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La patata caliente de los planos: el colegio de arquitectos de Madrid le endosa a los ayuntamientos su conservación

El Colegio de Arquitectos iba a destruir parte de los dos millones de expedientes que mantiene por 100.000 euros al año en una gigantesca nave 

Tras las quejas, busca que los 179 municipios de Madrid se hagan cargo de los planos de sus edificios, acumulados desde 1975

"Los ayuntamientos pequeños no tienen capacidad para archivar los expedientes", explican fuentes conocedoras del proceso

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La nave industrial de Cabanillas del Campo (Guadalajara) donde están guardados los expedientes.

La nave industrial de Cabanillas del Campo (Guadalajara) donde están guardados los expedientes. COAM

Hay una nave industrial a 54 kilómetros de Madrid, en la pequeña localidad de Cabanillas del Campo (Guadalajara), en la que descansan todos los expedientes de edificios de la región desde 1975. Son dos millones (muchos, sin construir) que ocupan 43.000 metros lineales y cuestan unos 100.000 euros al año en mantenimiento. Hasta ahora, el encargado de su custodia era el Colegio de Arquitectos (COAM), donde cada vez que un arquitecto ejecuta algo debe visarlo. Pero el pasado 16 de agosto el Gobierno regional aprobó su destrucción parcial: el colegio trata de recortar gastos y decidió reducir su tamaño.

En pleno verano, varias asociaciones de arquitectos y archiveros saltaron a denunciarlo. "Con absoluta 'agosticidad', la Comunidad de Madrid autoriza la destrucción de 514.154 expedientes", titulaba su comunicado ADN COAM, una asociación de colegiados crítica con la actual gestión. "La orden habla de 'destrucción', esa palabra que ofendió a nuestro decano cuando expusimos que expurgo sí, pero destrucción no". "¿Pretende el COAM destruir su archivo?", se preguntaba la federación de asociaciones de archiveros Anabad. "Las últimas noticias que recibimos señalan a una respuesta afirmativa. Sí".

Comunicado

Comunicado de la asociación ADN COAM.

Entonces sucedieron dos cosas. La primera: que el colegio notificó a sus arquitectos asociados que pasaran a recoger sus expedientes si querían salvarlos. Y la segunda: que hizo lo propio con los 179 ayuntamientos de la Comunidad, dejando en sus manos –previo pago de la tasa, que para colegiados es de 5 euros por expediente si van a por ellos y 60 euros por caja si prefieren que se los envíen– su conservación.

"Aquí empieza el problema. Se le contó a los ayuntamientos el procedimiento para recuperar los archivos y el dinero que tenían que pagar. Pero además se les pedía que contactaran con cada arquitecto para que lo autorizara", explica una fuente cercana al proceso que pide no revelar su identidad. "Era incomprensible. Se dijo que no era viable". Previamente, en una reunión con la Comunidad, algunos ayuntamientos ya habían expresado su inquietud. "Les habían llegado listados enormes de proyectos. Imagínate: 25 años [de 1975 a 1999, porque los siguientes visados se mantenían]. Era interminable y complejo".

Además de desperdigar el archivo por 179 sitios en vez de custodiarlo en uno solo, los ayuntamientos más pequeños de la región no tienen ni archiveros ni medios para hacerse cargo de ellos, así que las asociaciones seguían sin estar de acuerdo.

Sin embargo, es la solución definitiva del Colegio para ahorrarse tanto el mantenimiento como –pese a estar autorizada por la Comunidad– la destrucción de archivos, que tanto revuelo ha causado entre sus colegiados.

"El COAM no ha destruido ningún expediente", asegura un portavoz a este periódico. "Está en conversaciones con todos los archivos de los municipios de la Comunidad para la cesión de la custodia". El colegio ha actualizado su web con este mensaje y enviará una circular la semana que viene. Finalmente se ha decidido que a los ayuntamientos les salga gratis.

"Es un lío", añade Pilar Pereda, de ADN COAM. "Me consta que los ayuntamientos deben indicar si tienen la licencia de construcción [la que da el ayuntamiento antes de construir una obra] para que les entreguen el proyecto de ejecución [el que tiene el colegio y se quiere salvaguardar]. No sé si tendrán capacidad".

"En teoría se celebrará un convenio con cada uno de los 179 municipios y que cada uno precise los expedientes que necesita tramitar", continúa una fuente que sigue de cerca el proceso. "Los ayuntamientos grandes no deberían tener problemas, pero los pequeños tienen dificultades. Algunos ni siquiera tenían archiveros en esa época". 

¿Cómo se llega aquí? Un ahorro de 88.000 euros al año

La historia es la que sigue. Los expedientes son extensos proyectos que incluyen planos, normativa, seguridad, materiales, etc. que los arquitectos visan en el COAM. "Es muy importante. Si vas a a hacer una reforma en un edificio y necesitas sus condiciones o estructura, están ahí", afirman desde Madrid Ciudadanía y Patrimonio, asociación para la defensa del patrimonio madrileño. "También sirve para investigar la arquitectura reciente. Su desaparición es muy negativa".

Los expedientes de entre 1954 y 1974 están a salvo, guardados en el Archivo General de Alcalá de Henares, que depende del Ministerio de Cultura. Pero los de 1975 en adelante los guarda el COAM, pagándolo de su bolsillo. "Tenemos 80.000 cajas", explican. "El coste de mantenerlo era, hasta 2015, de 200.000 euros al año".

En 2015, la Junta del colegio oficial aprobó reducir costes en esta partida. Hasta entonces, la empresa encargada de su custodia y mantenimiento era Iron Mountain, una multinacional que en España guarda archivos de varias empresas del IBEX 35, bancos, hospitales y entidades públicas. "Llevan archivos de la Comunidad", explica una persona cercana al COAM. "Son de primer nivel".

Para pagar menos, el colegio cambió a TXT, una compañía madrileña de logística y paquetería industrial. Con ella, conseguía ahorrarse algo menos de la mitad: pasaba de pagar 200.000 a 112.000 euros anuales. "En el contrato con esa empresa se dijo que se rebajaba el precio con la condición de expurgar el 40% de los documentos. Si no, les penalizaban con 100.000 euros. Y en esas se han visto".

112.000 euros al año es la décima parte de lo que gana el organismo, que en 2017 ingresó 10,9 millones y gastó 9,7, con un excedente de 1,2 millones de euros. "Para que te hagas una idea, la exposición de Sáenz de Oiza ha costado 200.000 euros", continúa su relato. Entre las cuotas de los socios y los precios por tramitar expedientes (los que se quieren destruir), ingresa 7,5 millones anuales. Si quisiera, podría repercutir el coste a los diez mil asociados: serían poco más de 8 euros al año cada uno.

¿Por qué el colegio no asume –o repercute– un coste tan pequeño, teniendo en cuenta que no aumentará con los años porque ahora se visa telemáticamente? "Son ocho euros por colegiado, pero no todos los colegiados utilizan el archivo porque no todos construyen. Si se repercutiera a los que visan, subiría a 20 euros al año", dicen allí. "Es una forma de ser eficientes".

Hay voces entre los colegiados que están a favor de la destrucción, que saben que parte del archivo no tiene importancia (es material duplicado o informes que, pasados varios años, pueden desaparecer sin problema) y que lo verdaderamente importante (las obras protegidas) permanecerá a salvo porque así lo marca la ley. También defienden que conservar cajas de papel por el simple hecho de conservarlas es insostenible.

Parte de las fuentes consultadas atribuyen el revuelo a que el año que viene hay elecciones a la junta de representantes del COAM y a que entre sus colegiados hay grupos enfrentados que tienen que hacer oposición. Por eso, aunque la decisión de ahorrar se produjera en 2015, es ahora cuando alzan la voz y cargan contra la Junta y la eliminación de archivos.

El otro choque de intereses se da entre asociaciones que llevan años defendiendo la creación de un archivo provincial, que existe en casi todas las provincias de España pero no en Madrid. De existir, los expedientes no habrían ido a los 179 ayuntamientos sino allí.

La mayor destrucción de archivos de Madrid

De no llegar a un acuerdo con los Ayuntamientos, la que actualmente está aprobada es la mayor eliminación de documentos de la historia reciente (últimos cinco años) de la Comunidad: 94.000 cajas y 11.311 metros lineales. La segunda más grande se hizo en 2016: se aprobó la destrucción de 63.000 cajas de expedientes del impuesto jurídico sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados (el famoso impuesto de las hipotecas), procedentes de la Consejería de Hacienda y custodiados por el archivo regional. Los datos son del Consejo de Archivos, el órgano creado en 1993 para asesorar al gobierno en esta materia.

Las asociaciones abogan por el expurgo (eliminación selectiva) en vez de la destrucción. "Nuestra propuesta es sencilla: solo habría que abrir cada caja y extraer el proyecto de ejecución de cada expediente. Mantener todo es absurdo", indican en ADN Coam. "No parece complejo. Si cuesta dinero y es inasumible por el colegio, que se subvencione". Tanto este método como la digitalización están descartados por el COAM porque cuestan más. "Es más barato tirar sin mirar", resume la asociación.

"Los archivos del colegio tienen todos los proyectos. No solo los construidos, también los que no se han llegado a construir. Un expediente tiene planos, memoria, presupuestos... Son importantes: si vas a hacer una reforma en un edificio, los necesitas para ver su estructura, materiales, etc. Su desaparición es muy negativa a efectos de obra en edificios existentes", indica una de las personas consultadas. Además de para reformas, sirven para actualizar la Guía de Arquitectura de Madrid - que recoge los edificios más relevantes y cuya última edición salió en 2007 - y, en definitiva, para investigar la arquitectura reciente.

Como recuerda José María Noguera, presidente de Anabad, "este fondo archivístico guarda relación con una de las principales actividades económicas de nuestra sociedad: la construcción. Y el periodo a destruir coincide con el de mayor actividad constructora de nuestro entorno, el gran desarrollo urbanístico de la conurbación madrileña, previo a una crisis en el sector demoledora para toda la sociedad".

"No digo que haya algo oculto detrás. Si el COAM no quiere pagar esos 100.000 euros al año, hay una solución: que el Ministerio de Cultura y la Comunidad de Madrid se pongan de acuerdo y creen un archivo histórico provincial, como existe en casi todas las provincias", añade Noguera a este periódico. Solo A Coruña, Valencia, Barcelona y Navarra carecen de él. Según adelantó El País, Cultura se está replanteando si crearlo o no en Madrid: estaba incluido en los Presupuestos Generales del Estado de 2018 pero con solo 100.000 euros y el ministerio duda de si serán suficientes.

"Ahí iría a parar toda la documentación de las delegaciones de Hacienda, Tráfico, colegios profesionales... Hay que crearlo. Mientras tanto, que el COAM cobre más a sus colegiados o pida ayuda a la administración para que le ayude a mantener esos documentos. Soluciones hay muchas, pero la definitiva es la del archivo histórico", concluye. "Si se destruyen esos archivos, se crea un grave precedente: podrían destruirse fondos de otros colegios e instituciones, podría llegar el colegio de médicos y decidir destruir todas las partidas de defunción porque 'total, ya están muertos'. Y no hay derecho".

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