Los incentivos perversos de la sanidad de Madrid para “maquillar” las listas de espera: “Esto pone los pelos de punta”
Cuando el pasado 9 de septiembre se publicó que se disparaba en dos años el número de mujeres a la espera de una mamografía en la Comunidad de Madrid y que 9.000 no tenían fecha asignada para esta prueba diagnóstica, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso sacó pecho de su gestión sanitaria, en la misma línea que ya habían seguido en ocasiones anteriores: “Madrid tiene las listas de espera más bajas”, dijo el consejero portavoz autonómico. La región lleva tiempo presumiendo, pero tras conocer que uno de los principales hospitales de la capital rebajó la prioridad de 57 pacientes pendientes de una operación para mejorar sus números, surge una pregunta: ¿cómo de fiables son las listas de espera de la Comunidad para tener una imagen real y completa de la espera de los pacientes?
El “maquillaje” de las listas de espera es una antigua denuncia de sindicatos y asociaciones de pacientes. “No nos llama la atención. Es algo que hacen prácticamente la totalidad de centros para ocultar datos a la Consejería y es algo que hacen las Consejerías con el Ministerio. No es algo privativo de Madrid”, señalaba este martes la secretaria general de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), Ángela Hernández.
La Comunidad, no obstante, lleva décadas arrastrando una hemeroteca que da muestra del trampeo en la forma de registrar el tiempo de espera. Ya en 2005, el Ministerio de Sanidad expulsó a Madrid del sistema nacional de cómputo por los incumplimientos del Gobierno de Esperanza Aguirre de la normativa estatal del momento. Si los pacientes tenían que ser incluidos en el momento en que el médico especialista indicase la intervención, la Consejería no los contabilizaba hasta que hubiesen pasado las pruebas previas a la operación —incluido el anestesista—, mucho después.
“Maquillar los datos, desde el punto de vista político, da votos, pero se hacen trampas al solitario porque no solucionan el problema”, explica el presidente de Atención Hospitalaria de Amyts, Javier Ortega. Para él, que es cirujano general, lo ocurrido en el Hospital Ramón y Cajal va un paso más allá y es “muy grave desde el punto de vista quirúrgico”: “Es una cosa muy grave, se me ponen los pelos como escarpias”.
El jefe del servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica del centro, Basilio José de la Torre Escudero, y el director médico, Rafael Martínez Fernández, habrían rebajado la prioridad de hasta 57 pacientes de preferente a normal para ampliar el plazo máximo en el que debían ser intervenidos, de 90 a 180 días, a espaldas de los cirujanos, según ha publicado El País, que cita documentos y correos internos.
Esta redacción se ha puesto en contacto con el hospital, pero no ha obtenido respuesta.
114.000 personas en lista de espera
Según los últimos datos del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), en julio había 114.627 pacientes esperando por una intervención quirúrgica en la región y la demora media estructural era de 57 días, aunque más del 40% sobrepasaban los tres meses de espera. Por esas mismas fechas, la lista de espera en traumatología del Ramón y Cajal superaba los 98 días de media, con 1.665 pacientes pendientes de una operación.
Si se revisan los contratos de programa 2025 de los cinco grandes hospitales públicos madrileños —La Paz, 12 de Octubre, Gregorio Marañón, Ramón y Cajal y el Clínico San Carlos— todos ellos recogen “objetivos institucionales” para rebajar las listas de espera de las intervenciones quirúrgicas, con indicadores y puntuaciones periódicas, además de aportaciones adicionales destinadas a la actividad extraordinaria de reducción de las listas de espera.
“Los contratos programa que se acuerdan entre los servicios de salud y las gerencias tienen dos propósitos: asignar fondos que cubran los costes fijos y las variables de la actividad pactada; y dotar bolsas de productividad para bonificar los desempeños, en cantidad y calidad de servicios prestados”, explica el experto en gestión sanitaria y profesor emérito de la Escuela Nacional de Sanidad, José Ramón Repullo, para quien esos incentivos son “el objetivo natural y universal de todos los modelos de gestión hospitalaria”.
Pero, esos contratos, ¿pueden generar incentivos perversos? “Obviamente, sí. Por eso el arte de esos acuerdos radica en que sean inteligentes, bien gestionados, con fiabilidad de los indicadores de desempeño y con una evaluación objetiva y transparente del grado de cumplimiento y de las bonificaciones conseguidas”, continúa Repullo, para quien “cuanto peor gobernanza de un sistema o servicio, más fácil es caer en conductas oportunistas”.
Para la secretaria general de Amyts, el problema de base es la propia organización de la gestión directa de la sanidad pública, con dos modelos compitiendo entre sí. “Cuánta más actividad hay en un hospital público, más gasto genera y más se aleja del cumplimiento presupuestario, así que lo único que te queda es la gestión de la lista de espera. Si cuando la aumentas vas a estar mal visto por la Consejería, se genera el incentivo de intentar ocultarla”, razona. Es, dice, “el modelo contrario a la [Fundación] Jiménez Díaz [de gestión privada], que cuanto más hace, más gana”.
Solo en 2024, los hospitales de Quirón (Fundación Jiménez Díaz, Villalba, Infanta Elena de Valdemoro y Rey Juan Carlos de Móstoles) y Ribera Salud (que gestiona el Hospital de Torrejón) lograron captar 250.000 pacientes de la sanidad pública gracias a la libre elecciones impulsada por Aguirre. Este modelo, indican los expertos, convierte la sanidad madrileña en una suerte de “mercado persa”, donde los hospitales públicos acaban quedándose con las pluripatologías más complejas mientras los de gestión privada seleccionan las intervenciones más rentables.
El caso del Hospital de Torrejón y la priorización de pacientes rentables
Es el caso del Hospital de Torrejón, gestionado por la empresa Ribera Salud. Aquí no se trataba de maquillar las listas de espera para cumplir unos objetivos, sino que, tal y como publicó elDiario.es a finales de 2025, en este centro sanitario se priorizaban pacientes que se consideraban rentables mientras los vecinos de Torrejón tenían que esperar más de dos meses para una cirugía una vez entraban en la lista de espera.
La libre elección que instauró el Gobierno de Esperanza Aguirre permite que los hospitales privados capten pacientes de la pública. Según un documento interno de la Comunidad, el “impacto económico” que ha tenido este sistema entre 2018 y 2023 ha sido de 1.268 millones de euros extra derivados a la sanidad privada.
Tal y como publicó elDiario.es, en Torrejón el incentivo estaba motivado por la ganancia económica de la empresa gestora. Y para conseguir aumentar estos ingresos, el objetivo era hacer que los pacientes “no cápita” se operasen en este hospital a pesar de estar asignados a otros centros. Así, la Comunidad de Madrid tiene que pagar a ese centro elegido para la operación o tratamiento de dicho paciente externo. A muchos ellos se les ofrecían operaciones quirúrgicas tempranas y se les operaba antes que muchos otros que llevaban más tiempo esperando.
elDiario.es ha remitido una serie de preguntas a la Consejería de Sanidad, como a partir de cuándo se contabiliza la espera para una operación, qué medidas pretenden tomar para evitar este tipo de situaciones en los hospitales públicos madrileños, o si tienen información sobre otras posibles alteraciones de las listas de espera. Desde el Gobierno autonómico no han respondido a estas cuestiones, haciendo alusión a que la “gestión de la lista de espera quirúrgica de todos los hospitales” madrileños “corresponde a los propios servicios asistenciales, de acuerdo con los criterios clínicos establecidos y con la responsabilidad de los profesionales implicados” y “refrendado por el comité semanal de quirófanos”.
“Ni la Dirección Médica ni la Gerencia realizan directamente la gestión o modificación de las listas de espera quirúrgicas de los servicios. Por tanto, no cabe atribuir a estos órganos la realización de alteraciones individuales en las historias clínicas de los pacientes”, indican desde el Gobierno de Ayuso. La consejera madrileña de Sanidad, Fátima Matute, ha defendido este martes durante unos premios en los que se ha galardonado a Ayuso como “Política del Año” que en la región “no se falsean” las listas de espera, pero se abrirán “diligencias de información interna para volver a revisar todo” el sistema. “Es triste el ataque que se hace al tesoro que es la sanidad”, ha añadido la consejera, que no ha precisado si habrá ceses tras la polémica.
“Ni es nuevo, ni está penalizado”
La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (Adspm) ha considerado “de extrema gravedad la información conocida sobre la modificación de la prioridad quirúrgica de pacientes del Hospital Ramón y Cajal para mejorar el cumplimiento de los tiempos de espera”. En un comunicado, han mostrado su preocupación porque “esto ocurra en un sistema en el que el cumplimiento de determinados objetivos con las listas de espera está vinculado a la productividad” y han reclamado a la Consejería que explique “qué controles existen para evitar que los objetivos de gestión puedan interferir en decisiones que deberían responder exclusivamente a criterios clínicos”.
Esta organización ha recordado también que la lista de espera quirúrgica es solo el último escalón de la demora sanitaria. Además de los más de 114.000 pacientes esperando una operación en julio, había otros 670.000 pendientes de una primera consulta y otros 160.000, de una prueba diagnóstica y terapéutica.
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha mandado este martes una carta a la consejera madrileña para requerir información sobre lo sucedido y “solicitar garantías” de la veracidad de los datos de las listas de espera que son remitidos al Ministerio. En marzo, García anunció que modificaría la normativa para conocer exactamente los tiempos de todos los pasos por el sistema sanitario. “Necesitamos la colaboración de las comunidades para darle transparencia al proceso. Queremos saber, desde el Ministerio, cuál es el tiempo que pasa desde que un paciente va a atención primaria con cualquier tipo de patología o dolencia hasta que le ven un especialista, le hacen una prueba, le vuelve a ver al especialista y hasta que le operan o no le operan o le dan el tratamiento. Toda esa trazabilidad no la tenemos a día de hoy. No sabemos lo que pasa con nuestros pacientes”, indicó García.
El Ministerio llevó la propuesta al Consejo Interterritorial —donde están presentes las consejerías— esos nuevos “criterios de transparencia y trazabilidad” que “no fueron aprobados por las comunidades autónomas”, ha lamentado la ministra García a través de su cuenta de X, donde afirmó que “manipular las listas de espera, engañando a cirujanos y pacientes, ni es nuevo ni está penalizado”.