Sarkozy pone en marcha la reforma de la ley de inmigración

Las advertencias que Francia venía dando sobre su intención de modificar la legislación para poder aplicar sus “medidas de seguridad” han empezado a hacerse efectivas. El presidente francés, Nicolas Sarkozy se reunió ayer con el Primer Ministro galo, François Fillon y el Ministro de la Inmigración, Eric Besson, para determinar las modificaciones necesarias sobre la inmigración y las circunstancias en las que será posible retirar la nacionalidad.

Entre las decisiones más importantes se encuentra la de retirar la nacionalidad francesa durante los 10 primeros años a aquellos ciudadanos franceses de origen extranjero que atenten contra la vida de un policía o un gendarme, tal como ya había anunciado Sarkozy en el discurso que ofreció en Grenoble a finales de julio . En aquella misma ocasión, el Ministro del Interior, Brice Hortefeux, propuso que la retirada de la nacionalidad fuera posible también para aquellas personas que cometan poligamia y realicen acciones fraudulentas al demandar ayudas sociales. Pero esta circunstancia no será finalmente contemplada, aunque el comunicado que anunciaba las decisiones surgidas del encuentro de ayer sí que hablaba de un reforzamiento de las sanciones para los polígamos que abusen de las prestaciones sociales.

Otro punto abordado fue el de la posibilidad de no conceder la nacionalidad francesa de manera automática a los menores que delincan, otra de las “medidas de seguridad” propuestas en Grenoble. Sin embargo, sobre este aspecto el Elíseo se mostró más prudente y aún no ha tomado ninguna decisión al respecto, aunque sí que se examinarán las condiciones para poder oponerse “a la adquisición automática de la nacionalidad a los menores condenados a prisión”, según informa Le Monde. A pesar de ello, sí que contemplan la creación de un tribunal para menores a fin de lograr “una mejora en la eficacia de la justicia de los menores infractores”.

Por otra parte, será creada una pena “irreductible” de 30 años de prisión para los asesinos de policías o gendarmes así como “penas mínimas para los autores de actos de violencia agravados”. También se contempla controlar a los delincuentes reincidentes mediante brazaletes electrónicos una vez hayan salido de prisión.

Pero el anuncio más esperado, por su relación con las expulsiones de gitanos que están teniendo lugar en Francia, fue el de una posible reforma de la ley inmigración. Según lo expresado por el comunicado, las modificaciones que se plantean incluir al respecto son las relativas a la expulsión de inmigrantes irregulares. Lo que se pretende es facilitar “el traslado a la frontera de extranjeros en situación irregular”, entre los que se podrían incluir en algunas ocasiones a extranjeros de la Unión Europea “en caso de que se amenace el orden público, cuando se carezca, de modo duradero, de un modo de subsistencia o cuando se trate de un abuso del derecho a la libre circulación” de ciudadanos, tal como informa El País.

Todas estas medidas serán sometidas a debate en la Asamblea Nacional con el propósito de que entren en vigor a finales de este año, según el comunicado oficial.

Continúa la expulsión de gitanos

A pesar de las críticas expuestas por diferentes agrupaciones políticas, de las manifestaciones del sábado en varias ciudades tanto francesas como de otros países (entre ellas Madrid y Barcelona), de las críticas de las Naciones Unidas (ONU) y de las dudas expresadas por la Unión Europea , Francia no da un paso atrás en su política de expulsiones de romaníes.

Ayer París acogió otros dos actos relacionados con esta cuestión. Por una parte, Nicolas Sarkozy recibió en el Palacio del Elíseo al presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, para explicarle la forma en que las expulsiones se están llevando a cabo y defender la legalidad de las mismas.

Por otra parte, tuvo lugar una reunión entre varios ministros del Interior y secretarios de Estado de Italia, Canadá, Alemania, Reino Unido, Bélgica y Grecia, junto con Éric Besson, en la que éste último no pudo evitar tener que asegurar que las expulsiones se están realizando conforme a la ley y estudiando caso por caso.

Hoy, además, se debatirá en la Eurocámara la política de expulsiones de ciudadanos rumanos y búlgaros de etnia gitana de Francia, en un acto que contará con la presencia de la comisaria de Interior, Cecilia Malmström, y de Justicia, Viviane Reding,