Sin inspector médico en la Consejería de Educación desde hace más de un año: “Numerosos expedientes sufren retrasos o siguen sin resolverse”

La Consejería de Educación de La Rioja está sin inspector médico, según ha denunciado públicamente el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza de La Rioja (STE-Rioja) y ha confirmado el Gobierno de La Rioja. El sindicato ha resaltado que esta carancia se arrastra “desde hace más de un año”, mientras que desde la Consejería apuntan que se encuentra de baja médica “desde hace unos meses”.

Según advierte STE-Rioja, esta situación “está generando importantes perjuicios para el personal docente y no docente del sistema educativo riojano”. “Durante este tiempo, numerosos expedientes relacionados con accidentes laborales, enfermedades profesionales y otras situaciones que requieren valoración médica administrativa permanecen sin resolver o sufren retrasos injustificados”, señalan desde el sindicato, que describe una situación de “incertidumbre, indefensión y un grave perjuicio para el profesorado afectado, que ven demorados procedimientos fundamentales para el reconocimiento de sus derechos”.

STE-Rioja tacha de “inadmisible” que la Administración educativa no haya adoptado las medidas necesarias para garantizar la cobertura de un puesto esencial para el correcto funcionamiento de los servicios de prevención y salud laboral. El sindicato denuncia que “la falta de respuesta durante más de un año evidencia una preocupante falta de compromiso con la salud y la seguridad del profesorado”. Por su parte, desde el Ejecutivo explican que desde el momento de la baja “se activaron los procedimientos habituales para que esa persona pueda ser sustituida”, si bien tiene que cumplir los requisitos necesarios para el puesto de inspector médico y “se está trabajando en ello”, según dice la Consejería.

Por ello, exigen a la Consejería de Educación que adopte de manera urgente las medidas necesarias para cubrir la plaza de inspector médico y resolver con la máxima celeridad todos los expedientes acumulados y reclaman “información transparente” sobre la situación actual de los procedimientos pendientes y un calendario concreto para su resolución. “La protección de la salud laboral y la atención adecuada a quienes han sufrido accidentes de trabajo no pueden seguir siendo relegadas. Las trabajadoras y trabajadores de la enseñanza merecen una respuesta inmediata y eficaz por parte de la Administración”, concluyen su comunicado.