas 11 personas, entre las que hay varios concejales de dos legislaturas, están acusados, en diferentes grados, de diferentes delitos de fraude, prevaricación y falsedad documental al engordar ilícitamente presupuestos para realizar obras de mejora en los caminos y pequeñas infraestructuras en dicha localidad riojana. El juicio está previsto el próximo 23 de abril.

Al actual alcalde, que lo es desde 2015, y que era concejal en el momento de los hechos, Fiscalía le pide dos años por el delito continuado de fraude a la administración, y por el delito continuado de prevaricación la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de ocho años y medio.

Al parecer, según sostiene el escrito de la Fiscalía, como dichas obras “estaban subvencionadas por la UE y la CCAA en un porcentaje importante pero no completo, dos de los acusados -el alcalde, de 2010, y un empresario- acordaron que para obtener una subvención del cien por cien del costo de las obras, procederían a aumentar ficticiamente el presupuesto”.

Para conseguirlo, el Fiscal también explica que tuvo un papel muy importante el secretario de la Corporación del momento, también acusado. Así las cosas, a mediados del año 2010, el empresario se puso en contacto con el alcalde para informarle de “un ambicioso proyecto de actuaciones de desarrollo turístico, comercial, agropecuario e industrial en la zona de influencia del citado Ayuntamiento”.

Tras varias conversaciones connivieron la participación de algunas mercantiles en “los concursos que el Ayuntamiento iba a convocar para realizar diversas obras de mejora en los caminos y pequeñas infraestructuras del pueblo”.

Para conseguir engordar dicho presupuesto, el Fiscal considera que debían de estar de acuerdo diferentes personas, también acusadas. Todo lo hicieron con pagos basados en facturas o documentos falsos “para hacerles creer que el importe de la obra era mayor que el real”.

En esta creación de certificaciones de obra y documentación 'ad hoc' idónea para recibir una subvención mayor, también asegura que “era necesario contar con el concurso imprescindible de los técnicos y directores de las obras”, como es el caso de otros acusados. Estos “prestaron su firma y visto bueno insustituible a la apariencia de un gasto mayor”.

“Dieron fe de haberse gastado cantidades mayores que no coinciden con la realidad y son el soporte documental necesario para cobrar un importe mayor de subvención”, asegura.

Esta trama, monitorizada principalmente por tres personas, entre ellas el exalcalde, “precisaba también de la aprobación y visto bueno del Pleno de la corporación municipal”, dice el Fiscal. “Sabiendo que existían obvias diferencias entre el coste de las obras realmente ejecutadas y el que se presentaba a control del órgano encargado de dar la subvención”.

Este esquema fraudulento se llevó a cabo, cuando menos, en las siguientes obras: -Obra del 'Proyecto Piloto de Conservación del paisaje del Cañón del Río Leza', Obra: 'Mirador y Neveras Rutas de Senderismo Soto - Treguajantes' y Obra: 'Mejoras Caminos Rurales del Cadme, Fase II'. Para hacer estas operaciones fraudulentas se sirvieron de diferentes empresas o mercantiles, “si bien en muchos casos no culmina su tramitación e inscripción en el Registro Mercantil”.

En definitiva, el montante total por la percepción indebida de subvenciones asciende a 95.000,74 euros (23.871,06 euros en 'Mejoras Caminos Rurales del Cadme Fase II', 13.500,86 euros en 'Mirador y Neveras Ruta de Senderismo Soto-Treguajantes' y 57.628,82 euros en 'Proyecto Piloto de Conservación del paisaje del Cañon del Río Leza'). No se ha acreditado ni consta enriquecimiento personal de los acusados en estas actuaciones.

Para el Fiscal estos hechos son constitutivos de un delito continuado de fraude a la Administración, de prevaricación administrativa, de falsedad en documento público/oficial cometida por autoridad o funcionario público y por particular y solicita penas que van entre los 2 años y 4 años y 6 meses de prisión para los acusados, en función de su intervención.

Por responsabilidad civil, todos los acusados conjunta y solidariamente indemnizarán a la Administración defraudada (CC.AA. y UE, en la proporción que se fije en ejecución de sentencia) en el montante de las subvenciones recibidas ilícitamente, y que hoy asciende a 95.000,74 euros.