Uruguay quiere encontrar a sus desaparecidos
Las calles de la capital uruguaya, Montevideo, se llenaron el pasado jueves de decenas de miles de ciudadanos, entre los que se encontraba el presidente del país, José Mujica. Marchaban en silencio para reclamar que se les comunique qué fue de los desaparecidos durante la dictadura militar que gobernó el país entre 1973 y 1985 así como reivindicar el derecho de la Justicia uruguaya a que investigue a los responsables de los crímenes de guerra perpetrados en aquella época.
La manifestación, que se realiza cada año desde 1996, es la primera que tiene lugar desde marzo, cuando Mujica, un ex guerrillero izquierdista que combatió la dictadura, llegó al poder.
Familiares de las víctimas de la dictadura han afirmado que no se conseguirá la total reconciliación nacional hasta que no se sepa el paradero de los más de 200 desaparecidos y se investigue a los autores de los crímenes de guerra.
“Sin la verdad y la justicia, no hay reconciliación”
, fue la consigna de la marcha, que recorrió una de las principales avenidas de Montevideo. Muchos manifestantes portaban fotos en blanco y negro de los rostros de sus familiares desaparecidos.
“La sociedad uruguaya tiene todo el ánimo de reconciliación, pero naturalmente [eso] pasa por saber la verdad y porque haya justicia”
, dijo el senador oficialista Rafael Michelini, hijo del político Zelmar Michelini, quien fue asesinado en Buenos Aires en 1976 por la Policía de la dictadura.
Se trata de la primera marcha de este tipo después de que el año pasado fracasara el intento de anular en un referéndum sobre una polémica ley, que limita la acción de la Justicia para investigar violaciones de los Derechos Humanos durante la dictadura.
La coalición gubernamental de izquierdas, el Frente Amplio, estudia por su parte la posibilidad de acabar en el Congreso con la norma, cuestionada por organismos internacionales y declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia uruguaya.
La denominada Ley de Caducidad estableció la amnistía para todos los delitos cometidos durante la dictadura (1973-1985), fue aprobada en 1985 por el primer gobierno democrático tras la dictadura, del entonces presidente Julio María Sanguinetti.
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