El funcionario que alertó de la trama del 1% del PP de Aguirre declarará como testigo ante el juez de Púnica
La Audiencia Nacional ha encontrado una nueva pista en la trama del 1% a partir de una información desvelada por eldiario.es. El juez que instruye la trama Púnica, Manuel García Castellón, ha llamado a declarar como testigo a Francisco Barrueco, uno de los funcionario que en 2013 denunció las posibles irregularidades derivadas de la cláusula del 1%, que los gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González incluyeron en todos los contratos.
El método era el siguiente: obligar a las constructoras a abonar el 1% del presupuesto de cada contrato para sufragar campañas publicitarias que se realizaban por un coste mucho menor o que ni se llegaban a hacer. El dinero que no se usaba para su fin, acababa por tanto en la caja B del PP o en los bolsillos de sus dirigentes.
Barrueco declarará ante el juez el próximo 21 de enero, ha adelantado El País y confirmado eldiario.es. A principios de 2013, los funcionarios del Gobierno regional que presidía Ignacio González enviaron una carta denunciando los “pagos exigidos a determinados adjudicatarios de obras” al entonces consejero de Transportes de Madrid, Pablo Cavero. La Junta de Personal (el equivalente al comité de empresa del funcionariado) aprobó una segunda carta también dirigida al mismo consejero con copia a la mesa de la Asamblea de Madrid y a los grupos parlamentarios.
También mantuvieron una reunión con el entonces número dos de Transportes, Borja Carabante, actual concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid que preside José Luis Martínez-Almeida. Precisamente, según ha podido comprobar eldiario.es, Barrueco ha sido llamado a declarar para explicar esa reunión con el edil de Medio Ambiente.
Barrueco concedió una entrevista a este diario hace apenas unas semanas, en la que explicó por qué generaron dudas entre los funcionarios la cláusula. “Borja Carabante fue clave en la gestión de la cláusula del 1%, es imposible hablar del 1% en los contratos de la Consejería de Transportes sin tener en cuenta su papel”, aseguró el trabajador público.
Barrueco explicó que se trataba de un procedimiento “extraño” y que la cláusula se incluyó “en absolutamente todos los contratos”. A su juicio, se trataba de una instrucción “de arriba” dado que su redacción era idéntica en todos los contratos. “Si la redacción de la cláusula es igual en la Consejería de Transportes y en la Consejería de Sanidad, ¿quién puede dar órdenes a un consejero?”.
En noviembre, ya declaró ante el juez otro de los funcionarios que denunciaron la cláusula. Enrique López Álvarez fue llamado a declarar ante la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) días después de la información desvelada eldiario.es y posteriormente amplió su declaración ante el juez García Castellón, que le citó como testigo.
