Los sindicatos llaman a la movilización para detener la privatización del Registro Civil

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en el sector de la Justicia, y el resto de las organizaciones con representación en este ámbito hicieron hoy un llamamiento al conjunto de los trabajadores del Registro Civil para impedir 'in extremis' que el Ministerio de Justicia lleve al Consejo de Ministros la privatización del mismo.

Si el Ministerio “no se aviene a dialogar”, desde CSIF “no escatimaremos ninguna medida de presión, con toda la contundencia y la fuerza que nos da nuestra representación entre los funcionarios de la Justicia. Las empleadas y empleados públicos no están dispuestos a asistir como convidados de piedra a una nueva maniobra del ministro de Justicia que supone la mercantilización de su puesto de trabajo”.

Mientras se produce la respuesta del Ministerio, al que se le ha solicitado una reunión urgente aún sin respuesta, CSIF va a promover una contestación en todos los ámbitos de la sociedad civil. Para ello, ha iniciado contactos con el conjunto de los operadores judiciales (asociaciones de jueces, fiscales, abogados, secretarios judiciales, etcétera), así como con los grupos parlamentarios. El Grupo Parlamentario Socialista mañana mismo le preguntará al Ministro “si le queda algún recorte por efectuar en los derechos y libertades de los ciudadanos”.

También se va a promover la oposición de los alcaldes, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), teniendo en cuenta que esta privatización puede dejar a los ciudadanos de los municipios más pequeños sin el servicio de registro que se presta a través de los Juzgados de Paz.

Asimismo, a lo largo de los próximos días se va a iniciar una campaña informativa y de concienciación dirigida a los ciudadanos, así como una recogida de firmas contrarias al proyecto.

CSI-F también va a tratar de que los Registradores de la Propiedad reconsideren este proyecto. En una carta dirigida al Decano del Colegio de Registradores, CSI-F le recuerda que la Asamblea General de Zaragoza que organizó esta institución condicionó la asunción de competencias a la financiación pública, la existencia de consenso parlamentario y consenso social sobre el nuevo modelo.

CSIF hace un llamamiento a la concienciación de todos los funcionarios de Justicia sobre la trascendencia que para sus condiciones de trabajo va a suponer la privatización del servicio y que afectará a los concursos de traslados, provocará despidos de interinos y movilidad forzosa de titulares, amortización de plazas, restricción de la promoción interna, devaluación de nuestras funciones y pérdida de características esenciales lo que abre la puerta a más cambios e imposiciones en nuestro estatuto jurídico.