UPyD propone “poner coto al urbanismo descontrolado”

Por ello, para “tratar de combatir las nefastas consecuencias que esta crisis urbanística está teniendo en nuestra socidad” UPyD estima preciso “abordar el tema buscando, como cita Julián San Martín, candidato a la Alcaldía de Logroño, soluciones globales para problemas locales”.

Así, prosiguen, “el extraordinario auge de la construcción de viviendas en el último decenio, con un mercado inmobiliario que multiplicó su volumen por seis entre 1997 y 2006, convirtió a España en el país europeo con mayor tasa de viviendas por habitante”.

“Muchas de las cuales permanecen vacías todavía pues fueron adquiridas como activos financieros. Paradójicamente, en paralelo con este espectacular aumento del número de viviendas, ha crecido la dificultad de acceso a la vivienda para la mayoría de la sociedad, incapaz de afrontar el desaforado aumento de precio. Es necesario, por tanto, un replanteamiento total de las políticas de vivienda, altamente ineficaces”, advierten.

“Es cierto que la crisis económica impone un cambio de ciclo en el sector y que hoy todos los indicadores muestran un fuerte declive, pero más allá del impacto a corto plazo de la crisis de la burbuja inmobiliaria, resulta indispensable atacar las carencias estructurales del sector mediante importantes reformas”.

Por ello, desde UPyD La Rioja, “entendiendo que el planteamiento municipal debe facilitar el acceso a la vivienda, el goce de los servicios y la preservación del medio ambiente”, proponen: “la introducción del concepto capacidad de carga del territorio así como de las necesidades sociales en materia de vivienda. La intención debe ser limitar la clasificación del suelo urbanizable, evitando nuevos desarrollos incompatibles con las infraestructuras existentes”, explican.

Así, también proponen “el incremento del porcentaje de cesión de aprovechamiento del suelo a favor de las administraciones públicas, en términos similares a lo recogido en la ley del suelo de 1992 (un 15 por ciento)”.

Esta iniciativa “busca garantizar que las plusvalías derivadas de los procesos urbanísticos quedan en manos públicas. Se debe también, en relación a lo anterior, prohibir la venta de estos aprovechamientos urbanísticos y establecer la obligación de dedicarlos a la promoción de vivienda pública o fines equivalentes”, explican.

Finalmente, indican, “es imperativo promover dentro de las políticas de diseño de ciudad la rehabilitación de viviendas a escala urbana con una perspectiva integral, priorizando la eficiencia energética y la habitabilidad, y que no se circunscriba a los centros históricos”.